El Nacional
Domingo 29 de Abril del 2007
Por Sara Pérez
READING, PA.‑ El 25 de abril, el señor Vinicio Castillo Selmán, abogado e hijo de Vinicio Castillo, (Vincho), publicó en Listín Diario un artículo titulado "Lo que está en juego en el caso de Sonia Pierre".
En su texto, Castillo denuncia una "gigantezca campaña mediática" en solidaridad con Sonia Pierre. Y el señor Castillo se equivoca.
La solidaridad con Sonia no existe como "campaña". El sector de la sociedad dominicana con suficiente formación humana y cívica para solidarizarse con ella, no tiene experiencias, ni recursos, ni intereses, ni retorcimiento moral para "armar gigantezcas campañas mediáticas", como las que otros han dedicado toda su vida a montar, con mentiras, medias verdades, calumnias deliberadas.
No, entre la gente que se ha solidarizado con Sonia no hay una sola que haya hecho carrera vendiendo calumnias, ni fisgoneando irregularmente a la población indefensa, ni contratando testigos falsos, ni comprando testimonios.
La "gigantezca campaña mediática" la tienen los que persiguen y hostigan a Sonia y con ella, a esa parte de la población dominicana, de origen haitiano, cuya situación debía conmover e indignar a cualquiera con un poco de sensibilidad y sentido de justicia y con alguna conciencia política para cuestionar un horror que es una mácula en la historia nacional.
Apelar a los sentimientos de humanidad, solidaridad y sobre todo, de justicia, de un pueblo, no tiene nada de reprensible. Lo que sí tiene mucho de vergonzoso es apelar a la mezquindad que algunos de sus peores ciudadanos le han metido en la cabeza a ese pueblo, ocultándole sobre qué pié está parado, mutilando su capacidad para identificar lo que es democracia, lo que son derechos humanos, lo que es discriminación racial y lo que es una segregación social y económica, particularmente acentuada sobre el grupo más pobre y pisoteado, entre todos los pobres y pisoteados dominicanos.
¿Que si es falsa o no la declaración con la que Sonia Pierre obtuvo la nacionalidad dominicana? ¿Y desde cuándo las declaraciones de cualquiera son las que ponen o quitan la nacionalidad? La nacionalidad le corresponde a Sonia por su lugar de nacimiento, según lo que establece la Constitución dominicana y que debe ser respetado por cualquiera que no se preste tan irresponsablemente a suapear esa Constitución.
Si se fuera a quitar la nacionalidad dominicana por inexactitudes ‑que no están comprobadas‑ en documentos de registro civil, tal vez ni Duarte calificaría como dominicano.
En las zonas rurales, en tiempos de Trujillo, el alcalde iba una o dos veces al año "al pueblo", montado en su caballo y allí solía declarar "a sigún" lo que le pareciera o recordara sobre los nacidos en su zona.
Incluso, era común que declarara como hijos suyos a esos niños, para ahorrar complicaciones.
¿Y les van a quitar la nacionalidad dominicana a todos los dominicanos y dominicanas, cuyas madres han mentido al identificar al padre de sus hijos?
Aparte de las imprecisiones que arrastran esos y otros deslices, en todos los lugares donde hay procesos migratorios tan dinámicos, con en República Dominicana, suelen ocurrir retoques en los registros civiles, que se añaden al desorden propio de una administración pública que nunca ha sido muy meticulosa.
Una enorme cantidad de dominicanos puede decir con la mayor naturalidad: "Mi acta de nacimiento dice que nací el 10 de agosto de 1957, pero la verdad es que fue 15 de febrero del 55, porque mi papá no quería pagar la multa por la declaración tardía y además, quien aparece como mi padre es el tío Julito, que en paz descanse".
Nada más hay que preguntarle a muchos dominicanos que juegan en las Grandes Ligas o que están "firmados" para ingresar en ellas. La creatividad en los datos de registro civil, no cuestionan la dominicanidad de nadie, sino que la confirman.
