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Foro Feminista MP (FFMP) alerta por vida de mujer embarazada y el dilema de la penalización del aborto. RD, mayo 2017

Foro Feminista llama a salvar la vida de mujer embarazada


http://hoy.com.do/foro-feminista-llama-a-salvar-la-vida-de-mujer-embarazada/

El Foro Feminista Magaly Pineda expresa preocupación por la situación en que se halla una mujer de 26 años, madre de dos hijos y embarazada de 18 semanas que padece una malformación cerebral que le produjo una hemorragia y a la fecha no recibe el tratamiento médico que requiere su problema de salud.

La situación descrita en la prensa  este 30 de abril 2017 reporta que la mujer, a la que atribuye el nombre ficticio de “Luz” para protegerla, ya tiene 9 días padeciendo una hemorragia cerebral consecuencia de una malformación en su estructura cerebral.

Se ha dado a conocer por esa y por otras vías, que la cirugía que esa situación reclama solo está en capacidad de ofrecerla el Centro Cardio-Neuro-Oftalmológico y Trasplante (CECANOT), instancia de asistencia pública que ha puesto como condición que la mujer esté desembarazada para recibir el caso.

“Esta es una situación en que la legislación dominicana cierra de manera absoluta sin considerar posibilidad a un embarazo, confirmado que este es el caso, manteniendo una disposición en el Código Penal que data del año 1884. Las mujeres dominicanas durante años hemos estado luchando por la despenalización del aborto cuando la vida de la mujer está en peligro, o cuando el embarazo es resultado de una violación o incesto, o el embrión es inviable.” afirman las integrantes del Foro Feminista.

“Exigimos que “Luz” sea tratada con los más altos estándares de calidad de atención en salud y criterio científico, informada de su real situación al igual que su familia, respetando en todo momento las decisiones que ella tome, sin presiones de ninguna índole” demandan las activistas por los derechos de las mujeres.

Además advierten que “el Foro Feminista Magaly Pineda se mantendrá vigilante para evitar que el Estado dominicano cometa otro feminicidio como el de “Esperancita”, por imposición de una anacrónica legislación. De incurrir en cualquier actuación violatoria de derechos, denunciaremos ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuyo informe estatal corresponde ser presentado en octubre próximo y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).”

Recordaron ambos organismos desde enero de este año han manifestado su preocupación por los riesgos para la vida y salud de las mujeres que implica la penalización absoluta de la interrupción del embarazo, inclusive en las tres causales propuestas por las observaciones del Poder Ejecutivo, aún pendientes de discusión y votación por el Senado de la República.

“Hacemos este reclamo bajo estricto apego a la ética que significa el respeto a la vida, igualmente consagrado en el texto constitucional, no solo en el Art. 37 sino también en el Art. 42 que en su literal 3 expresa que ¨nadie puede ser sometido sin su consentimiento previo, a experimentos y procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas internacionalmente reconocidas.  Tampoco a exámenes o procedimientos médicos, excepto cuando se encuentre en peligro de vida¨. ” Declaran las integrantes del Foro Feminista.

En sus declaraciones enfatizan en que la Constitución de la República Dominicana indica que en caso de conflicto de derechos, prevalece en favor de la persona, en este caso la salud y vida de la madre. También recuerdan que el país es signatario de los tratados de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) los cuales tienen el mismo carácter constitucional y por lo tanto debe actuar en concordancia con los compromisos asumidos.

Finalmente advierten que la vida de la joven está en manos del Estado a quien le es imputable su suerte teniendo conocimiento del caso; explican que cada día que pasa, se produce la violencia institucional e intencional perpetrada por el Estado dominicano contra mujeres y niñas, en este caso particular contra la joven embarazada, con sus omisiones y negligencias ante el deber de protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la interrupción del embarazo de ser necesaria en este caso.

Rosa Montalvo, feminista Ecuador, denuncia falsedades supuesta especialista en derechos reproductivos de la mujer

Rosa Montalvo, feminista, de Ecuador, señala falsedades de seudoespecialista en RD contra las mujeres y los derechos reproductivos

Rosa Montalvo, feminista de Ecuador, que reside en Perú, nos comenta las falsedades que viene vertiendo una señora que ataca feministas, y el derecho de la mujer  a decidir su vida y su salud como prioridad cuando hay que hacer un aborto.

Denuncia que esta  señora de Ecuador que ha estado en este mes de agosto del 2015 en la televisión dominicana y en otros países, hablando en contra del derecho de las mujeres a priorizar su salud y su vida por encima del neonato cuando hay una colisión de derechos.  La señora estuvo en el Programa de Mariasela  el 10 de agosto cdel 2015. Se expresó indicando que:

  • Está en contra de que las personas tengan acceso a anticonceptivos, ve esa industria y ese comercio como algo condenable. Dice que las feministas somos financiadas por Playboy, una revista que cosifica las mujeres como objetos sexuales, lo cual evidencia que ni sabe que es feminismo ni qué es Playboy..
  • No sabe diferenciar lo que es la ONU, UNFPA, específicamente de una ONG, Organización sin fines de lucro. Se presenta como si hubiese trabajado en el UNFPA, cuando es mentira
  • Se presenta como ex feminista y ex guerrillera en Ecuador en época donde la guerrilla estaba derrotada.
  •  Habla del feminismo con argumentos que evidencian que no sabe ni papa de nuestras luchas como feministas como que podemos ser financiadas por una revista que promueve una mujer objeto sexual. Lejos de lo que creemos las feministas.
  • No especifica las diferentes problemáticas que se presentan con el aborto dependiendo el tiempo del neonato, así como las diferentes situaciones que se presentan con las mujeres y la decisión del aborto.

Se dedicó a difamar de PROFAMILIA y del UNFPA. Esto lo hizo en el Programa de Mariasela en Color Visión, 10 de agosto del 2015.

Acá, Rosa Montalvo, feminista de Ecuador narra con detalles todas las mentira que usa la señora que se hace llmar por Amparo Medina y que viene contrada por el Arzobispado Católico, y es de un grupo en Ecuador que defiende el neonato por encima de los derechos de la mujer.


http://www.noticiasser.pe/06/05/2015/teleidoscopio/las-mentiras-de-una-seudo-especialista

Las mentiras de una seudo especialista

Por Rosa Montalvo

(Feminista de Ecuador radicada en Perú)

Más de 60 mil ciudadanas y ciudadanos del Perú firmaron a favor de una iniciativa legislativa que propone la despenalización del aborto cuando una mujer ha sido víctima de violación. El proyecto de ley N°3839-2014-IC fue presentado al Congreso peruano por varias instituciones que defienden los derechos de las mujeres, entre las que se encuentran DEMUS, Manuela Ramos, PROMSEX, el Centro de la Mujer Peruana “Flora Tristán”, Católicas por el Derecho a Decidir y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer – Perú.

El debate de este proyecto ha sido intenso en la Comisión de Justicia, donde se enfrentaron dos posiciones claramente diferenciadas: Una que postula que el aborto en cualquier caso es negarle el derecho a la vida al concebido, y la otra, que propone que toda mujer que vive una violación tiene el derecho a decidir si quiere o no tener el hijo producto de ese execrable delito, que perpetuará la violencia en sus cuerpos y en sus vidas. Como lo señala Marcela Legarde, “durante un tiempo, la violación continúa: la mujer ha internalizado el miedo al violador, que la acompaña en el recuerdo, en la rememoración, en las pesadillas, en las fantasías. La violación deja una huella indeleble en el cuerpo y la subjetividad de la mujer."[1]

Pero ni el dolor de las mujeres ni la posibilidad de que una adolescente trunque su futuro parecen conmover a quienes quieren imponer al resto sus creencias. Para ello se han movilizado y han declarado voces de monseñores y obispos. No conformes con sus propios y nacionales argumentos, a solicitud de la congresista Martha Chávez, dieron la palabra, en el debate sostenido en la Comisión de Justicia, a la ecuatoriana Amparo Medina, directora de Acción Próvida Ecuador. La seudo especialista no sólo repitió los manidos argumentos contra la propuesta, sino que también se expandió en ataques a las promotoras del proyecto de ley, acusándolas incluso de recibir dinero de empresas como Playboy, cosa inverosímil para cualquiera que conoce la militancia feminista y el trabajo y compromiso de estas instituciones. Medina habla con solvencia y seguridad mientras dice cosas sin sentido, como, por ejemplo:

“Lo único que interesa son los réditos económicos. Entonces, yo te enseño a ti a usar anticonceptivos, y como sé que los anticonceptivos van a fallar, también vengo con la siguiente etapa, que es la prevención de enfermedades de  transmisión sexual, como es la vacuna del virus papiloma, que ya deja miles de muertes de mujeres del continente y de Europa. La otra opción es que te embaraces y, como no estás prevenida para embarazarte, entonces te doy el aborto. No conforme con eso, vende los bebes abortados, la parte del colágeno, para hacer cremas antienvejecimiento, para hacer cremas, para hacer champús, para fabricar colas, como en el caso de alguna empresa de Coca Cola.”[2].

