La vida de las mujeres que ameritan un aborto sigue en riesgo. Senado RD rechaza la despenalización en el Código Penal.

Acá un relato informativo de la agencia EFE que recoge sobre las debilidades e incoherencias del Senado de la República cuando rechazaron en la discusión del Proyecto de Ley del Código Penal la despenalización del aborto por tres causales (cuando un embarazo pone en peligro la vida de la mujer, en caso de violación e incesto, y cuando el feto es incompatible con la vida genéticamente).

El viernes 29 de mayo del 2017 en República Dominicana  integrantes de  los partidos presentes en el Senado, y en la pauta que se supone contó con el presidente Danilo Medina, volvieron a la penalización del aborto renunciando a lo que piensa más del 70% de la sociedad, y del 62 % en caso de que el embarazo sea fruto de violación.

En base a cálculo político y conveniencia, el poder se retracta de las observaciones, y gente que en Comisión en el Senado aprobaban la despenalización por esas tres causales cambiaron la posición.

Ahora se dice que deben enviar a la Cámara de Diputados/as o que lo enviarán al Presidente Danilo Medina, este rechazo de las Observaciones que despenalizaban el aborto. Veamos que seguirá.

La vida de las mujeres sigue no importando a las y los legisladores en República Dominicana, y sobretodo de las mujeres pobres que seguirán exponiendo su vida con abortos inseguros y clandestinos.

Mildred D Mata

---
Datos importantes de este reporte de EFE:

"La República Dominicana es uno de los países de la región con mayores índices de muerte de mujeres relacionadas con el embarazo, parto y puerperio, con 106 decesos por cada 100.000 nacimientos, mientras que el promedio de la región es de 77, según datos del informe de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Según el Ministerio de Salud Pública del país, los abortos inseguros provocan el 10 % de las muertes maternas en República Dominicana."

Colectivos de mujeres continuarán su lucha a favor del aborto en República Dominicana

EFE
http://noticias.alianzanews.com/187_america/4580899_colectivos-de-mujeres-continuaran-su-lucha-a-favor-del-aborto-en-republica-dominicana.html

01 de Junio de 2017

Santo Domingo, 1 jun (EFE).- Defensoras de los derechos de la mujer en República Dominicana rechazaron hoy la decisión del Senado de ratificar, sin excepción, la penalización del aborto, cuya práctica clandestina provoca el 10 % de las muertes maternas en el país, y advirtieron que continuarán con su lucha.

Un grupo de mujeres se manifestó hoy a las afueras del Congreso Nacional (bicameral), controlado por el oficialismo, un día después de que el Senado volviera a cerrar cualquier puerta al aborto, a pesar de que el jefe del Estado, Danilo Medina, ha pedido en dos ocasiones que se permita en tres circunstancias.

Estas son, cuando el embarazo ponga en riesgo la vida de la mujer, si es el resultado de violación o incesto y cuando el feto no tiene posibilidad de sobrevivir fuera del útero.

Medina vetó a finales de 2016 el nuevo Código Penal debido a la penalización del aborto en todos los supuestos, una medida que había adoptado también en 2014 cuando se aprobó dicho código, cuyo debate lleva años en el Congreso Nacional.

Según lo aprobado por los senadores, quien fuera condenado por causar o inducir a un aborto sufrirá penas de cárcel de entre 2 y 10 años.

La decisión de los legisladores que, como en otras ocasiones ha provocado opiniones a favor y en contra, "es contraria a la voluntad del pueblo dominicano y una traición a las ciudadanas de este país", señalaron hoy las manifestantes en un comunicado leído en las afueras del Congreso, donde advirtieron que continuará la lucha "en todas las instancias".

"Es indignante que en pleno 2017 sigamos respondiendo a los intereses de grupos que atentan contra nuestra nación. Las iglesias y los grupos antiderechos son un obstáculo para el desarrollo y debe limitarse su injerencia en los asuntos del Estado", afirmó.

El Estado dominicano, agregó, "es el asesino de cada mujer que muere en abortos inseguros y clandestinos tratando de salvar su vida".

Por último, recordaron que el Código Penal no ha sido convertido en ley, por lo que debe volver a la Cámara de Diputados.

Este miércoles, mientras el Senado conocía el tema, activistas de los derechos de la mujer se manifestaron en las afueras del hemiciclo, con el apoyo de la ministra de la Mujer, Janet Camilo, quien calificó de "machista" la postura de los congresistas.

El tema del aborto desató en el país posiciones encontradas, pues las iglesias y partidos conservadores exigían su penalización, mientras sectores oficialistas como el Ministerio de la Salud y organizaciones de la sociedad civil solicitaban que el Congreso Nacional acogiera las modificaciones del Poder Ejecutivo al Código Penal para que se permitiera en ciertas situaciones.