No sólo la Constitución, las leyes y los tratados internacionales , sino sobre todo el sentido de justicia, que tanto escasea entre algunos leguleyos, proclaman la dominicanidad de Sonia, que si no le correspondiera por ninguna de esas causas, le correspondería por haberle hecho al Estado dominicano el favor de comenzar a drenarle el más grande todos sus forúnculos.
Ningún tratado internacional contempla el mantenimiento en un limbo jurídico a los esclavos de una sociedad.
Ni la Constitución de Haití, ni nadie tiene que decirle a Sonia quién es ella. Su opción ha sido ser domínico‑haitiana y exactamente eso es. Ese estatus le corresponde no sólo por elección, sino por justicia y por ley. También eligió, (o las circunstancias la eligieron a ella), dónde desplegar su liderazgo y lo hizo con mucho tino, porque lo ubicó en un sitio donde se necesita.
Ojalá que Sonia consolide y multiplique todas sus alianzas. Es bueno que en República Dominicana, aparezcan gentes cuyas alianzas no estén encaminadas a sabotear la precaria democracia y a perpeturar el trujillismo.
Hay sectores en las grandes potencias, como los hay en las repúblicas bananeras, que dicen rechazar de los inmigrantes haitianos y dominicanos, entre otros, (lo que no ha sido óbice para que dominicanos y haitianos anden regados por todas partes), porque ese hipócrita discurso es el que facilita la explotación y el atropello de los sectores sociales más pobres.
La sugerencias sobre la dirección que deben seguir las migraciones haitianas, no necesariamente tienen que formar parte de la agenda de la señora Pierre, cuyas inquietudes se han centrado ‑y está muy bien que sigan centradas en las que defina prioridades‑ en la población dominicana de origen haitiano y en la inmigración haitiana a la que le niegan derechos básicos en RD.
La actitud de muchos países con relación a las nacionalidades adquiridas en base a documentos de registro civil con datos no muy puntillosos, es la de no joder mucho con eso y menos si se trata de una nacionalidad adquirida hace más de 40 aZos.
Si se pusieran muy estrictos al respecto, una buena de los dominicanos emigrantes y de los hijos de esos dominicanos nacidos en el extranjero serían despojados de las nacionalidades adquiridas fuera y gran parte de los dominicanos dentro de RD estarían en la misma situación.
Lo que está en juego con el caso de Sonia Pierre, es el derecho de todo dominicano y dominicana a quejarse, sin que haya un grupo con la potestad de ir a apedrear y a poner bozales en la boca de la gente. Lo que está en juego es la inicitiva de comenzar a subsanar el más abarcador de todos los crímenes del régimen de Balaguer: el de mantener una población sin voz y en condiciones infrahumanas
Lo que está en juego en el caso de Sonia Pierre, es la institucionalidad y es más que eso, es la calidad y naturaleza del alma dominicana.
cleo264@yahoo.com
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Jus soli, nacionalidad, inmigración haitiana y descendientes, en República Dominicana: Rosario Espinal
PUBLICADO EN LA SECCION FIRMAS DE CLAVE DIGITAL
EL DIA martes, 13 de marzo de 2007
ENFOQUES
Nacionalidad dominicana, ¿a quién?
El presidente Leonel Fernández escogió a Puerto Rico para declarar públicamente que la República Dominicana no otorgará la nacionalidad a los hijos de inmigrantes indocumentados que, como sabemos, son en su mayoría de origen haitiano.
Rosario Espinal - Socióloga. Profesora de sociología y política, directora del Centro de Estudios Latinoamericanos en Temple University, Filadelfia.
El presidente Leonel Fernández escogió a Puerto Rico para declarar públicamente que la República Dominicana no otorgará la nacionalidad a los hijos de inmigrantes indocumentados que, como sabemos, son en su mayoría de origen haitiano.
El lugar escogido fue adecuado si se considera que muchas de las críticas a la República Dominicana por el tratamiento a los haitianos provienen de grupos radicados en Estados Unidos.