Incoherencias y especulaciones, insultos, ignorancias explícitas, como la relación que hace entre anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual. Extraña también que, siendo supuestamente una ex funcionaria de la ONU, lo que le da supuesta autoridad para señalar a esta institución internacional como promotora del aborto, confunda el Fondo de Población con una ONG: “Lo que hay es una campaña a nivel internacional de varias ONGs, entre éstas el Fondo de Población de las Naciones Unidas, para impulsar el aborto en nuestro continente”[3]. No está claro si esta seudo especialista fue funcionaria del Fondo de Población o de la GTZ, como señala permanentemente en los testimonios que ofrece, pero lo que sí es cierto es que recorre nuestros países contando una historia creada para generar empatía en un público ávido de milagros, y de dotarle de sentido al discurso que propala. Así, en sus presentaciones públicas, en entrevistas y conferencias, cuenta que fue feminista y guerrillera, miembro de Alfaro Vive Carajo[4]. Pero algo no cuadra en su versión, pues ella afirma que se involucró con Alfaro Vive en el 1988, para ser parte de la guerrilla, y que en los 90 estaba en uno de los mandos altos. “Yo soy la camarada Manuela, desmovilizada desde 1992”, dice con desparpajo[5]. Si alguien conoce un poco del proceso político ecuatoriano, sabe que ya en 1988, Alfaro Vive estaba derrotado militarmente, y que entregó las armas en 1991 al gobierno de Rodrigo Borja.

Siguiendo con su testimonio, afirma: “En 1988, luego de una toma de tierras, caigo por primera vez presa. Fui torturada, escondida, sacada de la universidad de los pelos, con cinco compañeros más, tres de los cuales aún están desaparecidos”.[6] El público se emociona y se solidariza con el testimonio, como cualquier ser humano, y le cree, porque esto sí pasó en toda nuestra América: La tortura y las violaciones de los derechos humanos, de parte de las fuerzas represivas, fueron el pan de cada día durante las dictaduras y los gobiernos represivos de las militancias de izquierda. Sin embargo, hay que señalar que en 1988, en el Ecuador, hubo sólo tres desaparecidos,[7] dos de los cuales son los hermanos Restrepo, a quienes aún seguimos buscando. Se burla del dolor de tantas personas al mentir sobre esas desapariciones. También miente cuando dice que Alfaro Vive se empezó a gestar en el colegio protestante donde la matricularon sus padres cuando comenzaron a vivir en Quito, pues Alfaro Vive se gestó en la Escuela de Sociología de la Universidad Central[8].

En otro de sus testimonios, menciona que a su vuelta, en el 90, a los 21 años, fue supuestamente nombrada  asesora del Ministro de Educación de ese entonces, Alfredo Vera, a quien llama su mentor. Y nos sorprende cuando nos cuenta que es un “viejo guerrillero, formador de guerrilleros". No sabemos a qué guerrilleros formó Alfredo Vera, quien era miembro de la Izquierda Democrática desde 1984, pues la guerrilla de Toachi, en la que estuvieron involucrados jóvenes de la Unión Revolucionaria de Juventudes Ecuatorianas de las que él formó parte, fue derrotada en cuatro días, en los años 60. Que le encargaron la política de alfabetización, dice, y que en ese proceso incorporaron toda la ideología de izquierda, según su peculiar entendimiento de la izquierda: “Sacábamos libros de matemáticas donde decía ´el imperialista empresario que roba al obrero´; ese tipo de lecturas para alfabetizar”.[9] Hay que mencionar que en el 90, gobernaba la Izquierda Democrática, partido socialdemócrata, miembro de la Internacional Socialista, y que fue durante ese gobierno cuando se empezaron a dar las reformas neoliberales a la economía, se restringió la formación de sindicatos y se recortaron derechos laborales, por lo que es imposible que hubiera existido ese discurso que ella señala como parte de la política educativa.

Una recreación de su vida mayúscula es la que cuenta sobre su supuesta actuación en el levantamiento indígena ecuatoriano. Dice ella que “en el año 1992, ya había regresado al Ecuador. Voy a la selva y con uno de los comandantes de la selva, decidimos hacer una toma indígena, la primera toma indígena de América Latina”[10]. El problema con esta historia es que guerrilla en la selva ecuatoriana nunca hubo, y el levantamiento indígena en el Ecuador, sin precedentes en la historia, se dio en el año 90 y fue dirigido por los propios pueblos indígenas, que exigían, entre otras cosas, la legalización de los territorios indígenas, la declaración delEcuador como Estado plurinacional y la educación bilingüe e intercultural, todos justos reclamos de los pueblos.

También afirmó la seudo ex guerrillera y ex feminista que cuando era feminista y de izquierda, le decían que habría que matar a los curas, a los ricos, etc. No sé qué mente afiebrada en la izquierda ecuatoriana pudo haber dicho eso, pues ningún grupo, movimiento o partido de izquierda del que tengo referencia tenía ese discurso. Que para convertirlos en revolucionarios, a los curas les ponían mujeres que les coqueteaban, cuenta, como si una feminista utilizara los cuerpos de otras mujeres para estos fines. Que odiaran la maternidad, dice, era parte de su adoctrinamiento, como si las feministas odiáramos ser madres, cuando lo que exigimos es el derecho a decidir serlo o no, y las que hemos optado por la maternidad amamos a nuestros hijos e hijas.

No mentirás, dice el octavo mandamiento, y esta historia está llena de mentiras; de verdades a medias, que es igual que mentir. Lo único en que estamos de acuerdo con esta supuesta especialista es en lo que le habría dicho Alfredo Vera frente a la exigencia, supuesta siempre, de que abortara por parte de la guerrilla:  “El derecho a decidir de las mujeres es por si quieren o si no quieren.. Si tú quieres, es tu problema. Eso es derecho a decidir”.[11] Y de eso se trata el proyecto de ley, precisamente, del derecho a decidir: de que otras mujeres tengan la opción que ella tuvo, ni más ni menos.


[1]Marcela Lagarde, Los cautiverios de las mujeres: madres, esposas, monjas, putas y locas. UNAM, 2011.
[2]"Entrevista a líder pro-vida Amparo Medina sobre aborto por violación", audio. ACI Prensa. 29 de abril del 2015.https://soundcloud.com/aciprensa/entrevista-a-lider-pro-vida-amparo-medina-sobre-aborto-por-violacion
[3]Ídem
[4]El AVC fue un grupo armado formado por varias tendencias políticas de izquierda a inicios de los 80. Para más información, se puede ver  su historia en Alfaro vive, del sueño al caos, publicado en youtube por LibreRed, mayo del 2009. https://www.youtube.com/watch?v=nRVp0FfcIs8
[5]Testimonio de Vida - Amparo Medina Guerrero, video publicado en Youtube por Alejandro Irazoqui. 10 de octubre del 2012. https://www.youtube.com/watch?v=fNtz6LSoUrA
[6]Ídem
[7]Informe de la Comisión de la Verdad Ecuador: Sin verdad, no hay justicia. Resumen ejecutivo. Ecuador, 2010. p. 57.http://www.alfonsozambrano.com/comision_verdad/cdv10-informe_final.pdf
[8]Alfaro vive, del sueño al caos. https://www.youtube.com/watch?v=nRVp0FfcIs8
[9]Testimonio de Vida - Amparo Medina Guerrero.https://www.youtube.com/watch?v=fNtz6LSoUrA
[10]Amparo Medina Testimonio, vídeo publicado por Despertador de conciencias, el 24 de octubre del 2014.https://www.youtube.com/watch?v=RzRcoS_0LoU.
[11]Ídem.
Comentarios (2)
VIE, 06/05/2015 - 15:09 — EMMA
Por lo que cuentas esta
Por lo que cuentas esta señora es una tremenda mitómana. Cómo se puede convocar a alguien así para que opine sobre un asunto tan delicado?
responder
SÁB, 05/09/2015 - 06:57 — GUILLERMO FIGUEROA LUNA
Felicitaciones por este
Felicitaciones por este documentado análisis. Desgraciadamente, las mentiras de la citada 2especialista" y otras son creídas por personas mal informadas.

Mujeres avanzamos en República Dominicana por Despenalización aborto en 4 causales: 1) Vida de la Mujer en peligro, 2) incesto, 3) violaciones, 4) mal formaciones feto no vida

Las mujeres avanzamos con la aceptación en la Cámara de Diputadas/os conforme a las observaciones Pte. Danilo Medina al Código Penal, se puede interrumpir un embarazo por 4 causales: si la mujer peligra, por incesto, violación, y malformaciones del feto que son incompatibles con la vida.
Público de instituciones, organizaciones, congregado frente al Congreso pidiendo la despenalización del aborto, lo cual se logró.

El periódico El Nacional reproduce el texto aprobado el 17 de diciembre del 2014 en la República Dominicana. Estuvimos ayer cientos de mujeres y hombres exigiendo a la Cámara de Diputadas/os la despenalización del aborto.

