Acá Matías Bosch facilita los datos que explican el apoyo del pueblo de Venezuela a la revolución Bolivariana, y elige democráticamente cada vez sus actuales autoridades y al chavismo.
Mildred Dolores Mata
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Unas preguntas sobre Venezuela
Matías Bosch
ALAI AMLATINA, 20/02/2014.- Los más trascendentales proyectos de redención humana, en búsqueda de la libertad y el bienestar, han sustentado sus posibilidades de éxito en el encuentro de la verdad.
Así, la Biblia retrata a Jesús señalando: “Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos; y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres”. En el mundo de las luchas independentistas de Nuestra América, Eugenio María de Hostos afirmó: “Dadme la verdad, y os doy el mundo. Vosotros, sin la verdad, destrozareis el mundo, y yo, con la verdad, con sólo la verdad, tantas veces reconstruiré el mundo cuantas veces lo hayáis vosotros destrozado”. Simón Bolívar, Libertador de América, fue, al respecto, categórico: “Nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza”; “la esclavitud es hija de tinieblas, un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción.”
Siguiendo el ideario de estos símbolos del bien, la justicia y la búsqueda de la felicidad para los pueblos, encontrar la verdad es para la Humanidad un asunto de supervivencia, o correr el peligro de caer en la destrucción, la esclavitud y la barbarie. Como el hallazgo de la verdad es fruto siempre de un esfuerzo de búsqueda inconforme, que depende de hacer las preguntas adecuadas para llegar a las respuestas necesarias y no a la ilusión o la fantasía, voy a sugerir tan sólo algunas preguntas que me parecen cruciales respecto del escenario actual en Venezuela:
1. ¿Por qué se dice que en Venezuela se sufre tan grave falta de alimentos que justifica destrozos e incendios, si fue uno de los cuatro países con menos hambre de América Latina en 2012 (de acuerdo con FAO y OMS), esto es inferior al 5%, y uno de los países con mayor índice de niños y jóvenes obesos? Siguiendo la lógica dominante, ¿Por qué no hay peores desmanes en un país hermano como Colombia, en el cual el hambre fue sufrida por el 12.6% de la población, es decir casi el triple que en Venezuela?
2. ¿Por qué si las causas de los destrozos, incendios y manifestaciones es la escasez de productos básicos, se observan acciones de tipo político y no pobladas y saqueos de tiendas y almacenes, que es lo normal y esperable cuando de carencia generalizada se trata, como en República Dominicana en 1984? ¿Por qué uno de los dirigentes opositores, Henrique Capriles, afirma que se debe a “falta de medicinas” si los avances en salud en Venezuela están entre los más destacados de la región?
3. ¿Por qué tanta violencia por supuesta “ausencia” o falta de acceso a comida si The Economist publicaba esta semana que la escasez sólo ha afectado a un 28% de los productos? ¿Por qué los mismos analistas no prevén algo igual en República Dominicana, país en el cual el Latinobarómetro detectó que alrededor del 70% de la población no tiene dinero suficiente para comprar la comida del mes?
4. ¿Por qué el epicentro de las protestas por la “escasez” es Plaza Altamira, en medio de urbanizaciones de clases acomodadas y habitantes con piel tan blanca, y no como es más lógico en barrios pobres y población mestiza, siendo Venezuela el país con mayor proporción de afro-descendientes de Sudamérica, exceptuando Brasil?
5. ¿Por qué Unesco reconoce a Venezuela como el quinto país con mayor matrícula universitaria del mundo, que ha crecido en más de un 800%, siendo alrededor del 75% educación superior pública, y sin embargo no se conoce una sola lucha del “movimiento estudiantil” actual para lograrlo, mientras hay “estudiantes" marchando contra "torturas" y por "comida"?
6. ¿Por qué si los estudiantes de la educación superior en Venezuela ya superan los 2 millones 600 mil (es decir, alrededor de nueve veces lo que existe en República Dominicana) las manifestaciones que se observan son más bien en forma de focos o grupos de decenas o, a lo sumo, cientos de personas? ¿Por qué si lo habitual y normal es que los estudiantes o sindicatos marchen por más bienes y servicios públicos, y leyes más democráticas y equitativas, los “estudiantes” que marchan en Venezuela lo han hecho por papel higiénico, defendiendo la propiedad privada sobre medios de prensa o negocios de consumo? ¿Por qué no se conoce aún el nombre de ninguna federación u organización estudiantil, ningún pliego de demandas ni el nombre de ninguno de sus más importantes dirigentes o miembros de directivas, y sí se conocen los nombres de connotados y antiguos líderes de la oposición partidista y electoral, involucrados en las acciones golpistas de 2002 y 2013?
7. ¿Por qué y quiénes producen las imágenes falsas de torturas, asesinatos y vejaciones posteriores a los confusos hechos del 12 de febrero de 2014, manipulando fotos de Chile, Europa o Siria para que aparezcan en las redes sociales y hasta en medios como CNN como si ocurriesen en Venezuela? ¿Qué liderazgo democrático y civilista se ha valido de algo así en la historia universal?
8. ¿Por qué si los bolivarianos y sus aliados han ganado las elecciones de 2012 y 2013, incluidas las municipales de diciembre recién pasado cuando obtuvieron el 55% de los votos y el 76% de las alcaldías, se habla de que el oficialismo es hoy “minoría? ¿Por qué se propone su renuncia como salida a “la crisis” o un referéndum revocatorio, fuera de todos los plazos y procedimientos legalmente establecidos para ello en la Constitución hecha con el propio liderazgo bolivariana? ¿Por qué se invoca la falta de diálogo si hace apenas dos meses se dio en Venezuela un encuentro histórico entre el Ejecutivo nacional y todos los alcaldes recién electos, incluyendo oficialistas y opositores, y por tanto con la participación de todos los partidos y posiciones? ¿Con quién se dialoga, quién dirige o lidera “la crisis”?
9. ¿Por qué el principal –y prácticamente único- vocero de las manifestaciones, supuestamente pacíficas y alentadas por la ineficiencia” del gobierno, es Leopoldo López, persona que no cuenta con ninguna representación salvo la de su minúsculo partido, y su llamado más importante es, desde hace meses, “sacar a quienes gobiernan”? ¿Por qué no usan las gobernaciones, alcaldías y curules en las Asambleas nacional y estatales para proponer un curso de acción pacífico y político, y por qué no canalizan a través de su enorme incidencia mediática las denuncias de “corrupción”, “fraude”, “totalitarismo”, “hambre y “represión” con pruebas contundentes e irrefutables –no por twitts ni cápsulas de Youtube- cómo sí hacían las oposiciones a Trujillo, Balaguer, Pinochet o Videla?
Y para terminar:
10. ¿Por qué en República Dominicana tienen tanto espacio las voces que acusan la “crisis” y el “caos” en Venezuela, sin dársele casi ninguna oportunidad a la paz y tranquilidad para escuchar a un Gobierno y un bloque de partidos que en un año y medio han ganado tres elecciones, y que encarnan el legado que, según el Presidente de la República Danilo Medina, ha sido con nuestro país “el sinónimo de la solidaridad”?
- Matías Bosch Carcuro, matias.bosch@gmail.com - @boschlibertario en Twitter
URL de este artículo: http://alainet.org/active/71472
En Venezuela: estudiantes ricos infiltrados por sujetos pagados
Acá Alejandro Fierro, español, analista político explica cómo las diferencias de clases sociales empujan las contradicciones actuales, queriendo dar un golpe de Estado a un gobierno elegido democráticamente.
Venezuela tiene que mejorar, pero junto al pueblo, no a volver a ser explotados por la oligarquía, que despilfarraba todo para sus lujos y extravagancias.
Mildred Dolores Mata
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¿Quiénes son los jóvenes venezolanos?
Por Alejandro Fierro* - Público.es
Los medios de persuasión de masas difunden estos días que la juventud de Venezuela es la que protagoniza las manifestaciones contra el Gobierno. Según este relato, los miles de chicos y chicas que, efectivamente, salen a las calles a protestar representarían el sentir de la totalidad de los jóvenes. El malestar que expresan por la inflación, la inseguridad o la supuesta ausencia de democracia se extendería a los más de siete millones y medio de venezolanos de entre 15 y 29 años.
Bajo estos términos, la imagen que describe la prensa es sumamente favorable para la oposición. Por un lado, unos muchachos que demandan un futuro mejor, con todas las connotaciones positivas que implica la juventud: rebeldía, libertad, fe, generosidad… Al otro extremo, las fuerzas policiales represoras al mando de un Ejecutivo, el chavista, satanizado hasta un punto grotesco.
