Al Senado: ¿Porqué tipificar el feminicidio y despenalizar el aborto terapéutico? Por Zobeyda Cepeda

En la República Dominicana el Senado votó para que no se defina el feminicidio como un delito a destacar por su desperecio a las mujeres; y volvió a penalizar el aborto aún la mujer esté en pelifgro de muerte como un Estado de necesidad. Niega la posición de que el 60% de la sociedad está de acuerdo con que se debe permitir el aborto si la mujer peligra. Zobeyda Cepeda amplía.

Mildred Dolores Mata
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Zobeyda Cepeda, primera de izquierda a derecha
La actitud de subdesarrollo en la función pública
Escrito por  Zobeyda Cepeda

Más allá de las oportunidades para incorporarse al desarrollo a través de la construcción de habilidades y destrezas personales, o el disponer de bienes materiales y servicios, la pobreza forma parte de una actitud mental y emocional incorporada en el imaginario social, y en agentes estatales quienes las reflejan en sus actuaciones.

La decisión tomada la pasada semana por el Senado de la República, a través de la cual rechazó el aborto terapéutico y la tipificación de feminicidio, acogiendo una desafortunada carta enviada por un sacerdote, enlace de la iglesia católica ante el poder ejecutivo, da muestra de la debilidad y pobreza emocional para manejarse dentro de marcos institucionales conforme al derecho y la Constitución.

Más que aportar a una reflexión de la fe católica, como debe ser la función de un sacerdote, la misiva presentaba una triste y paupérrima argumentación de porqué no tipificar el feminicidio, por entender que debía entonces aprobarse la figura del “hombricidio”. Increíblemente, el autor, en un ridículo intento de exposición jurídica, se convirtió en juez de la constitucionalidad en torno al aborto terapéutico.

La decisión del Senado fue tomada a pesar de la opinión del más del 61% de la población que ha expresado estar a favor de la despenalización por esta causal, según la Encuesta Barómetro de las Américas. Apoyo expresando desde varios años, pues hay que recordar que en el 2009 la Encuesta Gallup publicó que el 80% de dominicanos/as estaba de acuerdo con la despenalización cuando corre peligro la vida de la mujer.

Las mujeres mueren porque no existen opciones legales para interrumpirles un embarazo cuando peligra su vida. Votar a favor de su derecho a vivir no era un acto de fe, sino de humanidad y una obligación.

El feminicidio, condenado desde la ley, proyectaría un mensaje de mayor sanción social y de políticas públicas para su prevención.

La atrocidad senatorial hizo caso omiso al informe a favor emitido por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de dicha cámara, siguiendo los términos de la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados.

El desarrollo en los planos social, económico o político requiere cambios de actitudes mentales, capacidad de debate argumentativo, de asumir retos emocionales, de desprenderse del miedo. El autoritarismo, sin embargo, está ligado a la pobreza, no solo económica, sino también de espíritu, y a la consiguiente permanencia en el subdesarrollo personal. Es ésta la condición que confunde la función de creación de leyes con la administración de pecados religiosos. No importan los trajes costosos, joyas o vehículos lujosos que se exhiban para “inspirar respeto”, la pobreza ahí persiste.

Hay que destacar dentro del grupo la coherente trayectoria del Senador de Santiago, Julio César Valentín, quien votó en contra de esta decisión, manteniendo la misma posición desde la reforma constitucional.

La Cámara de Diputados/as, dio un enorme e importante paso de adelanto institucional cuando aprobó el Código Penal en julio del pasado año. La sociedad dominicana le insta y espera que mantenga una actitud coherente de desarrollo mental y emocional en defensa de las mujeres, de la Constitución y de la población.

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