Mildred Dolores Mata, frente al Congreso, el 16.12.2014, SD, República Dominicana

Zobeyda Alejandrina Cepeda y Mildred Dolores Mata, activistas feministas, frente al Congreso, SD, RD, el 16.12.014, en lucha por la despenalización del aborto


Mildred Dolores Mata en la Concentración frente al Congreso de la República Dominicana el 17 de diciembre del 2014. Integrante de las organizaciones sociales de mujeres: Núcleo de Apoyo a la Mujer,  Foro Feminista y CLADEM-RD.

Reseña el periódico:

"La Cámara de Diputados acogió las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo al proyecto de ley que crea el nuevo Código Penal, con 93 votos a favor, 69 en contra y 12 no votaron.

El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, dijo que el Código Penal garantiza una legislación moderna, por lo que debe ser salvado.

El texto  establece que “la interrupción del embarazo por causa de violación, incesto, o el originado en malformaciones del embrión incompatible con la vida clínicamente comprobada, estarán sujetos a los requisitos y protocolos que se establezcan mediante una ley especial”.

Además que “la interrupción del embarazo practicado por personal médico especializado en establecimientos de salud, públicos o privados, no es punible si se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles para salvar las dos vidas, hasta donde sea posible”.

http://elnacional.com.do/diputados-acogen-observaciones-del-presidente-al-codigo-penal/

Por las mujeres, Susi Pola pidió a Danilo Medina que observe el P de Código Penal en el que el Congreso mantiene la penalización del Aborto.

Acá la carta donde Susi Pola, feminista del Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM), del Foro Feminista, del CLADEM, y de Profamilia, pide a Danilo Medina, Presidente de RD que despenalice el aborto en caso de que la vida y la salud de la mujer peligre. 
Susi Pola, feminista de la República Dominicana


El presidente observó el Proyecto de Código Penal en el que el Congreso mantiene la penalización del aborto. Leamos a Susi Pola

Mildred Dolores Mata

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Carta al Presidente Medina
Danilo Medina, Presidente de la República Dominicana
Por Susi Pola


El Nacional ​Martes 25 de noviembre

Distinguido Ciudadano Presidente:

Las dominicanas, acudimos a Ud. como último eslabón de la cadena que nos amarra a la injusticia y que ignora a la mitad de la población, las mujeres. Así lo ha decidido un Congreso empachado de poder para sí mismo, androcéntrico, corrupto y libre de culpa, al votar una reforma al Código Penal que nos mantiene en el siglo XVIII.

El Congreso ha decidido que sigan muriendo mujeres con embarazos riesgosos para su vida; que niñas embarazadas forzosamente, sea hasta por sus padres y familiares masculinos, alumbren hijos incestuosos y muchas, mueran en el intento, manteniendo el aborto absolutamente penalizado. También ha decidido, reconocer solo el feminicidio ejecutado dentro de la pareja, dejando fuera cerca de la tercera parte de las muertes violentas de mujeres por razones de género.

El ejercicio de la política en nuestro país, como hace 50 años, mantiene al funcionariado y militancias que lo apetecen, en permanente campaña electoral, aliando fuerzas con poderes fácticos que prometen y amenazan, auto amordazándose por conveniencia de un interés que nada tiene que ver con el desarrollo y crecimiento de la nación.

En ese sentido, el Estado dominicano desde el trípode del poder, ha sido administrado de manera pusilánime para las mujeres, mitad de la ciudadanía y mayoría de votantes del país, y como si fuera poco, mantenedoras de la economía de crisis, siendo 40% de los hogares totalmente sostenidos por mujeres, para otro tanto que aportan a los dirigidos por hombres, como obligación para sobrevivir.

La desigualdad ignorada por el Estado dominicano administrado, mantiene una llamada “democracia” de discriminación e injusticia, en violencia estatal contra las dominicanas. Al año, una media de 200 mujeres muertas por violencia machista; más de 180 muertas por causas asociadas a la maternidad; más de un cuarto de los embarazos, de adolescentes y un alto porcentaje, como fruto de violaciones; aumento en las violencias basadas en el género, contra mujeres y niñas, y violaciones sexuales; niñas atrapadas en un ejercicio de sexualidad con enfoque machista, sin educación sexual en las escuelas, jugando a una maternidad descontrolada y obligada; ministerios de Salud, de Educación, de Cultura y demás, totalmente insensibles al problema más grave de salud y de derechos humanos de la historia de la humanidad! Un panorama que requiere acciones inmediatas, no campañas y discursos de lamento, pero que no tiene eco en el quehacer nacional oficial y que un costoso Congreso para el pueblo, no siente como su responsabilidad.

Por todo esto, le pedimos a Ud., Sr. Presidente, nos recuerde y vete ese Código Penal que nos sentencia a muerte!

(En Santiago, en el Día Internacional de la NO ViolenciaContra la Mujer, 2014)




Las mujeres, y: ¿Por qué despenalizar el aborto? Por Susi Pola

Susi, María Jesús, Pola Zapico, feminista, abogada, activista por los derechos humanos, con énfasis a las mujeres, nos comenta sobre las consecuencias y el porqué hay que despenalizar el aborto para defender la vida y la salud de las mujeres. Las y los políticos dominicanos niegan los derechos sexuales y reproductivos aliándose con parte de las jerarquías de hombres machistas que desde algunas iglesias quieren controlar, dominar a las mujeres, como si fuésemos objetos reproductivos sin decisiones y libre albedrío. Leamos sobre la despenalización del aborto y sus porqués.

Mildred Dolores Mata

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En septiembre, el aborto

Por Susi Pola

Del Periódico El Nacional

El próximo 28, como conmemoración de la abolición de la esclavitud en Brasil, llamado el día del “vientre libre”, fue elegido en 1990, durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano, en Buenos Aires, Argentina, como fecha para exigir aborto legal y seguro para todas las mujeres de la región.

En América Latina, anualmente se realizan unos 3.700.000 abortos inseguros, de los cuales el 17% producen muertes maternas, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS). La mayoría de las interrupciones de embarazo no deseado, se realizan en condiciones de clandestinidad, sin información, con procedimientos inseguros que ponen en grave riesgo salud y vida de las mujeres.

De acuerdo a la Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir, CDD, “la alta tasa de mujeres que mueren por abortos inseguros, está vinculada entre otros factores, a la ausencia de políticas públicas integrales por parte de los Estados que permitan erradicar las violencias de género, la trata de personas, evitar la maternidad forzada o impuesta; y asimismo, permitan garantizar la educación integral de la sexualidad, el derecho a la información y el reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos como derechos humanos”.

A pesar de que en la región hay avances jurídicos que garantizan el aborto legal bajo causales o circunstancias, en nuestro país, al igual que en Chile, Nicaragua, El Salvador y Honduras, la penalización absoluta se mantiene, dificultando la atención médica de las mujeres que llegan al sistema de salud con abortos incompletos o complicados, y los que demandan una interrupción terapéutica para preservar la salud o la vida de la embarazada.

En Republica Dominicana, siendo un país que atiende a casi el 100% de las parturientas en instituciones hospitalarias, tenemos altas tasas de mortalidad materna asociadas a la baja calidad de los servicios en general, así como al patrón androcéntrico y patriarcal en el abordaje de la salud, y a la restricción absoluta del derecho a abortar. La misma Oficina Mundial de la Salud, promueve un enfoque de salud pública para intervenir el aborto inseguro, haciendo hincapié en la legalización del aborto, la capacitación del personal de salud y la garantía de acceso a los servicios de salud reproductiva y planificación familiar.

La intervención de las religiones, especialmente la jerarquía católica, con presión y chantaje sobre el débil cuerpo político y legislativo, mantiene un imaginario misógino que incide directamente en la mortalidad materna. Sin embargo, en septiembre de 2013, el Papa Francisco declaraba que, “si bien la religión tiene derecho de expresar sus opiniones, no debe “interferir espiritualmente” en la vida de las personas, sino respetar la dignidad de cada una, y acompañarlas a partir de su condición con misericordia”.

Las mujeres y la despenalización del aborto en República Dominicana. Por Zobeyda Cepeda

Zobeyda Cepeda, amorosamente, trata a la mujer y a su vientre, no la ve como un objeto sin decisión cuando por razones diversas para que prevalezca su vida y su salud mental tiene que hacerse un aborto. El 28 de septiembre es el día día Internacional a Favor de la Despenalización del Aborto.

Desnuda de manera incisiva la alianza entre sectores de las jerarquías religiosas, en específico para la República Dominicana, de la jerarquía católica con dictaduras para impòner una ideología anti mujeres por el machismo que prevalece en su liderazgo. Enumera los países de América Latina que tienen leyes que condenan el aborto absolutamente, y explica el contexto de dictadura y alianzas oportunistas entre políticos/as y jerarquías religiosas misóginas. Su artículo aparece en el periódico El Municipio. Acá el link, y más abajo lo reproduzco. MildredDM

http://www.elmunicipio.com.do/index.php/reflexiones/item/805-la-perversidad-anti-aborto

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La perversidad anti-aborto

Escrito por  Zobeyda Cepeda

Recordando la ley brasileña de vientres libres del año 1821, a través de la cual se reconocían como libres los hijos e hijas de esclavas una vez cumplieran los dieciocho años, el movimiento feminista latinoamericano y del Caribe ha designado el 28 de septiembre como día Internacional a Favor de la Despenalización del Aborto.