Sin embargo, si este escenario es real, surge una pregunta. ¿Por qué el chavismo ha ganado 18 de las 19 elecciones celebradas desde 1998? Ya no cabe justificarlo en el carisma de Hugo Chávez. En los pasados comicios municipales de diciembre, a diez meses de su fallecimiento, la opción chavista triunfó con diez puntos de ventaja, una distancia impresionante después de tres lustros en el poder. Para quienes siguen anclados en la teoría del fraude electoral, cabe recordar que la limpieza de cada proceso ha sido acreditada por una nutrida observación extranjera y por la comunidad internacional. Esto comprende a jefes de Estado tan poco simpatizantes del chavismo como el colombiano Santos, el chileno Sebastián Piñera o el mexicano Peña Nieto. Hasta la delegación del Parlamento español validó la victoria de Nicolás Maduro en abril de 2013, con la firma de los dos representantes del Partido Popular incluida.
De ser cierto el relato de los medios internacionales sobre el hartazgo de la juventud, hace tiempo que el chavismo tendría que haber sido derrotado en las urnas, puesto que el 60% de la población venezolana tiene menos de 30 años.
La demoscopia puede arrojar alguna luz sobre tan extraño misterio. Recientemente se ha publicado la II Encuesta Nacional de la Juventud. Hacia veinte años que no se realizaba un estudio de estas características. Constituye un gigantesco esfuerzo –10.000 entrevistas personales a personas de entre 15 y 29 años de todo el país- para radiografiar a un sector de la población que poco tiene que ver con sus padres, dados los enormes cambios experimentados en las dos últimas décadas.
Los resultados distan mucho de la imagen de una juventud frustrada, pesimista ante el futuro, cansada de la falta de oportunidades y sedienta de una libertad que se les niega. El 90% cree que su titulación académica le brindará “muchas o bastantes posibilidades laborales”; un 93% sostiene que puede aspirar a un empleo mejor que el que tiene en la actualidad; un 98% continuará formándose, ya que piensa que los estudios le servirán para lograr un trabajo satisfactorio. Compárese esos índices con los de la España del 56% de desempleo juvenil y de los centenares de miles de nuestros universitarios que se preguntar para qué les han servido tantos años de estudio. Por el contrario, las respuestas de los venezolanos destilan optimismo acerca del porvenir.
Un 77% de los jóvenes señala que se quedará en su país, por tan sólo un 13% que afirma que se quiere marchar. Estos porcentajes refutan la propaganda mediática de que la juventud desea salir huyendo de Venezuela. Y en cuanto a la supuesta dictadura en la que se ha convertido el país, baste un dato esclarecedor: el 60% considera que el mejor sistema es el socialismo frente a un 21% que prefiere el capitalismo. A partir de estas evidencias científicas se comprende mejor por qué el chavismo encadena victoria tras victoria.
¿A quién representan entonces los jóvenes que protestan en Caracas y otras ciudades del país si no es a su mismo espectro de edad? Obviamente, a su clase social. Esto es, a las clases medias y medias altas, además de a la casta empresarial que sigue detentando un gigantesco poder. Y este sector es minoritario frente a las clases populares, que suponen más del 60% de la población.
Venezuela es un país tremendamente clasista, a pesar de que en la última década la desigualdad ha decrecido más que en ninguna otra nación de Latinoamérica, según Naciones Unidas. La división de clase se refleja también en lo racial y en lo geográfico, como se ha ratificado en las manifestaciones. La proporción de personas blancas ha sido abrumadora, aunque son tan sólo el 20% de una población que se caracteriza por la mezcla. Y el epicentro de las concentraciones se localiza en el eje La Castellana-Altamira-Palos Grandes-Sebucán, las zonas de Caracas donde el metro cuadrado es más caro. Para situar al lector español, sería como si salieran a manifestarse los vecinos del barrio de Salamanca de Madrid o de Pedralbes en Barcelona.
Lo que ocurre estos días en el país caribeño es el enésimo capítulo de la lucha de clases, esa que según el multimillonario estadounidense Warren Buffett la empezaron los ricos y la van ganando. En Venezuela comenzó hace cinco siglos y también la iniciaron los ricos. Ocurre que desde hace quince años acumulan derrota tras derrota.
*Periodista y miembro de la Fundación CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales), de España, con sede principal en Valencia.
Venezuela tiene que mejorar, pero junto al pueblo, no a volver a ser explotados por la oligarquía, que despilfarraba todo para sus lujos y extravagancias.
Mildred Dolores Mata
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¿Quiénes son los jóvenes venezolanos?
Por Alejandro Fierro* - Público.es
Los medios de persuasión de masas difunden estos días que la juventud de Venezuela es la que protagoniza las manifestaciones contra el Gobierno. Según este relato, los miles de chicos y chicas que, efectivamente, salen a las calles a protestar representarían el sentir de la totalidad de los jóvenes. El malestar que expresan por la inflación, la inseguridad o la supuesta ausencia de democracia se extendería a los más de siete millones y medio de venezolanos de entre 15 y 29 años.
Bajo estos términos, la imagen que describe la prensa es sumamente favorable para la oposición. Por un lado, unos muchachos que demandan un futuro mejor, con todas las connotaciones positivas que implica la juventud: rebeldía, libertad, fe, generosidad… Al otro extremo, las fuerzas policiales represoras al mando de un Ejecutivo, el chavista, satanizado hasta un punto grotesco.
Sin embargo, si este escenario es real, surge una pregunta. ¿Por qué el chavismo ha ganado 18 de las 19 elecciones celebradas desde 1998? Ya no cabe justificarlo en el carisma de Hugo Chávez. En los pasados comicios municipales de diciembre, a diez meses de su fallecimiento, la opción chavista triunfó con diez puntos de ventaja, una distancia impresionante después de tres lustros en el poder. Para quienes siguen anclados en la teoría del fraude electoral, cabe recordar que la limpieza de cada proceso ha sido acreditada por una nutrida observación extranjera y por la comunidad internacional. Esto comprende a jefes de Estado tan poco simpatizantes del chavismo como el colombiano Santos, el chileno Sebastián Piñera o el mexicano Peña Nieto. Hasta la delegación del Parlamento español validó la victoria de Nicolás Maduro en abril de 2013, con la firma de los dos representantes del Partido Popular incluida.
De ser cierto el relato de los medios internacionales sobre el hartazgo de la juventud, hace tiempo que el chavismo tendría que haber sido derrotado en las urnas, puesto que el 60% de la población venezolana tiene menos de 30 años.
La demoscopia puede arrojar alguna luz sobre tan extraño misterio. Recientemente se ha publicado la II Encuesta Nacional de la Juventud. Hacia veinte años que no se realizaba un estudio de estas características. Constituye un gigantesco esfuerzo –10.000 entrevistas personales a personas de entre 15 y 29 años de todo el país- para radiografiar a un sector de la población que poco tiene que ver con sus padres, dados los enormes cambios experimentados en las dos últimas décadas.
Los resultados distan mucho de la imagen de una juventud frustrada, pesimista ante el futuro, cansada de la falta de oportunidades y sedienta de una libertad que se les niega. El 90% cree que su titulación académica le brindará “muchas o bastantes posibilidades laborales”; un 93% sostiene que puede aspirar a un empleo mejor que el que tiene en la actualidad; un 98% continuará formándose, ya que piensa que los estudios le servirán para lograr un trabajo satisfactorio. Compárese esos índices con los de la España del 56% de desempleo juvenil y de los centenares de miles de nuestros universitarios que se preguntar para qué les han servido tantos años de estudio. Por el contrario, las respuestas de los venezolanos destilan optimismo acerca del porvenir.
Un 77% de los jóvenes señala que se quedará en su país, por tan sólo un 13% que afirma que se quiere marchar. Estos porcentajes refutan la propaganda mediática de que la juventud desea salir huyendo de Venezuela. Y en cuanto a la supuesta dictadura en la que se ha convertido el país, baste un dato esclarecedor: el 60% considera que el mejor sistema es el socialismo frente a un 21% que prefiere el capitalismo. A partir de estas evidencias científicas se comprende mejor por qué el chavismo encadena victoria tras victoria.
¿A quién representan entonces los jóvenes que protestan en Caracas y otras ciudades del país si no es a su mismo espectro de edad? Obviamente, a su clase social. Esto es, a las clases medias y medias altas, además de a la casta empresarial que sigue detentando un gigantesco poder. Y este sector es minoritario frente a las clases populares, que suponen más del 60% de la población.
Venezuela es un país tremendamente clasista, a pesar de que en la última década la desigualdad ha decrecido más que en ninguna otra nación de Latinoamérica, según Naciones Unidas. La división de clase se refleja también en lo racial y en lo geográfico, como se ha ratificado en las manifestaciones. La proporción de personas blancas ha sido abrumadora, aunque son tan sólo el 20% de una población que se caracteriza por la mezcla. Y el epicentro de las concentraciones se localiza en el eje La Castellana-Altamira-Palos Grandes-Sebucán, las zonas de Caracas donde el metro cuadrado es más caro. Para situar al lector español, sería como si salieran a manifestarse los vecinos del barrio de Salamanca de Madrid o de Pedralbes en Barcelona.