Pero fue inadecuado si se considera que allí viven muchos dominicanos indocumentados quienes, a pesar de ser discriminados, gozan del derecho de que sus hijos al nacer adquieren la nacionalidad norteamericana.
El asunto radica en la especificación constitucional y la ejecución del llamado jus soli, o derecho a la nacionalidad por territorio de nacimiento.
Hoy en día, la mayoría de las constituciones abordan el jus soli de una de estas maneras: 1) lo establecen de forma amplia, con lo cual, la mayoría de las personas nacidas en un territorio tiene derecho a recibir esa nacionalidad, como ocurre en Estados Unidos; o 2) lo establecen de manera restringida, indicando, por ejemplo, que sólo pueden obtenerla los hijos de inmigrantes legales.
La Constitución dominicana actual establece el jus soli de manera amplia, es decir, la nacionalidad se puede obtener por nacimiento en territorio dominicano y sólo especifica que no la recibirán los hijos de diplomáticos y personas en tránsito.
Pero como los textos constitucionales se interpretan, la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana emitió en diciembre de 2005 una sentencia indicando que los hijos de inmigrantes indocumentados no califican para recibir la nacionalidad.
Con este veredicto se buscó enfrentar las crecientes demandas internacionales, incluida una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que la República Dominicana otorgue la nacionalidad a los hijos de inmigrantes haitianos nacidos en territorio dominicano.
Este dictamen de la Suprema Corte establece un precedente y sugiere lo que posiblemente establecerá el nuevo texto constitucional que, en algún momento, someterá el presidente Fernández al Congreso.
Pero ni la sentencia de la Suprema ni una nueva Constitución que restrinja el jus soli resuelve el drama humano que enfrenta la República Dominicana con la población inmigrante haitiana.
Por eso, en vez de utilizar artificios constitucionales, o hablar con euforia innecesaria de la nacionalidad dominicana, el gobierno debería abordar con decisiones concretas y acertadas la realidad social de los inmigrantes y sus descendientes.
¿Qué hacer con la población haitiana que carece de residencia legal en la República Dominicana, entre los cuales hay viejos y nuevos inmigrantes? ¿Qué hacer con sus hijos que nacieron y se criaron en República Dominicana y no conocen otra sociedad?
¿Está la República Dominicana dispuesta a deportar a Haití toda esta población para ser consecuente con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia? Si no, ¿para qué proclamar que los hijos de indocumentados no califican para recibir la nacionalidad?
¿Es que se pretende mantener indefinidamente una masa poblacional inmigrante haitiana sin derechos ciudadanos para explotarla?
Estos asuntos no deben evadirse con discursos patrioteros, ni ser objeto de la ironía nacionalista, como sucede al emitirse planteamientos, tales como, que si los haitianos emigraron es porque viven mejor en territorio dominicano, y por tanto, no deben quejarse.
Tampoco tiene sentido seguir proclamando, como muchas veces se hace, que Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea quieren que República Dominicana se haga cargo del problema haitiano.
Ese no es el caso, y nadie, fuera de la cabeza de muchos dominicanos, se cree estos argumentos.
Lo que sí ocurre es que mientras el país se hace la víctima por la carga social que representa la migración haitiana, en el exterior se le ve como excluyente y racista.
Si la República Dominicana quiere ejercer soberanía con respecto a la nacionalidad, debe hacerlo con coherencia y responsabilidad.
Para ello, lo primero es tener una política migratoria ordenada, libre de militares y funcionarios corruptos, acostumbrados a sacar provecho de personas en extrema pobreza.
El país sólo debe permitir el ingreso de los inmigrantes que pueda efectivamente integrar, porque es inhumano mantener una población sin derechos, independientemente de cuán mal estuviesen viviendo en su país de origen.
Que quede claro, el control de la frontera es posible, y es inaceptable que políticos y militares dominicanos encubran su marrulla o incapacidad planteando que no pueden custodiarla.
Lo segundo es desarrollar un programa de legalización de la población haitiana en territorio dominicano.