República Dominicana forma parte de un pequeño grupo latinoamericano que lo condena en todas sus formas: Chile, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Surinam.

Algunos de ellos tienen en común un perverso acuerdo con la iglesia católica confabulando la permanencia u obtención del poder político. Así lo hizo Pinochet en Chile en el 1989. Daniel Ortega, en sus pretensiones de regresar a la presidencia de Nicaragua pactó con la alta jerarquía eclesial de su país aprobar la prohibición total de resultar electo nueva vez.

El poder por el poder ha sido parte de la historia latinoamericana, y por supuesto la nuestra. Las dictaduras vividas centraron su represión en la muerte, persecuciones, torturas, desapariciones o presiones sicológicas hacia quienes luchaban por la democracia y enfrentaban los autoritarismos.

Superada esa época, los mecanismos de permanencia se han trasladado al discurso de la ética, moralidad religiosa y familista que han encontrado en el aborto y los cuerpos de las mujeres su razón de manipulación.

Desde estas lógicas, se mira la mujer que se encuentra en la necesidad de practicarse un aborto como la mala y perversa, incapaz de amar un niño o una niña. “La buena”, opta tenerlo independientemente del dolor que le cause la secuela de la violación, de las circunstancias que la llevan a tomar la decisión, al punto de dejarla morir por no practicarlo.

Desde la misma lógica, se considera a la mujer una incapaz para tomar decisión sobre su vida y su cuerpo. Una veneración absurda de exaltación al sacrificio para ayudar a mantener en el poder a políticos incapaces, sin liderazgo propio, y religiosos sin discurso sustentado en sentido humano.

Aunque en nuestro país el aborto está sancionado desde que fuera promulgado el Código Penal en el 1884, cabe preguntarse su vinculación con el trujillismo ¿Son los actores que hoy se oponen a la despenalización los mismos que apoyaron la dictadura? ¿Despenalizar el aborto a favor de la vida y la salud de la mujer significa romper con esos remanentes?

Tarea para la democracia y para quienes demuestren haberse despojado del miedo, confrontando la perversa oposición a la despenalización del aborto.

Susi Pola demanda al Senado incluya el feminicidio y el aborto terapéutico en el Código Penal

Susi Pola
Susi Pola escribe al Senado pidiendo que el Código Penal se reconozca el feminicidio y el aborto terapéutico.

Pienso que un Estado democrático y  un Senado igual,  deben  libres,  deben velar porque se respete la libertad de conciencia, y a todas las religiones y a todas las esperitualidades no religiosas: un Estado laico.

No a una imposición del machismo anti mujeres que predomina en la jerarquía de la religión Católica Dominicana y a la que parece que algunos/as senadores parece estar atados por creer que es la conveniencia para mantener poder, al margen del pueblo llano dominicano, que en su mayoría rechaza el feminicidio y que cree que la mujer debe tener conciencia y libertad de decidir sobre interrumpir un embarazo en Estado de Necesidad o aborto terapéutico, en caso de incesto y de violaciones. Las mujeres espero que cada vez más tengamos más peso en algunos cálculos políticos. Mildred DMata
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 Al Senado de la República
Publicado el 17 de junio del 2014

    Por Susi Pola susipola@gmail.com

Honorables senadores y senadoras.

 La semana pasada, supimos que en plena segunda lectura de la propuesta del Código Penal en esa Cámara Alta, la presidencia recibió una copia de los artículos referidos al feminicidio y al aborto, con sendos comentarios adversos y recomendación de excluirlos del documento, encaminada y con tutoría señalada al pie, del sacerdote que ejerce como Enlace del Poder Ejecutivo y la Iglesia Católica Dominicana.

La primera sorpresa fue saber que el Poder Ejecutivo tiene un enlace con la Iglesia Católica, otra de las ventajas que lleva esa institución religiosa, por encima del infausto Concordato, esta vez. La segunda sorpresa, refiere un intervencionismo de facto, históricamente practicado por la jerarquía católica, con la intriga y alevosía que caracterizan sus acciones detrás del poder, ambicionado, compartido y utilizado para sus propósitos.

Sin embargo, el Estado dominicano, no tiene que rendir cuentas a la Iglesia Católica o a cualquier otra, porque no es confesional y por definición constitucional, garantiza la libertad de conciencia y de cultos, es decir que, ministros, prelados, pastores y pastoras, pueden decir lo que les dé la gana y según su convicción, desde sus púlpitos.

Eso fue lo que hicieron en 2010 los curas católicos en sus homilías, cuando detractaron a los y las congresistas que votaron por la no inclusión de la coletilla “desde la concepción”, a la inviolabilidad de la vida del artículo 37 de la Constitución. Para entonces, la lista de los nombres de aquellos y aquellas congresistas, fueron colocadas en las puestas de las iglesias y publicadas en panfletos entregados a la feligresía. ¡No se olviden!

Esta vez, la jerarquía católica dominicana, manda su aviso directamente a la presidencia del Senado dominicano, para exigirles que se olviden de tipificar el feminicidio, un crimen altamente preocupante que mata a más de 200 dominicanas al año, porque dicen, es discriminante, ya que no existe “masculinicido”, mostrando una insensibilidad asombrosa y una ignorancia lastimosa. Además, conminan a que excluyan ustedes la parte in fine del artículo 90 de la propuesta de Código Penal, que libera de penalizar la interrupción del embarazo cuando es practicada por personal médico especializado en centros de salud, públicos o privados, como consecuencia de un estado de necesidad, en concordancia con el artículo 10 de la misma propuesta.

Es de un Senado, totalmente peledeísta, comprometido con las dominicanas a avanzar en el respeto a nuestros derechos, aún desde el mismo discurso del presidente Reinaldo Pared Pérez, recién pronunciado en su campaña preelectoral, que las mujeres en este país esperamos.


elnacional.com.do/al-senado-de-la-republica/

Código Penal y el aborto terapéutico. Demanda de Rosa Hernández, madre de Rosaura Almonte, Esperancita.

Se debate el Código Penal en República Dominicana, se quiere se permita el aborto terapéutico en tres causales: si la vida de la mujer corre peligro, en caso de violación e incesto. El Proyecto de Código Penal está en el Senado.

Uno de los casos más dolorosos y que cuestiona la negativa del aborto terapéutico es el de Rosaura Almonte, Esperancita.

El Proyecto de Código se debate, y Rosa Hernández, madre de Rosaura, pide una explicación del porqué no se le aplicó el aborto a su hija de inmediato. De haberse hecho hoy su alma no stuviese herida, confusa, indignada. Igual que cientos de miles de dominicanas y domincanos.

Desde el 15 de julio del año 2013, la señora Rosa Hernández, maestra, de Villa Altagracia, en República Dominicana, demanda explicación ante la muerte de su hija con leucemia a la que había que practicarle un aborto, pero fue aislada con el sacerdote Manuel Ruiz, y médicos, que han tenido poca claridad en las informaciones para explicar el porqué no aplicaron el aborto de inmediato, aún después de la muerte, a juicio de la madre.

¿Existen temores a ser condenados por practicar un aborto en el sector médico? La madre, sus amigas, la sociedad, las mujeres quieren claridad sobre el porqué perdió la vida Rosaura Almonte, Esperancita. Una pérdida de una hija ante una muerte y actuación debatible, una  discusión que continúa después de la muerte el 18 de agosto del 2012, un debate entre la ciencia, los derechos de la mujer  como prioritarios frente al cigoto, embrión o feto.

República Dominicana aún es de los escasos 7 países del mundo donde se niega el aborto terapéutico según el Código Penal que data del año 1884. Los restantes países son: El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Chile, Vaticano, y la República Dominicana.

La ciudadana Rosa Hernández demanda explicación a las y los que intervinieron posponiendo la aplicación de quimioterapia, cuando se le diagnosticó leucemia, cáncer en la sangre, queriendo priorizar que el feto no fuera afectado, cuando debieron hacer el aborto de inmediato. Murieron ambos.

Los médicos actuantes, el comité de bioética y sectores jerárquicos religiosos, la ultraderecha política dominicana tienen que dar explicaciones a las mujeres dominicanas, y a la madre de Rosaura Almonte, Esperancita, doña Rosa Hernández.

La Colectiva Mujer y Salud acompaña a la madre en este proceso.

Veamos la noticia:

Periódico 7 Días

El País
15 de julio del 2013
La madre de "Esperancita" busca que se haga justicia por la muerte de su hija

Santo Domingo, Natalio Mármol

Estoy aquí para que se haga justicia por la muerte de mi hija", afirmó en la mañana de este lunes Rosa Hernández, madre de Rosaura Almonte (Esperancita),  luego de informar que interpuso una querella contra los médicos del Hospital Docente SEMMA que atendieron a su hija, pues, sospecha, pudo tratarse de un homicidio por negligencia.