Lo que ocurre estos días en el país caribeño es el enésimo capítulo de la lucha de clases, esa que según el multimillonario estadounidense Warren Buffett la empezaron los ricos y la van ganando. En Venezuela comenzó hace cinco siglos y también la iniciaron los ricos. Ocurre que desde hace quince años acumulan derrota tras derrota.
*Periodista y miembro de la Fundación CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales), de España, con sede principal en Valencia.
¿RD: Estado de derechos humanos para las y los homexuales??
El embajador de Estados Unidos, James Brewster, pretende ser humillado, por ser casado con una pareja gay, dicen que el Nunico está metido en esa acción y han suspendiendo una actividad protocolar del mundo de las relaciones dipomáticas, para que este no pueda asistir.
República Dominicana parece no poder estar a la altura del mundo de los Derechos Humanos.
Veamos el análisis de la Colectiva Mujer y salud
Mildred Dolores Mata
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Declaración de la Colectiva Mujer y Salud ante una inaceptable violación de derechos
En el día de ayer se divulgó la carta enviada por el Nuncio Papal a los jefes de misiones diplomáticas en la República Dominicana con el propósito de justificar la pretendida exclusión del esposo del Embajador Brewster del coctel de año nuevo que el cuerpo diplomático tradicionalmente ofrece al Jefe de Estado (ver Acento, febrero 18, “Suspenden coctel en honor de Danilo Medina por no invitar al esposo de Brewster”).
Esto ocurre en medio del bochornoso affair Grimaldi que tan mal parados ha dejado a la Cancillería y al gobierno dominicanos, aparentemente incapaces de imponer su autoridad ante un funcionario insubordinado cuyos actos lesionan gravemente los intereses del país. Ambas situaciones suscitan serios cuestionamientos políticos y jurídicos sobre la relación Estado-Iglesia y sobre el auge del extremismo de derechas en el país.
Consideremos, en primer lugar, que al Nuncio le cabe la prerrogativa de organizar el homenaje al Jefe de Estado en su condición de Decano del Cuerpo Diplomático, un privilegio concedido a la Iglesia por el artículo 2 del Concordato trujillista de 1954. ¿Hay alguna razón válida para que este adefesio jurídico siga vigente más de cincuenta años después de la muerte del tirano, en un país que se dice laico y que consagra la igualdad de derechos ciudadanos en su Constitución?
Aunque el Estado dominicano no es responsable directo del proceder ofensivo e injurioso del Nuncio ante el Embajador de EEUU, sí le cabe una responsabilidad indirecta en tanto y en cuanto es el Estado dominicano el que le impone a los representantes diplomáticos la autoridad privilegiada del Nuncio. Fue justamente el rechazo de muchos de estos diplomáticos al atropello perpetrado por el Nuncio contra Brewster lo que obligó a cancelar el coctel de Año Nuevo, lo que a su vez suscita otros cuestionamientos en torno a la diplomacia homofóbica que se practica en la República Dominicana, en particular: ¿Qué implicaciones pueden tener el affair Grimaldi y el Coctelgate para nuestras relaciones diplomáticas con países que actualmente reconocen el matrimonio igualitario (como España, Argentina, Francia, Uruguay, Canadá, Holanda, Brasil, etc.), así como los que en el futuro próximo lo reconocerán?
La ofensiva homofóbica contra el Embajador de EEUU protagonizada en las últimas semanas por Grimaldi y por el Nuncio (como antes por el Cardenal, que formuló declaraciones horripilantes en ocasión de la designación de Brewster) debe ser analizada en el contexto más amplio del auge actual de la ultraderecha en el país, así como de los vínculos de estos sectores con la jerarquía eclesial.
Recordemos el rol protagónico jugado por el Cardenal en la apología y defensa de todas las formas de extremismo de derechas, como la sentencia 168-13 y el programa de desnacionalización de los dominicanos de ascendencia haitiana, los asesinatos extrajudiciales perpetrados por la policía contra delincuentes de clase baja, y la prohibición del aborto terapéutico y la educación sexual escolar, entre otras.
El affair Grimaldi retrata de cuerpo entero la impotencia del Estado dominicano ante el poder político descontrolado de la Iglesia, que por momentos actúa como un Estado paralelo cuya autoridad nadie se atreve a cuestionar. Por eso, mientras los representantes del Estado dominicano ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas afirman la política de protección de los derechos ciudadanos de las personas LGTB, su embajador ante la Santa Sede se burla del matrimonio de Brewster y lo acusa de conspirar contra el Cardenal, para luego declararse en rebelión contra la autoridad estatal que lo desautoriza. ¿Cómo es que hechos tan graves como la insubordinación cum pataleta de Grimaldi no merecieron su inmediata cancelación? ¿Por qué nuestro embajador ante la Santa Sede se atreve a llegar a esos extremos, sin aparentemente tener que temer por su cargo?
¿Se hubiera atrevido la ultraderecha demencial lidereada por Vincho Castillo y sus hijos a clamar por el asesinato de Huchi Lora, Juan Bolívar Díaz, Mario Serrano y demás “traidores de la patria” si no contara con la legitimación y la protección política del Cardenal? ¿Seguirán los obispos dominicanos protegiendo y encubriendo pederastas con sotana sin que la autoridad judicial haga más que agradecer hipócritamente su “colaboración”? ¿Mantendrán las autoridades su actitud pusilánime frente al tema de la educación sexual escolar a pesar de las elevadísimas tasas de embarazo adolescente, que atentan contra el desarrollo socio-económico del país? ¿Seguiremos siendo uno de solo seis países en el mundo que penalizan el aborto terapéutico, aún constituyendo esto una gravísima violación de derechos humanos?
Este ejercicio de poder sin cortapisas por parte de la Iglesia católica es una amenaza grave a la democracia dominicana y su frágil institucionalidad. No podemos aspirar a un país más justo, más desarrollado, más respetuoso de los derechos humanos, sin una separación real del poder estatal y el eclesiástico. Empecemos por la derogación del Concordato, condición imprescindible para la vigencia real del Estado laico.
Colectiva Mujer y Salud
19 de febrero, 2014
República Dominicana parece no poder estar a la altura del mundo de los Derechos Humanos.
Veamos el análisis de la Colectiva Mujer y salud
Mildred Dolores Mata
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Declaración de la Colectiva Mujer y Salud ante una inaceptable violación de derechos
En el día de ayer se divulgó la carta enviada por el Nuncio Papal a los jefes de misiones diplomáticas en la República Dominicana con el propósito de justificar la pretendida exclusión del esposo del Embajador Brewster del coctel de año nuevo que el cuerpo diplomático tradicionalmente ofrece al Jefe de Estado (ver Acento, febrero 18, “Suspenden coctel en honor de Danilo Medina por no invitar al esposo de Brewster”).
Esto ocurre en medio del bochornoso affair Grimaldi que tan mal parados ha dejado a la Cancillería y al gobierno dominicanos, aparentemente incapaces de imponer su autoridad ante un funcionario insubordinado cuyos actos lesionan gravemente los intereses del país. Ambas situaciones suscitan serios cuestionamientos políticos y jurídicos sobre la relación Estado-Iglesia y sobre el auge del extremismo de derechas en el país.
Consideremos, en primer lugar, que al Nuncio le cabe la prerrogativa de organizar el homenaje al Jefe de Estado en su condición de Decano del Cuerpo Diplomático, un privilegio concedido a la Iglesia por el artículo 2 del Concordato trujillista de 1954. ¿Hay alguna razón válida para que este adefesio jurídico siga vigente más de cincuenta años después de la muerte del tirano, en un país que se dice laico y que consagra la igualdad de derechos ciudadanos en su Constitución?
Aunque el Estado dominicano no es responsable directo del proceder ofensivo e injurioso del Nuncio ante el Embajador de EEUU, sí le cabe una responsabilidad indirecta en tanto y en cuanto es el Estado dominicano el que le impone a los representantes diplomáticos la autoridad privilegiada del Nuncio. Fue justamente el rechazo de muchos de estos diplomáticos al atropello perpetrado por el Nuncio contra Brewster lo que obligó a cancelar el coctel de Año Nuevo, lo que a su vez suscita otros cuestionamientos en torno a la diplomacia homofóbica que se practica en la República Dominicana, en particular: ¿Qué implicaciones pueden tener el affair Grimaldi y el Coctelgate para nuestras relaciones diplomáticas con países que actualmente reconocen el matrimonio igualitario (como España, Argentina, Francia, Uruguay, Canadá, Holanda, Brasil, etc.), así como los que en el futuro próximo lo reconocerán?
La ofensiva homofóbica contra el Embajador de EEUU protagonizada en las últimas semanas por Grimaldi y por el Nuncio (como antes por el Cardenal, que formuló declaraciones horripilantes en ocasión de la designación de Brewster) debe ser analizada en el contexto más amplio del auge actual de la ultraderecha en el país, así como de los vínculos de estos sectores con la jerarquía eclesial.