Esto supone establecer criterios y procedimientos para que los inmigrantes y sus hijos que califiquen, puedan obtener permiso de trabajo, residencia o ciudadanía, según proceda en cada caso.
Pero para impulsar este programa hay que abandonar el nacionalismo demagógico y aceptar que si el país ha permitido por décadas el flujo masivo de inmigrantes haitianos, debe encontrar ahora una solución viable para superar el estado de ilegalidad imperante.
http://www.clavedigital.com/Firmas/Articulo.asp?Id_Articulo= 8618
EL DIA martes, 13 de marzo de 2007
ENFOQUES
Nacionalidad dominicana, ¿a quién?
El presidente Leonel Fernández escogió a Puerto Rico para declarar públicamente que la República Dominicana no otorgará la nacionalidad a los hijos de inmigrantes indocumentados que, como sabemos, son en su mayoría de origen haitiano.
Rosario Espinal - Socióloga. Profesora de sociología y política, directora del Centro de Estudios Latinoamericanos en Temple University, Filadelfia.
El presidente Leonel Fernández escogió a Puerto Rico para declarar públicamente que la República Dominicana no otorgará la nacionalidad a los hijos de inmigrantes indocumentados que, como sabemos, son en su mayoría de origen haitiano.
El lugar escogido fue adecuado si se considera que muchas de las críticas a la República Dominicana por el tratamiento a los haitianos provienen de grupos radicados en Estados Unidos.
Pero fue inadecuado si se considera que allí viven muchos dominicanos indocumentados quienes, a pesar de ser discriminados, gozan del derecho de que sus hijos al nacer adquieren la nacionalidad norteamericana.
El asunto radica en la especificación constitucional y la ejecución del llamado jus soli, o derecho a la nacionalidad por territorio de nacimiento.
Hoy en día, la mayoría de las constituciones abordan el jus soli de una de estas maneras: 1) lo establecen de forma amplia, con lo cual, la mayoría de las personas nacidas en un territorio tiene derecho a recibir esa nacionalidad, como ocurre en Estados Unidos; o 2) lo establecen de manera restringida, indicando, por ejemplo, que sólo pueden obtenerla los hijos de inmigrantes legales.
La Constitución dominicana actual establece el jus soli de manera amplia, es decir, la nacionalidad se puede obtener por nacimiento en territorio dominicano y sólo especifica que no la recibirán los hijos de diplomáticos y personas en tránsito.
Pero como los textos constitucionales se interpretan, la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana emitió en diciembre de 2005 una sentencia indicando que los hijos de inmigrantes indocumentados no califican para recibir la nacionalidad.
Con este veredicto se buscó enfrentar las crecientes demandas internacionales, incluida una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que la República Dominicana otorgue la nacionalidad a los hijos de inmigrantes haitianos nacidos en territorio dominicano.
Este dictamen de la Suprema Corte establece un precedente y sugiere lo que posiblemente establecerá el nuevo texto constitucional que, en algún momento, someterá el presidente Fernández al Congreso.
Pero ni la sentencia de la Suprema ni una nueva Constitución que restrinja el jus soli resuelve el drama humano que enfrenta la República Dominicana con la población inmigrante haitiana.
Por eso, en vez de utilizar artificios constitucionales, o hablar con euforia innecesaria de la nacionalidad dominicana, el gobierno debería abordar con decisiones concretas y acertadas la realidad social de los inmigrantes y sus descendientes.
¿Qué hacer con la población haitiana que carece de residencia legal en la República Dominicana, entre los cuales hay viejos y nuevos inmigrantes? ¿Qué hacer con sus hijos que nacieron y se criaron en República Dominicana y no conocen otra sociedad?
¿Está la República Dominicana dispuesta a deportar a Haití toda esta población para ser consecuente con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia? Si no, ¿para qué proclamar que los hijos de indocumentados no califican para recibir la nacionalidad?
¿Es que se pretende mantener indefinidamente una masa poblacional inmigrante haitiana sin derechos ciudadanos para explotarla?