“Esperancita” falleció en agosto de 2012, “tras de un conjunto de malos actos médicos o negligencias médicas” explicó la abogada Wilmara Vásquez. Fue ingresada el 2 de julio al hospital, donde se le diagnosticó leucemia aguda y se identificó la presencia de un embarazo de siete semanas. Los doctores le negaron el tratamiento oportuno para no afectar el embarazo.

El 26 de julio, 24 días después, decidieron iniciar la quimioterapia pero rehusaron a interrumpir el embarazo, poniendo en un riesgo aún mayor la vida de la joven de 16 años. Las acciones fueron pocas y tardías, “Esperancita” murió el 17 de agosto de 2012.

    Entre las peticiones que se incluyen en la querella está la solicitud al Ministerio Público de que se realice un peritaje médico para evaluar el tratamiento recibido por “Esperancita”, de manera que se defina si se incurrió o no en negligencia médica como plantea la demandante.

El mismo día, su madre solicitó una autopsia al hospital, a lo que el personal médico le respondió que no se comportaba como "una buena madre dominicana", negándole así este derecho.

En rueda de prensa convocada por la Colectiva Mujer y Salud, Glenys De Jesús, quien junto a Vásquez lleva el caso de doña Rosa, explicó que el objetivo de la acción judicial es lograr que los hechos se esclarezcan y se tomen las medidas correspondientes "para que ninguna otra madre tenga que vivir lo que ella ha vivido".

Manifestó que los hechos relatados en la querella dan cuenta además de que no se le ofreció la información médica necesaria a la paciente y a los padres para que tomaran las decisiones necesarias sobre su enfermedad y tratamiento; y que el personal del hospital invadió su vida privada y familiar.

Puntualizó que este caso presenta los tres elementos constitutivos del delito de homicidio involuntario, descrito en el artículo 319 del Código Penal: “un hecho material de homicidio, la comisión de una falta y la relación de causa y efecto entre la falta y el homicidio o los golpes y heridas”.

Entre las peticiones que se incluyen en la querella está la solicitud al Ministerio Público de que se realice un peritaje médico para evaluar el tratamiento recibido por “Esperancita”, de manera que se defina si se incurrió o no en negligencia médica como plantea la demandante.

“Esperamos que el Ministerio Público inicie la investigación en el menor tiempo posible y que de curso a las solicitudes que se incluyen en la querella”, señaló De Jesús, de la organización Women's Link Worlwide.
http://www.7dias.com.do/index.php/noticias/144285/La_madre_de_Esperancita_busca_que_se_haga_justicia_por_la_muerte_de_su_hija#.UgzQXCfZnT8

Denise Paiewonsky defiende la educación sexual y la campaña de PROFAMILIA

Acá, Denise Paiewonsky, feminista, de la Colectiva Mujer y Salud, analiza la solicitud de Amparo para que se prohiba la campaña de PROFAMILIA.

mildred dolores mata
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http://www.colectivamujerysalud.org/index.php?option=com_content&view=article&id=322%3Auna-muestra-de-debilidad&catid=31%3Ageneral&Itemid=64

El sometimiento judicial a PROFAMILIA muestra la erosión del poder e influencia de la Iglesia en la sociedad dominicana

Por Denise Paiewonsky, Colectiva Mujer y Salud – 10 de mayo del 2013
Denise Paiewonsky, Colectiva Mujer y Salud


 Desde cualquier ángulo que se la vea, la decisión de la Iglesia católica de someter un recurso de amparo contra PROFAMILIA por su campaña a favor de los derechos sexuales y reproductivos luce como una muestra de debilidad, además de un error táctico. Ambas cosas son producto de la incapacidad que evidencia la Iglesia –tanto la universal como la dominicana- de entender e interpretar correctamente el contexto político, social y tecnológico actual, lo que la lleva a un accionar torpe que erosiona su influencia, su prestigio y su poder a un ritmo inimaginable hace apenas algunas décadas. El problema de fondo parece ser justamente la sobreestimación de su poder e influencia por parte de la jerarquía, que le impide reconocer hasta qué punto la Iglesia se ha debilitado en el mundo actual, aún en los países católicos.

 Consideremos, en primer lugar, ¿cuándo en la historia dominicana la Iglesia ha tenido que recurrir a tribunales para imponer su autoridad –o, mejor dicho, para reclamar que los tribunales impongan una autoridad eclesial que ella por sí misma ya no es capaz de imponer? Hasta hace algunas décadas, en países como el nuestro era impensable que una institución, ya fuera estatal o privada, promoviera abiertamente posiciones contrarias a la ortodoxia católica. El control social e ideológico de la Iglesia era tan completo –y la cultura democrática tan débil- que el espacio público simplemente no daba acceso a las disidencias, las cuales debían, en el mejor de los casos, canalizarse hacia los márgenes del mundillo intelectual o de las izquierdas semi-clandestinas.



Con las aperturas democráticas y el auge de los movimientos sociales de fines del siglo XX, las posiciones disidentes empiezan a demandar acceso a los espacios públicos, a los medios de comunicación, al mundo académico, etc., y la situación empieza a cambiar. Pero todavía durante algún tiempo la Iglesia dominicana pudo contar con que las élites de poder -sobre todo las que controlaban los partidos políticos y los medios de comunicación- se aplicaran la autocensura, primero en aras de “la moral pública”, y luego por temor a sufrir represalias eclesiásticas. Esta era la época en que la Comisión de Espectáculos Públicos rutinariamente prohibía la exhibición de películas consideradas ofensivas a la Iglesia, en que ninguna organización ‘seria’ ni persona prestante se atrevía a hablar públicamente de aborto terapéutico, en que los escándalos sexuales o financieros de la iglesia ni se mencionaban en los periódicos, etc. Ya en su ocaso, esta también fue la época de la timidez mediática en el manejo del caso del orfanato de San Rafael del Yuma (2005) y del chantaje político a los congresistas en el caso del Art. 30 (2009).

Pero para entonces en el país ya estaba explotando el uso de las nuevas tecnologías, y con la banda ancha, el celular y tuiter se le empezó a mover peligrosamente el piso a la Iglesia –tal como le pasó a todos los regímenes autoritarios, excepto que, a diferencia de Cuba o de China, la Iglesia no podía controlar los contenidos del internet o el acceso a las nuevas tecnologías. Y lo peor para la Iglesia es que la revolución tecnológica –y los cambios en las formas de hacer política que ésta trae consigo- ocurre tras varias décadas de empoderamiento progresivo de los movimientos sociales por los derechos de las mujeres, de la diversidad sexual, de niños y jóvenes, y de otros sectores tradicionalmente excluidos del ejercicio de derechos en los patriarcados autoritarios que la Iglesia durante tantos siglos fomentó y apoyó. Pero ya para entonces Juan Pablo II había consolidado la restauración pre-conciliar, como dice Hans Kung, y la Iglesia estaba en manos de octogenarios con visión decimonónica, lo que la dejaba ciega a las realidades del mundo contemporáneo e incapaz de adecuar sus estrategias –no digamos ya sus dogmas- a las nuevas circunstancias históricas y tecnológicas del siglo XXI.

 Es esta incapacidad de entender el contexto histórico actual, aferrándose por el contrario a su tradicional modelo de dominación monárquico-absolutista[1], lo que explica la increíble sucesión de errores cometidos por las altas jerarquías eclesiásticas en los últimos años, como demuestra el reciente enfrentamiento de los obispos con las monjas estadounidenses, una metida de pata de proporciones cósmicas que ha mermado los niveles de estima y respeto de la feligresía de ese país hacia sus autoridades eclesiásticas a niveles hasta hace poco impensables.

Pero por supuesto que los errores que más le han costado a la Iglesia en las últimas décadas son los relativos a su manejo de los escándalos de pedofilia, que han hecho añicos su autoridad moral y provocado una estampida de feligreses y de vocaciones a nivel mundial, pero sobre todo en los países con mayor desarrollo democrático, donde los tribunales y los medios de comunicación han podido ventilar con más libertad estos casos. La testarudez, por no decir arrogancia, con que las máximas autoridades de la Iglesia perseveraron durante años en el encubrimiento de los pedófilos, su culpabilización cobarde de la homosexualidad como causa última del problema, los intentos por minimizar la magnitud de los crímenes cometidos por clérigos y su impacto en las víctimas, junto a otras tácticas evasivas, nos pintan de cuerpo entero a una Iglesia que se sigue creyendo por encima de toda autoridad terrenal, como en la época en que los papas insistían en coronar a los emperadores y se creían impunes por derecho divino. Por eso les tomó tanto tiempo entender que no podían seguir manejando los escándalos de pedofilia y las finanzas del Banco Ambrosiano como si todavía gobernara Carlomagno y no estuviéramos en la época de los Vatileaks. Y por eso las medidas tardíamente adoptadas en ambos casos tienen un tufo tan grande a paño tibio[2].