Recordemos el rol protagónico jugado por el Cardenal en la apología y defensa de todas las formas de extremismo de derechas, como la sentencia 168-13 y el programa de desnacionalización de los dominicanos de ascendencia haitiana, los asesinatos extrajudiciales perpetrados por la policía contra delincuentes de clase baja, y la prohibición del aborto terapéutico y la educación sexual escolar, entre otras.
El affair Grimaldi retrata de cuerpo entero la impotencia del Estado dominicano ante el poder político descontrolado de la Iglesia, que por momentos actúa como un Estado paralelo cuya autoridad nadie se atreve a cuestionar. Por eso, mientras los representantes del Estado dominicano ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas afirman la política de protección de los derechos ciudadanos de las personas LGTB, su embajador ante la Santa Sede se burla del matrimonio de Brewster y lo acusa de conspirar contra el Cardenal, para luego declararse en rebelión contra la autoridad estatal que lo desautoriza. ¿Cómo es que hechos tan graves como la insubordinación cum pataleta de Grimaldi no merecieron su inmediata cancelación? ¿Por qué nuestro embajador ante la Santa Sede se atreve a llegar a esos extremos, sin aparentemente tener que temer por su cargo?
¿Se hubiera atrevido la ultraderecha demencial lidereada por Vincho Castillo y sus hijos a clamar por el asesinato de Huchi Lora, Juan Bolívar Díaz, Mario Serrano y demás “traidores de la patria” si no contara con la legitimación y la protección política del Cardenal? ¿Seguirán los obispos dominicanos protegiendo y encubriendo pederastas con sotana sin que la autoridad judicial haga más que agradecer hipócritamente su “colaboración”? ¿Mantendrán las autoridades su actitud pusilánime frente al tema de la educación sexual escolar a pesar de las elevadísimas tasas de embarazo adolescente, que atentan contra el desarrollo socio-económico del país? ¿Seguiremos siendo uno de solo seis países en el mundo que penalizan el aborto terapéutico, aún constituyendo esto una gravísima violación de derechos humanos?
Este ejercicio de poder sin cortapisas por parte de la Iglesia católica es una amenaza grave a la democracia dominicana y su frágil institucionalidad. No podemos aspirar a un país más justo, más desarrollado, más respetuoso de los derechos humanos, sin una separación real del poder estatal y el eclesiástico. Empecemos por la derogación del Concordato, condición imprescindible para la vigencia real del Estado laico.
Colectiva Mujer y Salud
19 de febrero, 2014
El matrimonio igualitario entre Homosexuales: ¡Loas! al embajador Brewster de Estados Unido en RD.
Susi Pola denuncia la homofobia del representante diplomático de la República Dominicana ante el Vaticano, señor Víctor Grimaldi, quien se quejó de una reunión sostenida por el embajador de Estados Unidos, JamesBrewster, Wally, con la comunidad de homosexuales, gays, lesbianas, bisexuales, transexuales. Y agradece el gesto de los Estados Unidos con permitirnos poder asimilar los derechos a la preferencias sexuales diferentes a la heterosexual, con una pareja empoderada, casada por el matrimonio igualitario, que se puede en otras soiedades.
¡A leer a Susi Pola!
Mildred Dolores Mata
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Agradecer a Brewster
Susi Pola
http://elnacional.com.do/agradecer-brewster/
A pesar de que leyes y acuerdos sobre protección de Derechos Humanos condenen la discriminación e intolerancia hacia los grupos LGTB –lesbianas, gays, trans y bisexuales- actores relevantes del funcionar nacional, manifiestan intransigencia y fanatismo hasta el mayor de los ridículos.
Esta vez, el Embajador Víctor Grimaldi, fue protagonista del irrisorio y grotesco incidente que afectó, al menos en compostura, al cuerpo diplomático internacional, cuando escribió una carta al mismo Papa de Roma, quejándose de la propia agenda del Embajador de Estados Unidos en el país, por haber recibido a una representación de alrededor de 15 organizaciones LGTB en su legación. Lo demás, se convirtió en un burdo sainete protagonizado por el embajador dominicano en la Santa Sede, siempre dejando constancia por escrito de la torpeza, cuando el gobierno dominicano lo desautorizó públicamente.
La R. Dominicana, nunca tendrá como agradecer a los Estado Unidos la oportunidad de crecer en conciencia como comunidad nacional, al enviar a nuestro país al Excmo. Señor Embajador James Wally Brewster y a su esposo. La reflexión desencadenada a raíz de la llegada de este matrimonio, es la mejor cosa que nos ha sucedido en años. Un antes y un después en el carnaval de las caretas que, obligatoriamente, el matrimonio Brewster nos ha obligado a quitar.
Sobre la discriminación de las agresiones homófobas en el mundo, vimos en las últimas semanas referencias de cruda violencia en Rusia testimoniando la peor cara de la radicalidad y levantando un clamor global contra la práctica. Pero estas acciones criminales no son las únicas.
Esteban Ibarra, cofundador del Movimiento contra la Intolerancia, organización nacida en España a raíz del asesinato de la dominicana Lucrecia Pérez, en noviembre de 1992, recordaba que la fobia a la homosexualidad, no tiene solamente una proyección sanguinaria como la vista en Rusia, por ejemplo, también está presente de forma continua y latente en nuestras sociedades de muy diversas maneras, y decía, “la difamación y el silencio que se otorga a la realidad de transexuales, lesbianas y gays, en el ámbito educativo, laboral y social, la tergiversación de su imagen alimentando prejuicios que presentan la homosexualidad como una degeneración o una enfermedad, la ocultación sistemática de imágenes positivas o la no equiparación de derechos que exigen, son también discriminaciones homófobas.
Es verdad que en nuestro país, máximas autoridades de intolerancia visceral, se dan el lujo de no creer en los derechos humanos, y decirlo con esa estúpida sinrazón de la gente entronizada en el poder absoluto, atrasada temporo espacialmente porque si y porque se le da la gana.
Y preguntamos, ¿Vamos a seguir aplaudiendo? O es que aquí, ¿no pasó nada?
¡A leer a Susi Pola!
Mildred Dolores Mata
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Agradecer a Brewster
Susi Pola
http://elnacional.com.do/agradecer-brewster/
A pesar de que leyes y acuerdos sobre protección de Derechos Humanos condenen la discriminación e intolerancia hacia los grupos LGTB –lesbianas, gays, trans y bisexuales- actores relevantes del funcionar nacional, manifiestan intransigencia y fanatismo hasta el mayor de los ridículos.
Esta vez, el Embajador Víctor Grimaldi, fue protagonista del irrisorio y grotesco incidente que afectó, al menos en compostura, al cuerpo diplomático internacional, cuando escribió una carta al mismo Papa de Roma, quejándose de la propia agenda del Embajador de Estados Unidos en el país, por haber recibido a una representación de alrededor de 15 organizaciones LGTB en su legación. Lo demás, se convirtió en un burdo sainete protagonizado por el embajador dominicano en la Santa Sede, siempre dejando constancia por escrito de la torpeza, cuando el gobierno dominicano lo desautorizó públicamente.
La R. Dominicana, nunca tendrá como agradecer a los Estado Unidos la oportunidad de crecer en conciencia como comunidad nacional, al enviar a nuestro país al Excmo. Señor Embajador James Wally Brewster y a su esposo. La reflexión desencadenada a raíz de la llegada de este matrimonio, es la mejor cosa que nos ha sucedido en años. Un antes y un después en el carnaval de las caretas que, obligatoriamente, el matrimonio Brewster nos ha obligado a quitar.
Sobre la discriminación de las agresiones homófobas en el mundo, vimos en las últimas semanas referencias de cruda violencia en Rusia testimoniando la peor cara de la radicalidad y levantando un clamor global contra la práctica. Pero estas acciones criminales no son las únicas.
Esteban Ibarra, cofundador del Movimiento contra la Intolerancia, organización nacida en España a raíz del asesinato de la dominicana Lucrecia Pérez, en noviembre de 1992, recordaba que la fobia a la homosexualidad, no tiene solamente una proyección sanguinaria como la vista en Rusia, por ejemplo, también está presente de forma continua y latente en nuestras sociedades de muy diversas maneras, y decía, “la difamación y el silencio que se otorga a la realidad de transexuales, lesbianas y gays, en el ámbito educativo, laboral y social, la tergiversación de su imagen alimentando prejuicios que presentan la homosexualidad como una degeneración o una enfermedad, la ocultación sistemática de imágenes positivas o la no equiparación de derechos que exigen, son también discriminaciones homófobas.
Es verdad que en nuestro país, máximas autoridades de intolerancia visceral, se dan el lujo de no creer en los derechos humanos, y decirlo con esa estúpida sinrazón de la gente entronizada en el poder absoluto, atrasada temporo espacialmente porque si y porque se le da la gana.