La defensora de los derechos de la mujer Guadalupe Valdez, actualmente embajadora especial Hambre Cero para América Latina y el Caribe de la FAO, señaló que la penalización del aborto vulnera los derechos de las mujeres, especialmente de las más pobres, y acusó a los senadores de legislar "de espalda a la sociedad".

En declaraciones a Efe, la exdiputada advirtió de que dicha decisión aumentará la muerte materna, muy especialmente la de las mujeres pobres y la de las adolescentes, tras recordar que la República Dominicana está entre los países con el mayor número de embarazos precoces en América Latina.

Mientras la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) felicitó hoy a los senadores por mantener la prohibición del aborto y señaló que la nación "ha dado una vigorosa señal en cuanto a la defensa de la vida como valor inviolable y como fundamento de la sociedad y de sus leyes".
Por su parte, el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evángelica (Codue), Fidel Lorenzo, opinó en las redes sociales que "el Senado ha sido coherente al mantener la penalización del aborto en Código Penal".

Previo a la sesión de este miércoles en el Senado, la organización Amnistía Internacional (AI) destacó "la oportunidad de oro" que tenían los senadores de la República Dominicana de "desechar una de las leyes más restrictivas sobre el aborto y comenzar a proteger los derechos de millones de mujeres y niñas".

La República Dominicana es uno de los países de la región con mayores índices de muerte de mujeres relacionadas con el embarazo, parto y puerperio, con 106 decesos por cada 100.000 nacimientos, mientras que el promedio de la región es de 77, según datos del informe de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Según el Ministerio de Salud Pública del país, los abortos inseguros provocan el 10 % de las muertes maternas en República Dominicana.

Foro Feminista MP (FFMP) alerta por vida de mujer embarazada y el dilema de la penalización del aborto. RD, mayo 2017

Foro Feminista llama a salvar la vida de mujer embarazada


http://hoy.com.do/foro-feminista-llama-a-salvar-la-vida-de-mujer-embarazada/

El Foro Feminista Magaly Pineda expresa preocupación por la situación en que se halla una mujer de 26 años, madre de dos hijos y embarazada de 18 semanas que padece una malformación cerebral que le produjo una hemorragia y a la fecha no recibe el tratamiento médico que requiere su problema de salud.

La situación descrita en la prensa  este 30 de abril 2017 reporta que la mujer, a la que atribuye el nombre ficticio de “Luz” para protegerla, ya tiene 9 días padeciendo una hemorragia cerebral consecuencia de una malformación en su estructura cerebral.

Se ha dado a conocer por esa y por otras vías, que la cirugía que esa situación reclama solo está en capacidad de ofrecerla el Centro Cardio-Neuro-Oftalmológico y Trasplante (CECANOT), instancia de asistencia pública que ha puesto como condición que la mujer esté desembarazada para recibir el caso.

“Esta es una situación en que la legislación dominicana cierra de manera absoluta sin considerar posibilidad a un embarazo, confirmado que este es el caso, manteniendo una disposición en el Código Penal que data del año 1884. Las mujeres dominicanas durante años hemos estado luchando por la despenalización del aborto cuando la vida de la mujer está en peligro, o cuando el embarazo es resultado de una violación o incesto, o el embrión es inviable.” afirman las integrantes del Foro Feminista.

“Exigimos que “Luz” sea tratada con los más altos estándares de calidad de atención en salud y criterio científico, informada de su real situación al igual que su familia, respetando en todo momento las decisiones que ella tome, sin presiones de ninguna índole” demandan las activistas por los derechos de las mujeres.

Además advierten que “el Foro Feminista Magaly Pineda se mantendrá vigilante para evitar que el Estado dominicano cometa otro feminicidio como el de “Esperancita”, por imposición de una anacrónica legislación. De incurrir en cualquier actuación violatoria de derechos, denunciaremos ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuyo informe estatal corresponde ser presentado en octubre próximo y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).”

Recordaron ambos organismos desde enero de este año han manifestado su preocupación por los riesgos para la vida y salud de las mujeres que implica la penalización absoluta de la interrupción del embarazo, inclusive en las tres causales propuestas por las observaciones del Poder Ejecutivo, aún pendientes de discusión y votación por el Senado de la República.

“Hacemos este reclamo bajo estricto apego a la ética que significa el respeto a la vida, igualmente consagrado en el texto constitucional, no solo en el Art. 37 sino también en el Art. 42 que en su literal 3 expresa que ¨nadie puede ser sometido sin su consentimiento previo, a experimentos y procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas internacionalmente reconocidas.  Tampoco a exámenes o procedimientos médicos, excepto cuando se encuentre en peligro de vida¨. ” Declaran las integrantes del Foro Feminista.