La aparente decisión de la Iglesia de dar por perdida a Europa y a (la feligresía no hispana de) los EEUU, concentrando sus esfuerzos políticos y evangelizadores en América Latina y África, resulta una estrategia riesgosa que solo hace sentido si, como el avestruz, la Iglesia se rehúsa a entender que muchos de los procesos políticos y tecnológicos que llevaron a su progresivo derrumbe en los países desarrollados van a ser replicados en los próximos años en países como México, Brasil y Nigeria. Y, podríamos agregar, como República Dominicana, donde cada vez hay más indicaciones de que el Concordato ya no pone donde antes ponía y donde más temprano que tarde tendrán que desaparecer las Altas Cortes capaces de dictaminar que la continuada vigencia de ese adefesio jurídico no viola la garantía constitucional de igualdad ciudadana, como hizo la Suprema en el 2008.[3] ¿O es que nadie reparó en el hecho de que en la Encuesta Gallup-Hoy del pasado mes de abril la Iglesia católica quedó por primera vez relegada al tercer lugar entre las instituciones más valoradas por la ciudadanía, detrás de los medios de comunicación y ¡de las iglesias evangélicas![4]

 A la luz del análisis anterior, la decisión de la Iglesia de someter judicialmente a PROFAMILIA se evidencia como un error táctico cuyo impacto en la opinión pública podría resultarle tan costoso como el ocultamiento sistemático de los hechos de San Rafael del Yuma (incluyendo el misterioso fuego de la cárcel de Higuey, con sus 134 muertos), como la lucha eclesiástica a favor del Art. 30 y la posterior muerte de Esperancita, o como la recién divulgada adulación cardenalicia de tutumpotes que golpean a sus esposas. En efecto, el caso de Frank Jorge Elías es un ejemplo paradigmático de cómo las nuevas tecnologías de la comunicación les están cambiando las reglas de juego a la Iglesia. La ostentosa ceremonia de renovación de votos en la Catedral y las lisonjas del Cardenal han sido práctica rutinaria en la Iglesia, siempre tan apegada al poder político y económico. El hecho de que ahora el video de la ceremonia pudiera circular a la velocidad del rayo por el ciberespacio dominicano minutos después de que se conociera la denuncia de Sandra Kurdas dejó en posición muy comprometida al Cardenal y a su Iglesia.[5]

 Aunque la evaluación de los méritos jurídicos del recurso de amparo debe ser hecha por juristas, en lo que ésta llega no está de más señalar que los argumentos de la Iglesia lucen insostenibles, rayando en lo absurdo (violación del derecho de autoridad paterna, del derecho a la vida, a la no injerencia en el hogar, uso inapropiado de la imagen de menores). También la selección de juristas encargados de llevar el caso parece improvisada, visto que una simple búsqueda de Google revela que Edwin Grandell Capellán, el abogado que representará a la Conferencia del Episcopado Dominicano, fue inhabilitado por el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) en el 2010 por violación del Código de Ética de ese gremio.[6]

El momento elegido por la Iglesia para someter el recurso de amparo también resulta cuestionable, y no solo porque la autoridad moral de la Iglesia católica está pasando por uno de los peores períodos de su historia, sino porque: 1) la campaña mediática de PROFAMILIA se inició el 6 de febrero, o sea que la Iglesia esperó tres meses para actuar, permitiendo que las cuñas se divulgaran sin ninguna interferencia durante ese tiempo; 2) la duración de la campaña estaba en efecto pautada para tres meses, o sea que el sometimiento de la Iglesia tuvo lugar tres días después de que ésta finalizara! Esto significa que la acción de la Iglesia asegura la vigencia continuada de una campaña que ya concluía, exactamente el efecto contrario al deseado. También hay que suponer que, visto el intento de censura eclesial, es muy posible que las agencias de cooperación que originalmente financiaron la campaña (y hasta algunas otras) se sientan motivadas a patrocinar una segunda etapa o una prolongación de la misma.

En conclusión, que además de reflejar una merma de su hegemonía ideológica y de su poder político, que la obliga a recurrir a tribunales para obtener lo que antes no tenía ni que reclamar, la Iglesia está cometiendo torpezas dignas de un amateur, no de un actor político de su veteranía. La Iglesia no acaba de entender que las actitudes de la sociedad dominicana hacia el aborto terapéutico, el acoso sexual, la educación sexual científica en las escuelas, la anticoncepción, el embarazo adolescente, etc. se alejan cada vez más de la ortodoxia eclesial. Esta demanda judicial, en lugar de apuntalar su rol de árbitro moral de la sociedad dominicana, muestra a una Iglesia cada vez más de espaldas a la sociedad, que se encamina inexorablemente hacia la irrelevancia.


[1] La referencia es de nuevo a Kung, cuyo libro más reciente acaba de ser traducido al español. Ver la reseña del mismo publicada en Epistheme, 25 de abril, 2013. http://epistheme-tonydemoya.blogspot.com/2013/04/noticias-del-frente-patrimonial-072.html, de donde proceden las dos citas que siguen. Según Kung, “Este sistema de dominación se caracteriza por el monopolio del poder y la verdad, por el juridicismo, el clericalismo, la aversión a la sexualidad y la misoginia, así como por el empleo espiritual-antiespiritual de la violencia”.

[2] “…el sistema de encubrimiento de delitos sexuales de clérigos vigente durante años en el mundo entero estuvo dirigido por la romana Congregación para la Doctrina de la Fe, que el cardenal Joseph Ratzinger presidió entre 1981 y 2005 y que ya en tiempos de Juan Pablo II se hacía cargo bajo máximo secreto de este tipo de casos. Todavía el 18 de mayo de 2001 envió Ratzinger a todos los obispos una carta formal sobre delitos graves (Epistula de delictis gravioribus). En ella, los casos de abusos se ponen bajo secretum pontificum, cuya violación puede acarrear severas penas eclesiásticas. Esta circular no ha sido retirada hasta la fecha”. (Énfasis mío en la última frase).

 [3] No hay que pasar por alto que la misma Corte que dictó el fallo a favor del Concordato en octubre del 2008 fue la que dos meses más tarde emitió la igualmente vergonzosa sentencia en el caso de la Sun Land. Las dos sentencias pueden ser consultadas en: http://www.suprema.gov.do/sentscj/sentencia.asp?B1=VR&llave=117510006 (Concordato) http://www.suprema.gov.do/sentscj/sentencia.asp?B1=VR&llave=117710012 (Sun Land).

[4] Los porcentajes respectivos son: la prensa 71%, las iglesias evangélicas 66.2%, y la Iglesia Católica 63%. Ver http://www.hoy.com.do/el-pais/2013/4/23/477262/La-prensa-y-las-iglesiasmejor-valorados-por-la-gente

[5] La ‘majestuosa’ ceremonia puede ser vista en http://www.youtube.com/watch?v=lZfmEZrj0lQ

[6] Ver la noticia del 28 de enero del 2010 en http://www.hoy.com.do/el-pais/2010/1/28/311692/print

Ministra de la Mujer, Alejandrina Germán, plantea el aborto terapéutico en Código Penal

Alejandrina Germán, Ministra de la Mujer, plantea se debe despenalizar el aborto en el Código Penal en caso de que la vida de la mujer esté en peligro.

23 de Noviembre del 2012, 3:49 PM
Alejandrina Germán, Ministra de la Mujer de la República Dominicana

Sugiere incluir aborto terapéutico en el Código Penal
SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- El Ministerio de la Mujer solicitó a la Cámara de Diputados incluir en el Código Penal sometido a modificación, asuntos como el aborto cuando el feto ponga en riesgo la vida de la madre, el incesto y las causas agravantes del feminicidio.

La petición fue hecha por la ministra Alejandrina Germán, a través de la Comisión de Justicia de la cámara baja, que tiene a su cargo el estudio del proyecto de modificación de la legislación.

Entre otras sugerencias, Germán pidió que se tipifique la violencia “patrimonial y económica”, planteando que su compromiso es que haya un código protector de los derechos de la mujer, por lo que seguirá apoyando las demandas en ese sentido, de las organizaciones de la sociedad civil.

En la reunión participó Magda Rodríguez, presidenta de la Comisión de Equidad de Género, de la Cámara de Diputados.

Asimismo, el presidente de la Comisión de Justicia, Demóstenes Martínez, informó que hay planteado un consenso en torno a las modificaciones planteadas por la Comisión de Equidad de Género y los artículos sugeridos por el Ministerio de la Mujer.

http://www.7dias.com.do/app/article.aspx?id=130889

Diputadas y Diputados que votaron en contra del Proyecto de Código Penal en el que retroceden los derechos de las mujeres


Un Proyecto de Código Penal leído en primera lectura en la Cámara de Diputadas/os que penaliza el aborto en todas las circunstancias, penalizan todo tipo de aborto; agravando penas para el aborto; quitaron la violencia contra la mujer, y sólo dejando la violencia intrafamiliar, sólo aceptan el feminicidio íntimo; bajaron la pena del acoso sexual, y disminuyen la condena a hombres adultos que agredan sexualmente a menores, pudiendo subsanar con el matrimonio, entre otros aspectos.