Y preguntamos, ¿Vamos a seguir aplaudiendo? O es que aquí, ¿no pasó nada?
Algunas ideas sobre la tolerancia.
A la convivencia humana donde podamos conservar la libertad, el respeto, el poder expresarnos, a todo esto, como sistema de vida, le venimos llamando democracia. Lo que implica poder decidir, poder participar.
Para vivir en democracia la tolerancia es esencial. Veamos la definición de Fernando Savater sobre la tolerancia:
“La tolerancia es la disposición cívica a convivir armoniosamente con personas de creencias diferentes y aun opuestas a las nuestras, así como con hábitos sociales o costumbres que no compartimos (…) implica soportar lo que nos disgusta: por supuesto, ser tolerante no impide formular críticas razonadas ni obliga a silenciar nuestra forma de pensar para no “herir” a quienes piensan de otro modo”. (Páginas 293 y 294).
Debemos ejercitarnos en saber vivir sin la aprobación de las demás personas, y no reaccionar con mucha emotividad ante las diferencias. Las personas seguras, con buena autoestima, son como, las y los buenos atletas, que pueden permanecer en dominio de sí mismo a pesar de los esfuerzos. Hay que lograr estar lo más calmado/a posible ante las diferencias. El autocontrol nos va ayudando a ser seguras/os, y viceversa.
Es recomendable respirar hondo, salir a caminar, "botar el golpe" como se dice y no responder con impulsividad cuando no estamos de acuerdo con otras personas.
“La tolerancia es de doble dirección, es decir, que el precio de no prohibir o impedir la conducta del prójimo tiene como contrapartida que éste se resigne a objeciones o bromas de quienes tienen preferencias distintas (…) lo que siempre debe ser respetado son las personas, no sus opiniones o sus comportamientos”. Ibid. Página 294.
La tolerancia exige un conjunto de instituciones que deben ser respetadas por todas y todos. Quienes las niegan, hostilizan, deben preparase para ser cuestionados, escuchar opiniones de quienes piensan diferente y eso es la democracia.
En RD y en el mundo se sufre un poco de poner adjetivos negativos a las personas que piensan diferente. Lo ideal es no ser muy susceptible ante las críticas. Si debemos aceptar que se nos pongan límites, siempre y cuando no somos dañinos en materia de derechos humanos, o sea que no respetemos la dignidad humana.
Debe haber coherencia con no ser intolerantes en privado con lo que no se tolera en lo público, para así disfrutar de respeto y de consideración, y aunque no tengamos ese respeto y esa consideración desde afuera, la tenemos de nosotras/os mismas/os.
Referencia bibliográfica:
Fernando Savater. Política para Amador. Ariel. Edición del 2012. España.
Para vivir en democracia la tolerancia es esencial. Veamos la definición de Fernando Savater sobre la tolerancia:
“La tolerancia es la disposición cívica a convivir armoniosamente con personas de creencias diferentes y aun opuestas a las nuestras, así como con hábitos sociales o costumbres que no compartimos (…) implica soportar lo que nos disgusta: por supuesto, ser tolerante no impide formular críticas razonadas ni obliga a silenciar nuestra forma de pensar para no “herir” a quienes piensan de otro modo”. (Páginas 293 y 294).
Debemos ejercitarnos en saber vivir sin la aprobación de las demás personas, y no reaccionar con mucha emotividad ante las diferencias. Las personas seguras, con buena autoestima, son como, las y los buenos atletas, que pueden permanecer en dominio de sí mismo a pesar de los esfuerzos. Hay que lograr estar lo más calmado/a posible ante las diferencias. El autocontrol nos va ayudando a ser seguras/os, y viceversa.
Es recomendable respirar hondo, salir a caminar, "botar el golpe" como se dice y no responder con impulsividad cuando no estamos de acuerdo con otras personas.
“La tolerancia es de doble dirección, es decir, que el precio de no prohibir o impedir la conducta del prójimo tiene como contrapartida que éste se resigne a objeciones o bromas de quienes tienen preferencias distintas (…) lo que siempre debe ser respetado son las personas, no sus opiniones o sus comportamientos”. Ibid. Página 294.
La tolerancia exige un conjunto de instituciones que deben ser respetadas por todas y todos. Quienes las niegan, hostilizan, deben preparase para ser cuestionados, escuchar opiniones de quienes piensan diferente y eso es la democracia.
En RD y en el mundo se sufre un poco de poner adjetivos negativos a las personas que piensan diferente. Lo ideal es no ser muy susceptible ante las críticas. Si debemos aceptar que se nos pongan límites, siempre y cuando no somos dañinos en materia de derechos humanos, o sea que no respetemos la dignidad humana.
Debe haber coherencia con no ser intolerantes en privado con lo que no se tolera en lo público, para así disfrutar de respeto y de consideración, y aunque no tengamos ese respeto y esa consideración desde afuera, la tenemos de nosotras/os mismas/os.
Referencia bibliográfica:
Fernando Savater. Política para Amador. Ariel. Edición del 2012. España.
Declaración sobre Desarrollo Sostenible del Grupo Mayor de Mujeres (DAWN) 8. febrero 2014
Declaración de DAWN para OWG 8 sobre el Desarrollo Sostenible
Contribución de DAWN sobre Equidad Social, Equidad de Género y Derechos Humanos de la Mujer
8 ª reunión del Grupo de Trabajo abierto sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible
Nueva York - febrero 2014
Para que el desarrollo sea sostenible para todos, es necesario para hacer frente a las desigualdades sociales dentro de los objetivos de desarrollo económico y social, y la sostenibilidad ambiental. Las desigualdades sociales son una fuente sistémica y recurrente de frecuencia desde hace mucho tiempo-construida socialmente la discriminación, la falta de poder y la privación que niega a las personas sus derechos humanos. Casi veinte años después de que los gobiernos acordaron por consenso en la Plataforma de Acción de Beijing, la discriminación y la desigualdad de género persiste en muchas sociedades, poniendo en peligro los derechos de las mujeres y las niñas a una vida feliz, sana y pacífica.
La desigualdad de género se expresa en diferentes dimensiones: económica, política, social y cultural. Para las mujeres en el Sur, es importante entender las fuentes inter-vinculados de esta injusticia. La pérdida de poder de las mujeres comienza en el nivel más íntimo y personal. La falta de control sobre sus cuerpos, la reproducción y la sexualidad, sus limitaciones dentro limitados roles socialmente atribuidos de madre y esposa, y su subordinación a los hombres dentro de los hogares son importantes para subrayar. Responsables de las políticas económicas siguen mostrando el sesgo a favor de un hombre proveedor y asumir que el "trabajador" es varón y tiene una "esposa" que tienden a la atención de la familia. En este modelo, las mujeres se supone que sólo traen los ingresos del hogar "suplementaria", a pesar de los datos de todo el mundo que muestran que las familias ahora dependen de dos perceptores de ingresos. Las mujeres siguen careciendo de igualdad de acceso y control sobre los recursos financieros y materiales, naturales y de otro tipo, así como frente a la discriminación y la segregación sostenida en los mercados laborales. Los factores de entrelazamiento de la familia, el parentesco y las estructuras sociales y las relaciones económicas sustentan la representación desigual de las voces de las mujeres tanto en el ámbito público y privado. Esto exacerba continua exclusión de la participación política y el liderazgo, y la persistencia de la violencia contra las mujeres y las niñas en el hogar, lugar de trabajo y los espacios públicos. La discriminación a través de leyes, basadas en los valores culturales y religiosos, que no son respetuosos de los derechos humanos siguen negando a las mujeres y niñas el acceso a la justicia, y de manera similar penalizar grupos sociales como los que tienen diversa orientación sexual e identidad de género, las personas que viven con VIH SIDA, las personas con discapacidad, las minorías y otros.
Destacamos aquí algunas de las fuentes y manifestaciones de la desigualdad entre los géneros más importantes en este período de globalización financiera. Identificamos las prioridades clave que los ODS debe tener en cuenta en la formulación de objetivos y metas específicas para superar las desigualdades sociales y la degradación del medio ambiente y para avanzar hacia una sociedad basada en los derechos más igualitarios, equitativos y humanos.
La desigualdad de género no es una consecuencia no deseada de un desarrollo económico . Por el contrario, está firmemente arraigada en la dinámica actual del capitalismo global. En este período de la especulación financiera depredadora y las crisis financieras y económicas recurrentes, abordar la desigualdad de género nos obliga a examinar y anticipar los impactos de la política y la regulación en los pobres macroeconómica. La economía política del desarrollo, el alcance y la composición del gasto público, las características de la recaudación de ingresos públicos, el impacto de las políticas del sector en el empleo, el perfil de las políticas sociales, todos ellos tienen lugar en un terreno de género, donde las mujeres siguen siendo en general económicamente subordinadas a los hombres y, por tanto, se ven afectados de manera diferente por la globalización impulsada por las finanzas.