En sus declaraciones enfatizan en que la Constitución de la República Dominicana indica que en caso de conflicto de derechos, prevalece en favor de la persona, en este caso la salud y vida de la madre. También recuerdan que el país es signatario de los tratados de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) los cuales tienen el mismo carácter constitucional y por lo tanto debe actuar en concordancia con los compromisos asumidos.

Finalmente advierten que la vida de la joven está en manos del Estado a quien le es imputable su suerte teniendo conocimiento del caso; explican que cada día que pasa, se produce la violencia institucional e intencional perpetrada por el Estado dominicano contra mujeres y niñas, en este caso particular contra la joven embarazada, con sus omisiones y negligencias ante el deber de protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la interrupción del embarazo de ser necesaria en este caso.

¿Porqué las 3 eximentes para despenalizar el aborto en el Código Penal?. Por Francisco Álvarez Valdez (Pancho)

Abortemos el abuso

Francisco Álvarez Valdez, Pancho. Presidente de Profamilia y es coordinador de Participación Ciudadana

Francisco Alvarez Valdez - 27 de julio de 2016 -

La decisión de la Cámara de Diputados de aprobar el Código Penal eliminando las causales eximentes de responsabilidad en caso de aborto, constituye un verdadero abuso contra la vida, la dignidad y los derechos humanos de la mujer, y todo esto a cambio de nada, pues los abortos seguirán produciéndose, nadie será condenado como no lo ha sido hasta ahora, pero muchas mujeres pobres seguirán muriendo por tener que recurrir a personal y establecimientos no calificados que ponen en peligro su vida.

Reinaldo Pared ha dicho que no es necesario incluir el aborto terapéutico en el Código Penal, pues ya está contemplado en el artículo 42, ordinal 3 de la Constitución. Ese texto lo que señala es que nadie puede ser sometido a experimentos y procedimiento sin su consentimiento, excepto que su vida esté en peligro, lo que no resuelve el tema del aborto terapéutico, que desde el punto de vista constitucional es básicamente un conflicto entre los derechos fundamentales de la mujer y del feto. Pero si el senador Pared llevara razón, entonces ¿cuál es el problema de establecerlo además en el Código Penal como causa eximente de responsabilidad en los casos de aborto?

La exclusión de la causal cuando el feto sufre una malformación que hace inviable su vida es otro abuso mayúsculo contra las mujeres, pero siempre contra las mujeres pobres, puesto que las de clase media y alta encontraran médicos que les realizarán el aborto en condiciones seguras, sin ningún riesgo de tipo penal, aunque esté sancionado, como ha ocurrido desde siempre. Pedirle a una mujer, por ejemplo,  que continúe el embarazo en un caso de anencefalia, es decir, un feto sin cerebro, es más que un abuso, es una crueldad sin parangón.

Y qué decir cuando se trata de un embarazo ectópico, en el que el feto se desarrolla fuera del útero, sin probabilidad de sobrevivir, pero sobre todo poniendo en altísimo riesgo la vida de la mujer.

Leía recientemente la historia de una niña de diez años embarazada de su padre, a la que las autoridades obligaron a continuar el embarazo debido a la prohibición existente. Esto ocurre sencillamente porque los derechos de la mujer en esas condiciones no son tomados en cuenta.

De acuerdo con datos del Estado Mundial de la Infancia 2007 la niñas menores de quince años tienen cinco veces más probabilidad de morir como consecuencia del embarazo que las mayores de veinte años. Pero no solo afecta a la mujer, pues en las mujeres embarazadas con menos de diez y ocho años sus hijos tienen 60% más probabilidad de morir durante el primer año.

El trato cruel e inhumano que damos a las mujeres embarazadas en estas condiciones se ha divulgado internacionalmente, como se recoge en el siguiente resumen divulgado por la web: “República Dominicana. Rosaura era una joven de 16 años que fue internada en julio de 2012 después de un cuadro de fuerte malestar y a quien le diagnosticaron leucemia. El imprescindible y urgente tratamiento contra la enfermedad no fue aplicado porque al día siguiente se detectó que Rosaura tenía un embarazo de 7,2 semanas con signos de daño fetal y sangrado vaginal con amenaza de aborto y cérvix cerrado. Pese a las recomendaciones y a su pedido y al de su madre, las autoridades del hospital decidieron no practicar un aborto por estar, según indicaron, “prohibido por la Constitución”. Veinticuatro días después de llegar al hospital, Rosaura tuvo un aborto espontáneo y al día siguiente, a las 8 de la mañana, falleció.” (http://www.infobae.com/2016/05/21/1813070-onu-la-prohibicion-absoluta-del-aborto-viola-la-convencion-contra-la-tortura/).