Votaron en la primera lectura del Proyecto de Código Penal: 143 diputados/as: 129 a favor, 5 en contra y 9 no votaron

Los/as que votaron en contra, cuestionando el retroceso en los derechos de las mujeres, fueron:

Magda Rodríguez PLD
Guadalupe Valdez APD
Eugenio Cedeño Arache PRD
Hugo Tolentino PRD
Isabel de la Cruz Javier PLD


Magda Rodríguez, Diputada del PLD, de Santiago de los Caballeros

Guadalupe Valdez, Diputada Nacional de la APD,


Eugenio Cedeño Arache, Diputado del PRD, La Romana


Diputado Hugo Tolentino, del PRD.

Isabel de la Cruz Rodríguez, diputada del PLD, Provincia Santo Domingo, en Santo Domingo Este


Un Proyecto de Código Penal que despenalice el aborto y condene la violencia contra la mujer. Por Zobeyda Cepeda.

Zobeyda Cepeda, jurista, del Núcleo de Apoyo a la Mujer y del Foro Feminista, ofrece informaciones sobre las violaciones a la Constitución y a normativas internacionales con el Proyecyo de Código Penal que la Cámara de Diputadas y Diputados  leyó en Primera Lectura el 16 de octubre del 2012. Leamos.

Mildred Dolores Mata
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Por un Código Penal con reales garantías de derechos para las mujeres y las niñas

Escrito por  Zobeyda Cepeda

El Código Penal a ser aprobado en la Cámara de Diputados(as) debe responder a la Constitución de la República y a los convenios internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado. Caso contrario, el Estado se expondría a denuncias y condenas internacionales.

Al centro, Zobeyda Cepeda, abogada, jurista, feminista, integrante del Núcleo de Apoyo a la Mujer, del Foro Feminista, expone junto a Susi Pola, a la derecha, Manuela Isabel Vargas, a su izquierda, sobre los derechos humanos en riesgo, por cámara de Diputadas y Diputados, con un Proyecto de Código Penal que no retoma la violencia contra la mujer como indica la Constitución. Organizaciones e instiuciones de Santiago declaran: CMC, Casa Abierta, Fundación Vanessa, NAM, ODEMUD.


La Carta Magna condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas y compromete al Estado a garantizar mediante leyes las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. La norma constitucional reconoce las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, el trato desigual que reciben estas y que se ha traducido en violaciones a derechos humanos en el ámbito público y privado, desde la cotidianidad.

La derogación a la disposición del Código Penal vigente que contempla la violencia contra la mujer como una figura legal, conllevaría a la eliminación de garantías legales para las víctimas, que puedan conducir a efectivas sanciones: La mujer golpeada por su vecino podrá interponer denuncia en base a golpes y heridas, como lo puede hacer quien recibió un golpe o una herida en el colmadón o en la barra, la diferencia está en que la primera por su condición de mujer es vista y percibida por el vecino como un ser inferior a quien la sociedad de manera directa o indirecta le da permiso de controlar. De ahí la importancia de sancionar ese trato denigratorio diferenciado por los roles de género.

Las agravantes de las sanciones a la violencia doméstica o intrafamiliar solo se considerarían si la mujer muere, le queda como consecuencia una lesión permanente o si la incapacidad provocada es superada después de los noventa días. La disposición no deja parámetros para evaluar la violencia sicológica o emocional, por lo que desde la ley se organiza la impunidad.

Elaborto está sancionado en toda circunstancia, eliminando la posibilidad de que sea practicado en caso de violación sexual, incesto, o cuando la vida o la salud de la mujer corre peligro. Una prohibición que nos viene como herencia jurídica colonial de la Francia del siglo XVIII, impide que en el país el Ministerio de Salud pueda diseñar normas y protocolos para situaciones de emergencia que permitan salvar la vida de una mujer embaraza que se vea, por ejemplo, envuelta en un accidente automovilístico. Tal ausencia  pone en condiciones de vulnerabilidad a las mujeres al dejar a la libre determinación de profesionales de la medicina la intervención, violando con ello también el derecho a la vida de las mujeres como un derecho humano establecido en la Constitución y convenios internacionales de derechos humanos.

Como ratificador de la Convención para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Estado se comprometió a tomar medidas a nivel nacional para respetarla. El Comité que da seguimiento a su implementación ha sugerido al Estado mantener la tipificación de la violencia contra la mujer, no disminuir las penas en los casos de violencia doméstica o intrafamiliar, ofrecer servicios de aborto en el sector salud a las víctimas de violencia sexual o incesto, y en aquellos casos en que la vida o la salud de la mujer están en riesgo. El próximo año el Estado presentará VI y VII informe ante este Comité, el cual revisará el cumplimiento de las sugerencias hechas y la situación actual de los derechos de las mujeres.

De igual modo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el pasado mes de marzo recomendó al Estado revisar la legislación penal y prever excepciones a la penalización por razones terapéuticas o cuando el embarazo sea consecuencia de una violación sexual o incesto.

Las leyes, como elemento primordial de la formulación de la política, deben enviar un fuerte mensaje de respeto a la igualdad, y repudio a la injusticia, de lo contrario las políticas y programas al respecto se quedarán en intenciones y discursos. Mientras, las mujeres y niñas dominicanas continuarán en sus casas y en espacios públicos a merced de una sociedad permisiva a la violencia machista.

La Cámara de Diputados(as) tiene la responsabilidad de aprobar un Código Penal en apego a la Constitución de la República y los pactos internacionales de de derechos humanos ratificados por el Estado, que garanticen el disfrute de los derechos humanos de las mujeres en un orden social democrático. De no aprobar un documento coherente a  estos últimos, será fuertemente cuestionado, corriendo el riesgo de ser sancionado ante eventuales denuncias.


http://elmunicipio.com.do/index.php/reflexiones/item/167-por-un-código-penal-con-reales-garant%C3%ADas-de-derechos-para-las-mujeres-y-las-niñas.html

Amnistía Internacional pide la despenalización del aborto en República Dominicana. Citan la muerte de Rosaura Almonte, Esperancita

Acá, Amnistía Internacional pide la despenalización del aborto en República Dominicana, por la defensa de la salud y de la vida de las mujeres dominicanas. La comunicación está en  español y en inglés.

AMNISTÍA INTERNACIONAL

COMUNICADO DE PRENSA

23 de octubre 2012

República Dominicana: El Parlamento debe despenalizar el aborto

Los parlamentarios de la República Dominicana debe aprovechar un debate permanente en torno a la actual Código Penal y despenalizar el aborto, Amnistía Internacional dijo antes de la votación del miércoles.

Rosaura Almonte, Esperancita. Muere por las dificultades que ha introducido la penalización absoluta del aborto en el Código Penal en República Dominicana. La ciencia médica y las y los doctroes estáb mediatizados para ejercer la medicina en caso de que se tenga que interrumpir un embarazo. Se está pidiendo que se despenalice el aborto.

Artículo 90 del Código Penal prevé sanciones penales para las mujeres que buscan un aborto y para los que se proporcionan o ayudar a proveer él - sin importar las circunstancias, incluso si el embarazo es producto de violación o incesto o cuando la vida de las mujeres es peligro por seguir adelante con el embarazo.

"El código penal se vuela en la cara de la mujer y los derechos humanos de las niñas y mantiene una situación en la que profesionales de la salud no puedan proporcionar el mejor cuidado para sus pacientes", dijo Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.

"La penalización del aborto en todas las circunstancias, como se sostiene en la nueva legislación, viola los derechos de la mujer a la vida, la salud y no sufrir tortura o malos tratos y la discriminación y va en contra de los compromisos internacionales de derechos humanos asumidos por la República Dominicana".

Según la Organización Mundial de la Salud, la República Dominicana tiene una alta tasa de mortalidad materna. Algunas de estas muertes son resultado de abortos inseguros.

En agosto de 2012, Rosaura, una joven de 16 años de edad con leucemia murió de complicaciones causadas por un aborto involuntario. Ella había sido diagnosticada de leucemia a principios de julio de ese año, cuando estaba embarazada de unas pocas semanas. En ese momento, se le impidió tener un aborto terapéutico - según lo recomendado por diversos profesionales de la salud - porque era contra la ley. La quimioterapia también se retrasó ya que los médicos estaban preocupados de que podría dañar al feto.

"La evidencia muestra que cuando el aborto está totalmente prohibido, las tasas de mortalidad materna crecer porque los médicos son incapaces o temerosos de proporcionar tratamiento vital que tiene efectos sobre la salud para el embarazo, incluso cuando es la única manera de salvar al paciente", dijo Javier Zúñiga.

"Cualquier esfuerzo serio por parte de la República Dominicana para hacer frente a las altas tasas de mortalidad derivada de la maternidad debe incluir medidas para asegurar que las mujeres no mueren a causa de abortos inseguros."

