Otra advertencia sobre el desempleo
Fabricio Gómez Mazara
martes, 23 de diciembre de 2008
Durante los últimos años un grupo de profesionales del ámbito de la economía y las finanzas estuvimos advirtiendo a la sociedad las terribles consecuencias que tendría sobre el empleo la política económica que el segundo gobierno de Leonel Fernández venía aplicando en materia de las políticas fiscal, monetaria y comercial.
Luego de tres reformas tributarias, una reducción impresionante de los agregados monetarios que ha duplicado la tasa de interés en los últimos seis meses y la invasión indiscriminada de productos agropecuarios provenientes del exterior gracias a los permisos de importación otorgados por la Secretaria de Agricultura, el aparato productivo nacional se encuentra en una situación precaria e insostenible.
Adicionalmente, apagones de más de quince horas y el aumento en los niveles de inseguridad ciudadana han provocando un incremento adicional en los costos de producción de las empresas que estas no pueden seguir soportando y se han visto precisadas a reducir su tamaño como única alternativa para seguir operando.
Esto ha provocado que se hayan perdido más de 120,000 empleos en los últimos veinticuatro meses de acuerdo con informaciones provenientes de la Secretaria de Trabajo. Esta cifra no incluye los miles de empleos que se han perdido en el sector informal, que actualmente representa más del 56% del mercado laboral, debido a que los despidos que se producen en dicho segmento usualmente no se reportan a la autoridad laboral.
Al agregar los despidos que se producen a diario en el sector informal las cifras de desempleo están llegando a niveles alarmantes. Actualmente, muchos ciudadanos en edad de trabajar no están en capacidad de llevar el sustento diario a sus familiares. Esta situación agrava las condiciones de pobreza y exclusión en la que viven entre el 38% y el 48% de los ciudadanos en el país de acuerdo con los datos que ofreció la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La sensación que padecen los ciudadanos de: Santiago, Bonao, La Vega, San Pedro de Macorís, La Romana, Puerto Plata, entre otros, es de angustia e incertidumbre respecto de un oscuro panorama en materia laboral y la ausencia de un gobierno que todavía no acude en auxilio de los desempleados ni tampoco genera políticas de promoción y protección del empleo necesarias para evitar que ocurran conflictos sociales.
Sin embargo, la situación actual es el resultado de una concepción en materia de políticas públicas más preocupada por mostrar cifras macroeconómicas coyunturales que por generar una estrategia de desarrollo económico sostenible sobre la base de un aumento en la inversión en capital humano.
A pesar de haber triplicado las recaudaciones con relación al anterior gobierno, la inversión en educación y salud aún se encuentra por debajo de los niveles alcanzados en el año 2002. Dicha inversión era inferior a los niveles requeridos, pero se encontraba en una prometedora senda de crecimiento producto de las presiones de los distintos actores sociales que advertían la necesidad de incrementar el nivel de vida de la población más vulnerable.
La Estrategia Nacional de Competitividad Sistémica, un estudio diagnostico y propositivo sobre cómo se podía agregar valor a las actividades productivas en el territorio nacional aprovechando las ventajas competitivas con el objetivo de mejorar la inserción del país en materia de política comercial, encontró una fuerte oposición de los principales funcionarios del gobierno que la vieron como una amenaza a la insaciable vocación recaudatoria de la actual administración.
Y es que el desempleo es la otra cara de la voracidad fiscal gubernamental que ha reducido a su mínima expresión la competitividad de las empresas establecidas en el territorio nacional limitando su capacidad de expansión y de creación de empleos.
Durante los últimos años el incremento del gasto corriente y el aumento de la nomina pública fue posible gracias a la extraordinaria cantidad de recursos que el gobierno extraía a los contribuyentes. La crisis de las materias primas a principios de año y el afán del gobernante por mantenerse en el poder a cualquier precio produjeron estragos en las finanzas públicas a tal punto que en sólo seis meses las finanzas públicas pasaron de un ligero superávit a un profundo déficit.
En medio de un año electoral, se otorgaron subsidios insostenibles al consumo de bienes y servicios convirtiendo a la expansión del gasto público en una amenaza para la estabilidad cambiaria. Para contrarrestar esta situación el Banco Central tuvo que duplicar la tasa de interés aumentando fuertemente el costo de financiamiento de las empresas.
El gasto público es la principal amenaza que hoy enfrentan las empresas debido a que el mismo no se ha concentrado en actividades consideradas prioritarias para mejorar la competitividad de las mismas y mejorar el bienestar de los trabajadores.
Si el gobierno no reduce drásticamente el gasto público no prioritario de tal forma que otorgue al Banco Central cierta holgura que le permita reducir la tasa de interés en el corto plazo las empresas seguirán cerrando y el desempleo seguirá aumentando de forma exponencial.
Además, esto está ocurriendo en medio de un enorme huracán que nos impactará fuertemente producto de la recesión económica en Estados Unidos, Europa y Japón del cual sólo comienzan a sentirse las primeras ráfagas. La caída en el envió de las remesas, así como de las actividades del sector turismo remesas reducirán los niveles de consumo interno y del empleo agravando aún más la situación existente.
Al igual que en otras ocasiones, advertimos a la sociedad sobre la necesidad de un cambio radical en la política económica del gobierno que permita minimizar los efectos de la crisis que se avecina y que pone en peligro la gobernabilidad democrática.
Reiteramos que el desafío actual no es alcanzar altos niveles de crecimiento económico, sino minimizar el impacto de la crisis sobre los sectores más vulnerables a través de un aumento en el gasto social manteniendo relativamente bajo el déficit fiscal.
Para lograrlo, es necesario reducir la tasa de interés y minimizar la desaceleración de la economía mediante una reducción significativa del gasto público no prioritario. Esto permitirá que el sector privado pueda, sino expandirse, al menos mantener los niveles actuales de desempeño económico.
De lo contrario, seremos testigos de una crisis económica y social sin precedentes en nuestra historia democrática. Esta es otra advertencia.
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