El artículo 37 de la Constitución establece que “el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte”. El artículo siguiente señala que “la dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable.” Estos derechos le corresponden al nasciturus (el que va a nacer), pero también a la mujer embarazada. No cabe duda de que en muchos casos se produce un choque de derechos fundamentales, que tiene que ver con la vida y la dignidad de ambos, y el remedio que ofrece la propia Constitución viene dado en su artículo 74, ordinal 4, cuando señala que “los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos y, en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución.”

Tal como lo señala Claudio Aníbal Medrano, en la Constitución Comentada, editada por Finjus,  “el ordenamiento jurídico no reconoce la existencia de derechos absolutos (PINTO ET AL: 1997, pág. 165), aunque si inderogables (CARRILLO SALCEDO: 1995, pág. 17). Los derechos humanos consagrados por el orden jurídico son esencialmente relativos, y como tales susceptibles de ser reglamentados (CD: arts. 5, 6 y 74.2; CADH arts. 29 al 32), por eso, afirma Mónica Pinto, algunos derechos pueden ser objeto de restricciones legítimas en su ejercicio, e incluso de suspensión extraordinaria (1997: 165)”.

En el caso del aborto terapéutico, en el que la vida de la madre está en peligro, si no es posible salvar las dos vidas, debe favorecerse una de ellas, y la lógica, la razón, indica que debe escogerse la de la mujer, que distinto al nasciturus, ya ha creado vínculos de distinta naturaleza con personas (puede tener madre y padre, hijos, hermanos, esposo, etc.), de tipo laboral, social, económica, religiosa.  No tengo duda alguna que este caso pasa sin dificultad el test de idoneidad, necesidad y proporcionalidad para determinar si la intervención del legislador se ajusta a la Constitución, pero, sin embargo, la Cámara de Diputados borró en minutos, con un golpe de mallete, la disposición del proyecto de Código Penal que establecía esta causal como eximente de responsabilidad penal en caso de aborto.

Nuestros diputados cometieron este desatino a pesar de que las voces más sensatas de la sociedad, incluyendo la iglesia católica y evangélica, están de acuerdo con el aborto terapéutico, y prefirieron llevarse de los extremistas, cuyos votos fueron contados el 15 de mayo pasado y se demostró que no tienen fuerza electoral alguna. Lo hicieron dándoles la espalda a las mujeres pobres y a la mayoría de la población que de acuerdo con la CID GALLUP 2015, aprueba el aborto terapéutico en un 77% (http://acento.com.do/2015/actualidad/8291238-encuesta-revela-77-dominicanos-apoya-aborto-si-la-madre-esta-en-peligro/).

Si el proyecto es aprobado en el Senado, tal cual lo envió la Cámara de Diputados, toda la atención se concentrará en el presidente Medina, quien podrá nuevamente aumentar su capital político sencillamente siendo coherente con su posición anterior, cuando observó el mismo proyecto de código solicitando que se incluyeran como eximentes de responsabilidad penal las tres causales de aborto ya comentadas.

La fórmula que proponen algunos que favorecen la promulgación para evitar retrasar la entrada en vigencia de la nueva normativa penal, dejando el tema del aborto para una “ley especial”, será seguida mayoritariamente por aquellos que quieren mantenernos entre los cinco países del mundo que prohíben el aborto en forma absoluta. Todo el mundo sabe que las mismas razones que impiden aprobar el Código Penal con las eximentes de responsabilidad en caso de aborto que propuso el presidente Medina, impedirán también la aprobación de esa “ley especial”, y que si no hay voluntad política para aprobarlo en el Código tampoco la habrá para aprobarlo en una “ley especial”.

Si desean sacar el tema del aborto del Código Penal, lo técnicamente correcto sería que se eliminara el capítulo completo relacionado con el aborto, tanto el texto que lo penaliza como sus excepciones, para dejarlo a una ley especial. Pero claro, eso no lo querrán los que promueven la penalización del aborto en forma absoluta, pues no caerán en su propia trampa.

Algunos comentaristas, como Euri Cabral, señalan que cuando el presidente observó el  Código Penal, no fue bien informado. Quienes así piensan tienen un pobre concepto del presidente Medina, quien viene manejando por décadas este tema del aborto desde el punto de vista político. Su observación al proyecto de Código Penal se inscribió en la misma línea de decisiones suyas sobre Bahía de Las Águilas y Barrick Gold, es decir, hacer lo que se considera justo y útil para la sociedad, como lo manda el principio de razonabilidad consagrado en nuestra Constitución.

Referencia: http://acento.com.do/2016/opinion/8368013-abortemos-el-abuso/