La división sexual del trabajo (tanto remuneradas como no remuneradas), que está en la base de la desigualdad económica basada en el género, está cambiando demasiado despacio. Las mujeres siguen teniendo la mayor carga de trabajo no remunerado en todas las sociedades. Esto viola los derechos de las mujeres y afecta a su bienestar, y también impide a las mujeres participar plenamente en el mercado laboral. Así, las mujeres siguen siendo excesivamente representados en precario el trabajo de menores ingresos, como los servicios y la industria manufacturera que demasiado a menudo se encuentran en el sector informal, con las peores condiciones de trabajo y la protección social inexistente. La brecha salarial de género, mientras que el estrechamiento en algunos países, sigue siendo intensa y generalizada en el Sur económico. Grandes obstáculos para acceder a un trabajo digno también prevenir muchas mujeres, incluidos los trabajadores migrantes, de disfrutar de la protección social, mantenerlos excluidos de acceder a una variedad de beneficios, especialmente las pensiones en la vejez. Las mujeres, además, están siendo discriminados por las normas económicas, legales, sociales y culturales que limitan su acceso y control de los activos financieros y los recursos naturales, especialmente la tierra agrícola, la pesca y la acuicultura y que les impiden desarrollar sus propias empresas y económica estrategias que han demostrado ser más sostenible y compatible con la protección del medio ambiente.
Como resultado de ello, la pobreza sigue siendo profunda y casi inevitable para millones de mujeres y niñas en el Sur económico. Algunos gobiernos han respondido haciendo las beneficiarias principales de los programas de transferencias monetarias condicionadas (TMC). Si bien estos programas implican el acceso de las mujeres a los recursos financieros regulares que están vinculados a la salud y la educación de sus hijos, que están diseñados generalmente como un programa de alivio de la pobreza y sin ninguna vinculación con otros sectores, como el empleo y el desarrollo empresarial. Como tal, las TMC pueden acabar reforzando función de cuidado de la dependencia en el gobierno de las mujeres, mientras que al mismo tiempo moverlos más lejos del trabajo remunerado decente, y los medios de vida sostenibles.
Feminización de la migración también se explica por la feminización de la pobreza, el desarrollo de cadenas globales de cuidado y la sobreexplotación de las mujeres del Sur económico. Las mujeres migrantes y sus familias (especialmente niños dependientes y personas mayores) se encuentran entre los más vulnerables a la violación constante de sus derechos humanos más básicos.
La violencia sexual y de género sigue siendo persistente en todo el mundo. Las normas jurídicas y prácticas gubernamentales pueden a su vez reforzar las diferentes formas de violencia sexual y de género. Puede incluso no existir programas gubernamentales para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, o pueden en muchos casos ser financiado de manera insuficiente y de manera ineficiente en práctica, en parte debido a la resistencia de los hombres a partir de los miembros de la burocracia, la policía, el ejército y el poder judicial. La policía y las fuerzas de seguridad y los sistemas judiciales, que deben proporcionar la protección jurídica y la justicia para los sobrevivientes, han fracasado a menudo para responder a las necesidades de los sobrevivientes o insuficientemente trabajado para poner fin a la impunidad de los perpetradores de la violencia de género.
La falta de autonomía social, físico y sexual de las mujeres y las niñas es evidente en la negación de su salud y los derechos sexuales y reproductivos . La educación sexual integral es restringido y sexual y servicios de salud reproductiva son inaccesibles o inadecuados.Excesivamente altas tasas de embarazos no deseados en adolescentes, la mortalidad materna y la infección por el VIH / SIDA ponen de manifiesto la urgencia de abordar las necesidades insatisfechas de la calidad, servicios integrales e integrados de SSR, incluyendo la anticoncepción segura y eficaz, sobre todo para el 40% más pobre de la población, y el más grupos marginados y desfavorecidos, como las mujeres que viven en difícil acceso y las zonas rurales, las mujeres migrantes, las adolescentes, las mujeres y las niñas en situación de riesgo o que viven con el VIH / SIDA, las mujeres con discapacidad, las mujeres con diversa orientación sexual e identidad de género, las personas trans e intersexuales y personas indígenas.
Las mujeres también tienen acceso a la participación política y la toma de decisiones públicas . A pesar de algunos avances en la representación femenina a nivel parlamentario (debido principalmente a las cuotas y las estrategias de TSM), las mujeres todavía ocupan una proporción muy pequeña de los escaños electorales, de lo local a nivel nacional, con gran desnivel entre escenarios regional e internacional. En algunas regiones, todavía hay estados con pocos o ningún representantes de las mujeres en las legislaturas nacionales. Este es el resultado de las muchas restricciones que enfrentan las mujeres, incluida la discriminación sustantiva, la pesada carga de las responsabilidades familiares y sociales, el acceso limitado a la información y los recursos políticos, así como frente a muchas formas de violencia y acoso cuando corren para la oficina.
Con el fin de abordar con eficacia las desigualdades, en particular la desigualdad de género, los ODS debe colocar la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres en el centro, así como el corte a través de todas las dimensiones del marco posterior a 2015. La especificación de objetivos, metas e indicadores debe hacer lo siguiente:
1. Atender las bases estructurales y las fuentes de la desigualdad de género y la injusticia
Políticas Macroconomic, incluidos los gastos y los ingresos gubernamentales, fiscales, monetarias y comerciales, así como las políticas sectoriales (para la agricultura, la pesca y la acuicultura y otras industrias y servicios) deben ser compatibles con la equidad social y la igualdad de género, la sostenibilidad ambiental y humana objetivos de derechos. Es un error de aplicar políticas macroeconómicas que se centran en las tasas de crecimiento, el volumen del comercio y los objetivos financieros por sí solos y sin objetivos sociales y ambientales explícitas que tienen como objetivo, en primer lugar para mejorar la calidad de vida de las personas, y mantener un ecosistema sostenible. En particular, las inversiones económicas y las políticas públicas deben garantizar los derechos económicos y sociales de las personas, en lugar de ser impulsado por los intereses financieros de las grandes corporaciones.
El acceso a los bienes económicos debe ser democratizado. Para ello, la herencia, la propiedad y las reglas financieras y regulaciones normas deben revisarse y transformarse con el fin de hacer frente a barreras estructurales para el acceso de las mujeres a la toma de decisiones sobre los recursos económicos financieros, naturales y otros.
La inequidad y la desigualdad no se pueden abordar con sólo asistir a sus manifestaciones, pero no por atacar a sus fuentes más profundas. Redistribuir la riqueza, las oportunidades y el poder son acciones clave en este sentido. Para las mujeres, esto incluye la reducción de las cargas pesados y no equitativas de trabajo de cuidado no remunerado.
Todas las políticas públicas, incluidas las políticas macroeconómicas, deben ser evaluados por su impacto en la equidad e igualdad de género, y los datos y los sistemas estadísticos deben orientarse para esto.
La degradación ambiental daña seriamente los medios de vida de las personas y su propia supervivencia, y enormemente desafía la capacidad de las mujeres para alimentar y mantener a sus familias y comunidades. Ya no puede ser despedido u minimizó como una externalidad en el desarrollo social económico y los derechos humanos. El cambio climático, la acidificación del océano y el deterioro ambiental demandan un enfoque de desarrollo sostenible que reconoce los límites de la biosfera. Estos límites no pueden continuar siendo violados por económico y ambiental business-as-usual si somos colectivamente un paso atrás de los umbrales de la biosfera peligrosos y críticos o puntos de inflexión.
2. Transformar la división sexual del trabajo mediante la ampliación de los servicios de atención y redistribuir el trabajo remunerado y no remunerado
Se necesita un solo organización social más justa y de la atención con el fin de redistribuir las responsabilidades del cuidado y la carga de trabajo remunerado y no remunerado.Ampliar los servicios de atención de público y que sean accesibles a las necesidades de los diversos hogares, es un componente clave de cualquier estrategia de redistribución.
El valor económico del trabajo de cuidado no remunerado debe hacerse explícito y considerado en la contabilidad y las políticas macroeconómicas. La mejor manera de reconocer la contribución del trabajo no remunerado de cuidado para el desarrollo económico se debe adaptar a cada situación nacional.
Políticas de conciliación de la vida que debe fomentarse en todos los países y para todos los ciudadanos. Estos pueden incluir un horario flexible de trabajo, ampliación del permiso maternal, paternal y de los padres, los servicios de atención de la mejora y la adaptación de la organización del trabajo remunerado que permitan a hombres y mujeres a igual valor y realizar el trabajo de cuidado que las nuevas tecnologías hacen ahora posible. La duración y distribución del tiempo de trabajo deben revisarse a fin de ampliar las posibilidades de asignación de tiempo para el trabajo de cuidado, y la diversificación de la capacidad de las mujeres a dedicar tiempo tanto el trabajo remunerado y no remunerado.