"Lo que los parlamentarios de la República Dominicana debe hacer es escuchar a las demandas de una gran parte de la sociedad civil dominicana eficaz para proteger los derechos de las mujeres y las niñas. Esto incluye la despenalización del aborto, la protección de las mujeres y las niñas de la violencia de género, asegurando el acceso a la información para prevenir los embarazos no deseados, así como garantizar la justicia para las personas que sufrieron abusos ".


Amnistía Internacional

Para obtener más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con: Josefina Salomon, +44 7778 472 116, jsalomon@amnesty.org

En Inglés:

AMNESTY INTERNATIONAL
PRESS RELEASE

23 October 2012

Dominican Republic: Parliament must decriminalize abortion

Parliamentarians in the Dominican Republic must take advantage of an ongoing debate around the current Penal Code and decriminalize abortion, Amnesty International said ahead of a vote on Wednesday.

Article 90 of the Penal Code envisages criminal penalties for women who seek an abortion and for those who provide it or help provide it – regardless of the circumstances, including if the pregnancy was the result of rape or incest or if the life of the women is endangered by carrying on with the pregnancy.

”The proposed penal code flies on the face of women's and girls’ human rights and maintains a situation in which health professionals are prevented from providing the best care for their patients,” said Javier Zúñiga, Special Advisor at Amnesty International.

“The criminalization of abortion in all circumstances, as maintained in the new legislation, violates women’s rights to life, health and not to suffer torture or ill treatment and discrimination and it goes against international human rights commitments made by the Dominican Republic.”

According to the World Health Organization, the Dominican Republic has a high rate of maternal mortality. Some of these deaths are a result of unsafe abortions.

In August 2012, Rosaura, a 16-year-old girl with leukaemia died of complications caused by a miscarriage. She had been diagnosed as suffering from leukaemia in early July that year, when she was a few weeks pregnant. At that time, she was prevented from having a therapeutic abortion – as recommended by various health professionals – because it was against the law. Chemotherapy was also delayed as doctors were concerned it would harm the foetus.

“Evidence shows that when abortion is totally banned, the rates of maternal mortality grow because doctors are unable or fearful of providing life-saving treatment that has health impacts for the pregnancy, even when it’s the only way to save the patient,”said Javier Zúñiga.

“Any serious efforts by the Dominican Republic to tackle the high rates of maternal mortality needs to include measures to ensure women do not die because of unsafe abortions.”

“What parliamentarians in the Dominican Republic should do is to listen to the demands of large parts of Dominican civil society effectively to protect the rights of women and girls. This includes decriminalizing abortion, protecting women and girls from gender-based violence, ensuring access to information to prevent unwanted pregnancies, as well as ensuring justice for those who suffered abuse.”

For more information or to arrange an interview, please contact: Josefina Salomon, +44 7778 472 116, jsalomon@amnesty.org

Foro Feminista rechaza retroceso del Proyecto de Código Penal en la Cámara de Diputadas/os

Soy integrante del Foro Feminista. Acá lo que opinamos sobre el Proyecto de Código Penal leído en primera lectura en la Cámara de Diputadas y Diputados el 16 de Octubre del 2012 en la República Dominicana. Explicamos los derechos de las mujeres que se violentan y los retrocesos que implican este Proyecto de Código Penal. El próximo miércoles 24 hay una protesta frente al Congreso a las 8:30 PM.

Mildred Dolores Mata

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FORO FEMINISTA 

RECHAZAMOS  DISPOSICIONES DEL PROYECTO DE CODIGO PENAL  
 DEMANDAMOS RESPETO A DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES


El Foro Feminista y las organizaciones de mujeres aquí presentes declaramos como inaceptables, por inconstitucionales y desconocedoras de derechos humanos, disposiciones fundamentales contenidas en el Proyecto de Código Penal Dominicano aprobado en primera lectura el martes 16 de octubre por la Cámara de Diputados.
La compañera Alina Ramírez del Foro Feminista lee la nota de prensa que aparece más abajo. La acompañan Lourdes Contreras, Sergia Galván, María Díaz, entre otras.
 El texto aprobado contiene artículos que representan retroceso y negación de derechos fundamentales de las mujeres, derechos que ya forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, como los consignados en la Ley 24-97 que introdujo modificaciones al Código Penal vigente. Ningún Estado que se precie de Democrático de Derecho, comprometido con la progresividad de los derechos humanos, puede permitirse echar para atrás en el reconocimiento y protección de esos derechos.

Eliminación de la sanción a la violencia de género contra las mujeres
En el texto de Código Penal en discusión se identifican importantes retrocesos respecto a la Ley 24-97 como la eliminación de la sanción a la violencia de género contra las mujeres. El resultado de esa mutilación es la restricción de ese tipo de violencia a la que se produce entre miembros de una familia, concepto que desconoce totalmente la realidad de violencia que enfrentan diariamente las mujeres en este país. Las alarmantes cifras de más de 62,374 denuncias de violencia de género e intrafamiliar reportadas en el año 2011 por la PGR, y las 5,657 denuncias por delitos sexuales contra mujeres, dan cuenta de esta realidad, todavía oculta y sub-registrada.  

Sólo considera grave la violencia intrafamiliar cuando se cause la muerte de la víctima, una incapacidad permanente o por más de 90 díasConstituye igualmente retrocesos con relación a la 24-97 la disposición que condiciona a “daños corporales de consideración” las circunstancias agravantes de la violencia doméstica o intrafamiliar.  Sólo se considera agravante cuando causa la muerte a la víctima, una incapacidad permanente o por más de 90 días.  En contraste, en la 24-97 las agravantes dependen de las circunstancias en que se comete el hecho, es decir, en presencia de niños/as, portando armas, coartando la libertad de la mujer, entre otras condiciones referidas a los hechos cometidos por el agresor y no a los daños ocasionados y verificables sólo en el cuerpo de la víctima. 

Reduce la pena al incesto
El  incesto en el texto de nuevo Código no establece la máxima pena para esta infracción, desconociendo con ello los graves daños y secuelas que deja en la vida de un niño o niña este tipo de abuso sexual, al tiempo que excluye de la tipificación del incesto la filiación adoptiva como posible vínculo entre la víctima y el autor/a del hecho.


Reduce la pena al acoso sexual
El acoso sexual se sanciona en este proyecto de Código Penal con un día a un año de prisión menor, y contrario a lo que sería necesario frente a las características y dimensión del problema en la sociedad dominicana, siguen las limitaciones para las mujeres con relación a la falta de compensación frente a la pérdida de trabajo y otras repercusiones del acoso sexual.

Encubre una violación sexual a una menor de edad
Dentro de las infracciones de la sección “puesta en peligro de los menores de edad”, se ubica el atentado sexual contra una persona menor de edad quien ha sido sustraída de la casa parental, castigándose ese hecho con una pena de dos a tres años de prisión menor. Esa sanción es diez veces más baja que la establecida para la violación de un/a menor de edad y la misma que se estipula para quien comete un robo simple.
El Femicidio y la penalización de aborto en todas las circunstancias:
Aunque incorpora la figura del femicidio, el nuevo proyecto de Código Penal lo restringe a la relación de pareja, con lo cual excluye  todos los asesinatos de mujeres que se producen por su condición de mujer fuera de ese vínculo. Datos de la PGR informan 1,382 casos de femicidios desde el año 2005 a noviembre del 2011. De este total, 660 fueron asesinatos de mujeres cometidos por hombres con quien la víctima no tuvo o tenía una relación de pareja.

Para culminar con el desapego del referido proyecto a las demandas de las organizaciones de mujeres, se mantiene la retrógrada criminalización del aborto, desatendiendo reclamos sostenidos y fundamentados de las mujeres por la eliminación de esas penas, en reconocimiento de una realidad de miles de dominicanas de escasos recursos que cada año arriesgan su salud y sus vidas con abortos clandestinos e inseguros. La penalización del aborto en todas las condiciones y etapas de la gestación constituye una violación a los derechos humanos de las mujeres: su derecho a la vida, a la salud, a la integridad personal, a la dignidad, a la libertad de conciencia y de cultos, derecho al libre desarrollo de la personalidad, entre otros.      

Todas estas omisiones, vacíos y distorsiones implican una violación a los convenios internacionales sobre derechos humanos de las mujeres ratificados por el Estado dominicano, así como a la misma Constitución de la República que en su Artículo 42 inciso 2) establece lo siguiente: Se condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas. El Estado garantizará mediante ley la adopción de medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Este mandato constitucional está siendo claramente transgredido por el proyecto de Código Penal.

Frente a todo lo anterior, demandamos de la Cámara de Diputados la protección de los derechos de las mujeres y de la niñez sancionando su violación en la ley penal, en cumplimiento del deber del Estado de garantizar la protección de los derechos de todas las personas, incluyendo a las mujeres quienes representan la mitad de la población dominicana.

Santo Domingo, 22 de octubre, 2012