Estos asuntos no deben evadirse con discursos patrioteros, ni ser objeto de la ironía nacionalista, como sucede al emitirse planteamientos, tales como, que si los haitianos emigraron es porque viven mejor en territorio dominicano, y por tanto, no deben quejarse.
Tampoco tiene sentido seguir proclamando, como muchas veces se hace, que Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea quieren que República Dominicana se haga cargo del problema haitiano.
Ese no es el caso, y nadie, fuera de la cabeza de muchos dominicanos, se cree estos argumentos.
Lo que sí ocurre es que mientras el país se hace la víctima por la carga social que representa la migración haitiana, en el exterior se le ve como excluyente y racista.
Si la República Dominicana quiere ejercer soberanía con respecto a la nacionalidad, debe hacerlo con coherencia y responsabilidad.
Para ello, lo primero es tener una política migratoria ordenada, libre de militares y funcionarios corruptos, acostumbrados a sacar provecho de personas en extrema pobreza.
El país sólo debe permitir el ingreso de los inmigrantes que pueda efectivamente integrar, porque es inhumano mantener una población sin derechos, independientemente de cuán mal estuviesen viviendo en su país de origen.
Que quede claro, el control de la frontera es posible, y es inaceptable que políticos y militares dominicanos encubran su marrulla o incapacidad planteando que no pueden custodiarla.
Lo segundo es desarrollar un programa de legalización de la población haitiana en territorio dominicano.
Esto supone establecer criterios y procedimientos para que los inmigrantes y sus hijos que califiquen, puedan obtener permiso de trabajo, residencia o ciudadanía, según proceda en cada caso.
Pero para impulsar este programa hay que abandonar el nacionalismo demagógico y aceptar que si el país ha permitido por décadas el flujo masivo de inmigrantes haitianos, debe encontrar ahora una solución viable para superar el estado de ilegalidad imperante.
http://www.clavedigital.com/Firmas/Articulo.asp?Id_Articulo= 8618
Retorno a ustedes o mi blog,
¡Hola pueblo!. He andado en estos días perdida en debates por Clave Digital. En foros, y firmas claves. Los contenidos de los debates tienen que ver con el tema del antihaitianismo, la defensa de los derechos humanos, ciudadanos y laborales de los/as migrantes y de sus descendientes dominicanos/as.
Acá de nuevo.
Estoy interesada en reproducir un artículo que escribió Mu-kien Adriana Sang Ben en el periódico Hoy del sábado 2 de diciembre, sobre la experiencia de Muyien Altagracia Sang Ben, que al querer renovar su pasaporte, la querían mandar a naturalización porque tiene un apellido raro. Acá tenemos las consecuencias a las que nos lleva un ccaraeado "nacionalismo", de muchas personas, que como pavos reales inflados, andan proclamando valores como limpieza de sangre (jus sanguinis) para ser dominicano o dominicano.
En mi familia, con mis hijos llegamos a la conclusión, que entodo caso sólo serían de esta tierra los taínos y taínas. ¿Los demás?: sangre sucia. Hitler nos está quedando chiquito.
Les debo la reproducción del artículo de Mu-kien Adriana Sang Ben.
Acá de nuevo.
Estoy interesada en reproducir un artículo que escribió Mu-kien Adriana Sang Ben en el periódico Hoy del sábado 2 de diciembre, sobre la experiencia de Muyien Altagracia Sang Ben, que al querer renovar su pasaporte, la querían mandar a naturalización porque tiene un apellido raro. Acá tenemos las consecuencias a las que nos lleva un ccaraeado "nacionalismo", de muchas personas, que como pavos reales inflados, andan proclamando valores como limpieza de sangre (jus sanguinis) para ser dominicano o dominicano.
En mi familia, con mis hijos llegamos a la conclusión, que entodo caso sólo serían de esta tierra los taínos y taínas. ¿Los demás?: sangre sucia. Hitler nos está quedando chiquito.
Les debo la reproducción del artículo de Mu-kien Adriana Sang Ben.
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