3. Eliminar la discriminación de género persistentes en el mercado laboral y mejorar el acceso a, y la toma de decisiones sobre los recursos y los activos económicos
Mecanismos persistentes de discriminación de género en el mercado laboral deben ser removidos a través de una variedad de medidas, tales como: hacer cumplir las normas y las leyes que penalizan la segregación sexual y la discriminación por motivos de género en el trabajo, la adopción de marcos legales y la promoción de mecanismos de regulación concretas para el seguimiento y la implementación a fin de garantizar la igualdad de salario por igual trabajo, el suministro de incentivos para los empleadores para ampliar puestos de trabajo para las mujeres en los sectores donde la desigualdad de género es amplia, proporcionando incentivos y recursos de puesta en marcha de las empresas y la capacitación de las mujeres dirigidas por mujeres.
Instituciones de protección social deberían ser mejorados y ampliados, especialmente en países donde el trabajo informal representa una gran proporción del empleo total. Aquí, un piso de protección social basado en los derechos puede representar un marco innovador para avanzar en la protección social universal.
El acceso a los servicios sociales, incluida la atención sanitaria, educación, agua, saneamiento, vivienda, subsidios de transporte, energía, cuidado de niños y ancianos, se debe ampliar. La inversión social pública también debe garantizar la calidad de dichos servicios, así como su adaptación a las necesidades de las diversas mujeres y las niñas de todas las edades;
Las cuestiones de género y las necesidades de las mujeres deben ser incluidas en las agendas sindicales, y en los procesos de negociación colectiva.
4. Garantizar la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres como derechos humanos
Llevar a cabo las reformas legales con el fin de garantizar en forma urgente los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, especialmente las niñas y las mujeres, y sobre la base de la
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Contribución de DAWN sobre Equidad Social, Equidad de Género y Derechos Humanos de la Mujer
8 ª reunión del Grupo de Trabajo abierto sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible
Nueva York - febrero 2014
Para que el desarrollo sea sostenible para todos, es necesario para hacer frente a las desigualdades sociales dentro de los objetivos de desarrollo económico y social, y la sostenibilidad ambiental. Las desigualdades sociales son una fuente sistémica y recurrente de frecuencia desde hace mucho tiempo-construida socialmente la discriminación, la falta de poder y la privación que niega a las personas sus derechos humanos. Casi veinte años después de que los gobiernos acordaron por consenso en la Plataforma de Acción de Beijing, la discriminación y la desigualdad de género persiste en muchas sociedades, poniendo en peligro los derechos de las mujeres y las niñas a una vida feliz, sana y pacífica.
La desigualdad de género se expresa en diferentes dimensiones: económica, política, social y cultural. Para las mujeres en el Sur, es importante entender las fuentes inter-vinculados de esta injusticia. La pérdida de poder de las mujeres comienza en el nivel más íntimo y personal. La falta de control sobre sus cuerpos, la reproducción y la sexualidad, sus limitaciones dentro limitados roles socialmente atribuidos de madre y esposa, y su subordinación a los hombres dentro de los hogares son importantes para subrayar. Responsables de las políticas económicas siguen mostrando el sesgo a favor de un hombre proveedor y asumir que el "trabajador" es varón y tiene una "esposa" que tienden a la atención de la familia. En este modelo, las mujeres se supone que sólo traen los ingresos del hogar "suplementaria", a pesar de los datos de todo el mundo que muestran que las familias ahora dependen de dos perceptores de ingresos. Las mujeres siguen careciendo de igualdad de acceso y control sobre los recursos financieros y materiales, naturales y de otro tipo, así como frente a la discriminación y la segregación sostenida en los mercados laborales. Los factores de entrelazamiento de la familia, el parentesco y las estructuras sociales y las relaciones económicas sustentan la representación desigual de las voces de las mujeres tanto en el ámbito público y privado. Esto exacerba continua exclusión de la participación política y el liderazgo, y la persistencia de la violencia contra las mujeres y las niñas en el hogar, lugar de trabajo y los espacios públicos. La discriminación a través de leyes, basadas en los valores culturales y religiosos, que no son respetuosos de los derechos humanos siguen negando a las mujeres y niñas el acceso a la justicia, y de manera similar penalizar grupos sociales como los que tienen diversa orientación sexual e identidad de género, las personas que viven con VIH SIDA, las personas con discapacidad, las minorías y otros.
Destacamos aquí algunas de las fuentes y manifestaciones de la desigualdad entre los géneros más importantes en este período de globalización financiera. Identificamos las prioridades clave que los ODS debe tener en cuenta en la formulación de objetivos y metas específicas para superar las desigualdades sociales y la degradación del medio ambiente y para avanzar hacia una sociedad basada en los derechos más igualitarios, equitativos y humanos.
La desigualdad de género no es una consecuencia no deseada de un desarrollo económico . Por el contrario, está firmemente arraigada en la dinámica actual del capitalismo global. En este período de la especulación financiera depredadora y las crisis financieras y económicas recurrentes, abordar la desigualdad de género nos obliga a examinar y anticipar los impactos de la política y la regulación en los pobres macroeconómica. La economía política del desarrollo, el alcance y la composición del gasto público, las características de la recaudación de ingresos públicos, el impacto de las políticas del sector en el empleo, el perfil de las políticas sociales, todos ellos tienen lugar en un terreno de género, donde las mujeres siguen siendo en general económicamente subordinadas a los hombres y, por tanto, se ven afectados de manera diferente por la globalización impulsada por las finanzas.
La división sexual del trabajo (tanto remuneradas como no remuneradas), que está en la base de la desigualdad económica basada en el género, está cambiando demasiado despacio. Las mujeres siguen teniendo la mayor carga de trabajo no remunerado en todas las sociedades. Esto viola los derechos de las mujeres y afecta a su bienestar, y también impide a las mujeres participar plenamente en el mercado laboral. Así, las mujeres siguen siendo excesivamente representados en precario el trabajo de menores ingresos, como los servicios y la industria manufacturera que demasiado a menudo se encuentran en el sector informal, con las peores condiciones de trabajo y la protección social inexistente. La brecha salarial de género, mientras que el estrechamiento en algunos países, sigue siendo intensa y generalizada en el Sur económico. Grandes obstáculos para acceder a un trabajo digno también prevenir muchas mujeres, incluidos los trabajadores migrantes, de disfrutar de la protección social, mantenerlos excluidos de acceder a una variedad de beneficios, especialmente las pensiones en la vejez. Las mujeres, además, están siendo discriminados por las normas económicas, legales, sociales y culturales que limitan su acceso y control de los activos financieros y los recursos naturales, especialmente la tierra agrícola, la pesca y la acuicultura y que les impiden desarrollar sus propias empresas y económica estrategias que han demostrado ser más sostenible y compatible con la protección del medio ambiente.
Como resultado de ello, la pobreza sigue siendo profunda y casi inevitable para millones de mujeres y niñas en el Sur económico. Algunos gobiernos han respondido haciendo las beneficiarias principales de los programas de transferencias monetarias condicionadas (TMC). Si bien estos programas implican el acceso de las mujeres a los recursos financieros regulares que están vinculados a la salud y la educación de sus hijos, que están diseñados generalmente como un programa de alivio de la pobreza y sin ninguna vinculación con otros sectores, como el empleo y el desarrollo empresarial. Como tal, las TMC pueden acabar reforzando función de cuidado de la dependencia en el gobierno de las mujeres, mientras que al mismo tiempo moverlos más lejos del trabajo remunerado decente, y los medios de vida sostenibles.
Feminización de la migración también se explica por la feminización de la pobreza, el desarrollo de cadenas globales de cuidado y la sobreexplotación de las mujeres del Sur económico. Las mujeres migrantes y sus familias (especialmente niños dependientes y personas mayores) se encuentran entre los más vulnerables a la violación constante de sus derechos humanos más básicos.
La violencia sexual y de género sigue siendo persistente en todo el mundo. Las normas jurídicas y prácticas gubernamentales pueden a su vez reforzar las diferentes formas de violencia sexual y de género. Puede incluso no existir programas gubernamentales para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, o pueden en muchos casos ser financiado de manera insuficiente y de manera ineficiente en práctica, en parte debido a la resistencia de los hombres a partir de los miembros de la burocracia, la policía, el ejército y el poder judicial. La policía y las fuerzas de seguridad y los sistemas judiciales, que deben proporcionar la protección jurídica y la justicia para los sobrevivientes, han fracasado a menudo para responder a las necesidades de los sobrevivientes o insuficientemente trabajado para poner fin a la impunidad de los perpetradores de la violencia de género.
