SANTO DOMINGO, DN.-La decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que establece que los hijos de extranjeros indocumentados nacidos en territorio nacional no son dominicanos "es jurídicamente criticable, pues el concepto internacional de tránsito no abarca el status de ilegalidad y sólo se refiere a los transeúntes y no a los extranjeros que han formado familia o sentado raíces en suelo nacional”.
Así lo planteó este jueves el ex director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Eduardo Jorge Prats. El abogado, conocedor del Derecho Constitucional, asegura que “la sentencia de la Suprema contraviene los criterios expresados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Recordó que las decisiones de la propia SCJ, en su Resolución 1920-2003, reconoció que las decisiones de la Corte Interamericana son obligatorias y vinculantes para todos los poderes públicos dominicanos.
Advirtió que la sentencia de la Suprema, que perjudica sobre todo a dominicanos de ascendencia haitiana, pone en riesgo a República Dominicana frente a la posibilidad de “una nueva censura internacional, con todo lo que ello implica”.
“Lo que es peor, nuestro más alto tribunal de justicia abdica de su rol de guardián de la Constitución cuando legitima que el Poder Legislativo pueda interpretar a su antojo la Constitución, definiendo medalaganariamente los términos y conceptos constitucionales”, dijo Jorge Prats.
En ese contexto, estimó que la sentencia de la Suprema autoriza en el futuro al legislador a “definir 'censura previa', de forma que sujetar a la autorización gubernamental la expresión del pensamiento por (parte de) los medios de comunicación no sea legalmente considerado como censura previa”.
Sostuvo que si el país quiere enfrentar legítimamente el problema debe avocarse a una reforma constitucional que altere el régimen de “ius soli”, con lo que a nivel internacional el país perdería fuerza moral para defender a los ilegales dominicanos que obtienen su nacionalidad por nacimiento en territorio extranjero, como sucede en Estados Unidos.
Aclaró que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia “no puede aplicarse retroactivamente y, en principio, no supone vulneración de los derechos de hijos de dominicanos o dominicanas con extranjeros que adquieren su nacionalidad por el ius sanguini”.
Jorge Prats, quien en la actualidad se presenta como candidato a senador del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), aseguró que el problema de la migración ilegal de haitianos y su status en República Dominicana “debe ser abordado como cuestión prioritaria por el Estado dominicano”.
Sostuvo que la solución de ese problema no debe sujetarse a las distorsiones propias del debate entre los partidos políticos.
“Todo país tiene el derecho soberano a diseñar y ejecutar su política migratoria y su política de fronteras, y ello tiene que realizarse en el marco del ordenamiento internacional de los derechos humanos. El país puede ordenar repatriaciones de inmigrantes ilegales conforme al Derecho Internacional y sin desmedro de los derechos de las personas que hayan adquirido la nacionalidad por ius soli”, dijo.
Asimismo, afirmó que República Dominicana también tiene el derecho de privilegiar a los nacionales en el acceso al empleo y que ello está contemplado ya en la legislación vigente, la cual debe aplicarse.
Jorge Prats resaltó que “el país tiene que defender sus derechos como nación soberana y respetuosa de sus obligaciones internacionales y de los derechos humanos en el plano internacional”.
Sostuvo que para ello República Dominicana debe contar con una política exterior coherente y hacer caso omiso de sectores fanatizados por sus posiciones pro o anti-haitianas.
Entiende que el país debe seguir llamando la atención sobre el hecho de que Haití “es responsabilidad de la comunidad internacional y de nosotros los dominicanos, que somos sus vecinos”.
En ese sentido, abogó por la consolidación de la democracia haitiana y el aprovechamiento de las oportunidades que para las empresas dominicanas ofrece el importante mercado del vecino país.
A juicio de Jorge Prats “el riesgo de la ‘balkanización" y de la creación de minorías nacionales crece en la medida en que el Estado incumple su deber de socialización en los valores políticos y culturales dominicanos a las grandes mayorías y se despoja de sus derechos a quienes se considera ciudadanos de segunda clase, por su nivel socioeconómico”.
“El verdadero patriotismo constitucional consiste en el reconocimiento y vigencia de los derechos fundamentales individuales y sociales de los dominicanos y de todas las personas en territorio nacional”, insistió.
Jorge Prats abogó por “la necesidad de que se haga realidad el mandato constitucional del desarrollo social y económico de la frontera, que es una zona abandonada y, por tanto, sujeta a los avatares del contrabando, del narcotráfico y del tráfico ilícito de personas”.
Insistió en la urgencia de que el Estado, en cooperación con el apoyo internacional, incremente, cuantitativa y cualitativamente, los recursos humanos y materiales dedicados a la vigilancia de la frontera y su desarrollo sostenido y sostenible.
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