Datos sobre el sector público en la República Dominicana, 1994-2015. Por Cándido Mercedes

En este artículo Cándido Mercedes facilita datos sobre República Dominicana, sobre número de empleomanía, gastos burocráticos exagerados, crecimiento y subdivisiones del territorio con más municipios, distritos, regidores, diputaciones, etcétera comparando el año 1994 y el año 2015 como marco, o años cercanos.

Cándido Mercedes

Comenta la ausencia de una reforma fiscal que modifique sustancialmente el tipo de tributaciones y gastos más acorde con los intereses de la mayoría.

Yo amo los datos, acá comparto el artículo.

Mildred Dolores Mata
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Presión Tributaria, Blackout y Macrocefalia Estatal

Por Cándido Mercedes


Nos dicen que la presión tributaria es de 14.5%, la más baja después de Guatemala. No nos dicen que somos el país líder en más Reformas Tributarias; esto es, donde el Estado busca más ingresos pero no habla nada del gasto. Desde el 1992 no se ha hecho una reforma fiscal; en cambio, hemos tenido nueve reformas tributarias.

¿Qué hemos hecho a lo largo de estos últimos 19 años con tantas reformas tributarias, esto es, búsqueda de más dinero? Pero antes, ¿quién nos paga ese terrible blackout y los apagones de todos los días y la falta de agua y la necesidad de tener cisterna, tinaco, inversor, la casa llena de hierro?

Las reformas tributarias y la ausencia todavía, de una reforma fiscal (ingresos-gastos), a pesar de tener una Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (1-12) que demanda la misma, tiene que ver con la pobre calidad de los líderes y dirigentes políticos, de su irresponsabilidad con el gasto público y del pobre compromiso societario, en el que sus decisiones se visualicen en el presente en una perspectiva conjugada de futuro.

Solo tenemos que ver como en la Reforma Constitucional, creamos un Tribunal Constitucional con 13 Jueces ganando promedio RD$400,000.00 mil pesos, donde en otros países la configuración es solo de 5 y máximo 7. En otros países la Suprema Corte se Justicia funge como Tribunal Constitucional. Aquí tenemos una Suprema Corte con 16 Jueces y con promedio salarial de RD$375,000.00 mil pesos. El Tribunal Superior Electoral, nueva creación, con 5 Jueces con promedio de RD$400,000.00 mil pesos mensuales. No estamos contando la estructura organizacional y el número de empleados que ha conllevado para la sociedad. La Junta Central Electoral que antes eran 3 miembros, luego 5, después 7, hasta terminar con 9. Se separa lo contencioso de lo administrativo, al final terminamos en 10. Todo esto sabiendo que el Tribunal Superior Electoral podía haber funcionado con jueces de carreras que se habilitaran para tal función en momentos específicos.

Como nos dice José Ángel Aquino Rodríguez, miembro titular de la Junta, en su artículo Complejidad electoral para el 1994, teníamos 30 provincias, hoy tenemos 32. Habían 107 Municipios, hoy tenemos 158; el número de distritos municipales ha pasado de 47 a 235. De 650 Regidores que teníamos en el 1994, pasamos ahora a 1,164. De 178 Diputados, llegamos a 190; más 20 Diputados para el Parlamento Centroamericano, con sus respectivos suplentes (no vamos a discutir lo que hacen para el país y el aporte hasta ahora a la sociedad).

Es como si observáramos de manera seria y honesta la problemática de los certificados financieros del Banco Central creados a partir de los fraudes bancarios en el 2003. Ese año los certificados llegaban a la suma de RD$59,523 millones de pesos y los intereses por el pago de los certificados representaron RD$12,403 millones de pesos. Hoy, los montos de los certificados son de RD$369,389 (trescientos sesenta y nueve mil, trescientos ochenta y nueve mil millones de pesos). Esto es, RD$309, 764 mil millones de pesos más que en el 2003. En doce años los certificados han ido creciendo a una tasa promedio de RD$25,814 millones de pesos anuales. El pago de los intereses anuales representan alrededor de 1.4 a 1.8% del PIB; esto es, entre RD$39,555 millones a RD$54,000 millones de pesos.

Para pagar esos fraudes el Estado creó la Ley 167–07 de recapitalización al Banco Central, donde el Poder Ejecutivo le debe transferir del presupuesto anual un porcentaje del mismo para ir reduciendo los certificados hasta llevarlo a cero. Sin embargo, los gobiernos que hemos tenido desde el 2007 no cumplen con la referida ley y el Banco Central se ve compelido a ampliar aun más los certificados. ¡Una verdadera bomba de tiempo que no logra verse su salida en el horizonte!

Todos los años la sociedad tiene que erogar un promedio de RD$46,000 mil millones de pesos en intereses; dinero que debió invertirse en salud, en vivienda, en agua potable, en seguridad; en el saneamiento básico (el manejo de las aguas residuales domésticas y el manejo de las aguas pluviales). Todo esto, por el poco ejercicio ético empresarial, de lo que se denomina hoy en día la delincuencia empresarial. Lo triste es que hoy a 12 años y 12 días de los fatídicos fraudes, no hay un solo banquero preso frente al fraude bancario más grande de la historia, en término relativo, dado el tamaño de nuestra economía. Desde el 2007 hasta hoy, los gobiernos solo han pasado al Banco Central un total de RD$79,960 millones de pesos. No obstante, el Banco ha tenido que pagar en intereses alrededor de RD$214,438 millones de pesos. La diferencia se asume con nuevos certificados la de nunca acabar. Asombroso para un país tan pobre.

El Estudio del CONEP “Análisis del Mercado Laboral en la República Dominicana y Lineamientos Generales para fomentar su formalización”, nos dice que de los 282,734 empleos formales creados desde el 2000 hasta el 2012, solo el 17% fue creado por el sector privado (48,000) y el 83% de estos empleos fue creado en el sector público (235,000). Registros actuales siguen esta tendencia, lo que nos indica que la macrocefalia estatal, vía el Estado como una verdadera agencia de empleo sigue su curso, siguiendo ocupando el tercer país de la Región con la Densidad Ocupacional Pública más alta.

Más allá de la Presión Tributaria lo que debemos es ver como gastamos lo mucho o lo poco que generamos y como mejoramos nuestro índice de inclusión social, que es uno de los más bajos, tomando en cuenta el crecimiento del PIB y la tasa de pobreza, las políticas públicas (inversión social), las condiciones de acceso a la vivienda, inscripción de los jóvenes en la escuela secundaria, el acceso a un empleo formal y las actitudes y el comportamiento público; como esencia de protección social efectiva y políticas verdaderamente institucionales que propicien el desarrollo.

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