Víctima y Política Criminal. Por María Rosalba Díaz H, Fiscal RD

Tengo el gusto de invitarles a leer a la querida abogada, profesora y fiscal del Ministerio Público, María Rosalba Díaz Henríquez

Como  ella nos dice al final de su artículo la coyuntura actual necesita de actuaciones estratégicas investigativas, y de recursos para la seguridad y para la protección efectiva de las víctimas de la criminalidad...para disminuir de manera significativa los daños que viene haciendo la criminalidad a la sociedad.

Las víctimas, o la victimología, he oído decir a Susi Pola que es ajena a la tradición del derecho en RD, que suele ser garantista defendiendo los intereses de las y los victimarios. Y en eso creo influye que son la fuente de los recursos del sector de quienes ejercen la profesión al margen de una visión social de protección a la parte afectada y al conjunto de la sociedad.

Los derechos de la víctima es un enfoque poco tratado y  el tema es muy pertinente. 

Mildrilla Dolores Mata


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Víctima y Política Crimina


Maria Rosalba Diaz H, M.A
Abogada, Ministerio Publico,
docente de grado y post grado.


Para una mayor calidad de vida en la que la seguridad sea  parte esencial en la vida de las personas, la sociedad necesita reforzar, fortalecer,  una política de atención a la víctima que integre una visión estratégica de investigación de continuidad con el tiempo, de más recursos técnicos, económicos y humanos para la prevención, el logro de la protección a la víctima ya afectada, y  a la sociedad, así como también el resarcimiento y reinserción en plenitud en lo  psicológico, en lo físico, en lo social, en lo espiritual  y en lo económico.

 De acuerdo a  Tamarit Sumilla JM la victimología puede definirse  como la ciencia multidisciplinar que se ocupa del conocimiento de los procesos de victimización y desvictimización, es decir analiza el modo en que una persona deviene víctima. También refiere a las diversas dimensiones de la victimización,  como son la manera primaria, la secundaria y la terciaria. Forman parte también del estudio de la victimología, de acuerdo a Tamarit,  las estrategias de prevención y de reducción de la misma, y el  conjunto de respuestas sociales, jurídicas y asistenciales tendientes a la reparación y reintegración social de la víctima.
La victimología es fundamentalmente el estudio de la víctima, de la persona  que padece  sufrimiento físico, psicológico y social, a consecuencia de la violencia o de una conducta antisocial, que puede estar tipificada ante la ley como un daño al bien jurídico, o no,  dependiendo de la valoración de las secuelas y de las formas terapéuticas de reparación o de reintegración social.  Y en el devenir de la persona en víctima, se pueden producir los distintos tipos de victimización ya señalados: primaria, secundaria y terciaria, lo cual influye   en las variadas   participaciones  de profesionales de distintas disciplinas para trabajar a favor de la víctima, lo cual facilita una garantía del ofrecimiento de un servicio eficiente.

La Política de Persecución Penal no es más que el conjunto de estrategias que permiten el cumplimiento del mandato constitucional que se   encomienda al  organismo persecutor.  La Política Criminal o  de Persecución Penal es un mecanismo que debe  plantear el alcance de unos niveles óptimos de eficiencia y eficacia en el direccionamiento de la prevención del delito, la  investigación y la promoción de la acción penal, por lo que el Ministerio Publico  por mandato constitucional, está obligado  a representar y preservar los intereses de las víctimas y del Estado.

La coyuntura actual  exige suficiente voluntad política para destinar los recursos necesarios e  integrar todas las estrategias, mecanismos, y  técnicas  que  permitan dar respuestas contundentes ante la amenaza creciente que representa la violencia y la criminalidad organizada. Se hace indispensable la aplicación de  una nueva visión de persecución del delito que   proponga una actuación dinámica e inteligente, orientada a que se tomen decisiones de manera estratégica que contribuyan a incrementar la capacidad de respuesta  por parte de los organismo responsables,  en sentido general a favor de la población, y de forma particular y muy especial, a favor de la víctima del delito.



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