La falta de autonomía social, físico y sexual de las mujeres y las niñas es evidente en la negación de su salud y los derechos sexuales y reproductivos . La educación sexual integral es restringido y sexual y servicios de salud reproductiva son inaccesibles o inadecuados.Excesivamente altas tasas de embarazos no deseados en adolescentes, la mortalidad materna y la infección por el VIH / SIDA ponen de manifiesto la urgencia de abordar las necesidades insatisfechas de la calidad, servicios integrales e integrados de SSR, incluyendo la anticoncepción segura y eficaz, sobre todo para el 40% más pobre de la población, y el más grupos marginados y desfavorecidos, como las mujeres que viven en difícil acceso y las zonas rurales, las mujeres migrantes, las adolescentes, las mujeres y las niñas en situación de riesgo o que viven con el VIH / SIDA, las mujeres con discapacidad, las mujeres con diversa orientación sexual e identidad de género, las personas trans e intersexuales y personas indígenas.
Las mujeres también tienen acceso a la participación política y la toma de decisiones públicas . A pesar de algunos avances en la representación femenina a nivel parlamentario (debido principalmente a las cuotas y las estrategias de TSM), las mujeres todavía ocupan una proporción muy pequeña de los escaños electorales, de lo local a nivel nacional, con gran desnivel entre escenarios regional e internacional. En algunas regiones, todavía hay estados con pocos o ningún representantes de las mujeres en las legislaturas nacionales. Este es el resultado de las muchas restricciones que enfrentan las mujeres, incluida la discriminación sustantiva, la pesada carga de las responsabilidades familiares y sociales, el acceso limitado a la información y los recursos políticos, así como frente a muchas formas de violencia y acoso cuando corren para la oficina.
Con el fin de abordar con eficacia las desigualdades, en particular la desigualdad de género, los ODS debe colocar la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres en el centro, así como el corte a través de todas las dimensiones del marco posterior a 2015. La especificación de objetivos, metas e indicadores debe hacer lo siguiente:
1. Atender las bases estructurales y las fuentes de la desigualdad de género y la injusticia
Políticas Macroconomic, incluidos los gastos y los ingresos gubernamentales, fiscales, monetarias y comerciales, así como las políticas sectoriales (para la agricultura, la pesca y la acuicultura y otras industrias y servicios) deben ser compatibles con la equidad social y la igualdad de género, la sostenibilidad ambiental y humana objetivos de derechos. Es un error de aplicar políticas macroeconómicas que se centran en las tasas de crecimiento, el volumen del comercio y los objetivos financieros por sí solos y sin objetivos sociales y ambientales explícitas que tienen como objetivo, en primer lugar para mejorar la calidad de vida de las personas, y mantener un ecosistema sostenible. En particular, las inversiones económicas y las políticas públicas deben garantizar los derechos económicos y sociales de las personas, en lugar de ser impulsado por los intereses financieros de las grandes corporaciones.
El acceso a los bienes económicos debe ser democratizado. Para ello, la herencia, la propiedad y las reglas financieras y regulaciones normas deben revisarse y transformarse con el fin de hacer frente a barreras estructurales para el acceso de las mujeres a la toma de decisiones sobre los recursos económicos financieros, naturales y otros.
La inequidad y la desigualdad no se pueden abordar con sólo asistir a sus manifestaciones, pero no por atacar a sus fuentes más profundas. Redistribuir la riqueza, las oportunidades y el poder son acciones clave en este sentido. Para las mujeres, esto incluye la reducción de las cargas pesados y no equitativas de trabajo de cuidado no remunerado.
Todas las políticas públicas, incluidas las políticas macroeconómicas, deben ser evaluados por su impacto en la equidad e igualdad de género, y los datos y los sistemas estadísticos deben orientarse para esto.
La degradación ambiental daña seriamente los medios de vida de las personas y su propia supervivencia, y enormemente desafía la capacidad de las mujeres para alimentar y mantener a sus familias y comunidades. Ya no puede ser despedido u minimizó como una externalidad en el desarrollo social económico y los derechos humanos. El cambio climático, la acidificación del océano y el deterioro ambiental demandan un enfoque de desarrollo sostenible que reconoce los límites de la biosfera. Estos límites no pueden continuar siendo violados por económico y ambiental business-as-usual si somos colectivamente un paso atrás de los umbrales de la biosfera peligrosos y críticos o puntos de inflexión.
2. Transformar la división sexual del trabajo mediante la ampliación de los servicios de atención y redistribuir el trabajo remunerado y no remunerado
Se necesita un solo organización social más justa y de la atención con el fin de redistribuir las responsabilidades del cuidado y la carga de trabajo remunerado y no remunerado.Ampliar los servicios de atención de público y que sean accesibles a las necesidades de los diversos hogares, es un componente clave de cualquier estrategia de redistribución.
El valor económico del trabajo de cuidado no remunerado debe hacerse explícito y considerado en la contabilidad y las políticas macroeconómicas. La mejor manera de reconocer la contribución del trabajo no remunerado de cuidado para el desarrollo económico se debe adaptar a cada situación nacional.
Políticas de conciliación de la vida que debe fomentarse en todos los países y para todos los ciudadanos. Estos pueden incluir un horario flexible de trabajo, ampliación del permiso maternal, paternal y de los padres, los servicios de atención de la mejora y la adaptación de la organización del trabajo remunerado que permitan a hombres y mujeres a igual valor y realizar el trabajo de cuidado que las nuevas tecnologías hacen ahora posible. La duración y distribución del tiempo de trabajo deben revisarse a fin de ampliar las posibilidades de asignación de tiempo para el trabajo de cuidado, y la diversificación de la capacidad de las mujeres a dedicar tiempo tanto el trabajo remunerado y no remunerado.
3. Eliminar la discriminación de género persistentes en el mercado laboral y mejorar el acceso a, y la toma de decisiones sobre los recursos y los activos económicos
Mecanismos persistentes de discriminación de género en el mercado laboral deben ser removidos a través de una variedad de medidas, tales como: hacer cumplir las normas y las leyes que penalizan la segregación sexual y la discriminación por motivos de género en el trabajo, la adopción de marcos legales y la promoción de mecanismos de regulación concretas para el seguimiento y la implementación a fin de garantizar la igualdad de salario por igual trabajo, el suministro de incentivos para los empleadores para ampliar puestos de trabajo para las mujeres en los sectores donde la desigualdad de género es amplia, proporcionando incentivos y recursos de puesta en marcha de las empresas y la capacitación de las mujeres dirigidas por mujeres.
Instituciones de protección social deberían ser mejorados y ampliados, especialmente en países donde el trabajo informal representa una gran proporción del empleo total. Aquí, un piso de protección social basado en los derechos puede representar un marco innovador para avanzar en la protección social universal.
El acceso a los servicios sociales, incluida la atención sanitaria, educación, agua, saneamiento, vivienda, subsidios de transporte, energía, cuidado de niños y ancianos, se debe ampliar. La inversión social pública también debe garantizar la calidad de dichos servicios, así como su adaptación a las necesidades de las diversas mujeres y las niñas de todas las edades;
Las cuestiones de género y las necesidades de las mujeres deben ser incluidas en las agendas sindicales, y en los procesos de negociación colectiva.
4. Garantizar la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres como derechos humanos
Llevar a cabo las reformas legales con el fin de garantizar en forma urgente los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, especialmente las niñas y las mujeres, y sobre la base de la
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Informe sobre Ginebra febrero.2014, del Comité de Solidaridad con las personas desnacionalizadas en República Dominicana
Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas
Comunicado de prensa
Por una solución dominicana al conflicto de la nacionalidad
Tras la realización del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, efectuado este 5 de febrero en Ginebra, Suiza, este Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC), desea manifestar lo siguiente:
1.- Acogemos con responsabilidad el apoyo manifiesto de una veintena de Estados expresado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a los fines de garantizar la plenitud de derechos a todos los ciudadanos y ciudadanas de ascendencia extranjera nacidos en el país y que han sido despojados de su derecho a la nacionalidad.
El firme apoyo al respeto de los derechos humanos expresado por diversas naciones tanto del Sistema Interamericano, como de países otros continentes debe mover a la reflexión sobre la imagen del país en la comunidad internacional. Entre los países que manifestaron recomendaciones en ese sentido se destacan Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, México, Uruguay, Trinidad y Tobago, España, Francia, Italia, Alemania, Suiza, Irlanda, Noruega, Ucrania, Portugal, Eslovenia y Australia.
2- Lamentamos que la nación siga siendo objeto de cuestionamientos en el plano internacional, en relación a la plena vigencia de los derechos humanos en el país y reiteramos que el enorme rechazo nacional e internacional a la sentencia de desnacionalización ha creado una situación de graves incertidumbres que afectan la imagen del país. A nombre de la soberanía no se puede ignorar los compromisos internacionales, ni la sensibilidad universal en materia de derechos tan fundamentales como el de la nacionalidad. Las autoridades están en el deber de evitar mayores daños que pudieran derivarse de las denuncias a que está sometido el Estado dominicano.
3.- Reiteramos que es desde la sociedad dominicana que tiene que salir una solución justa e institucional, que restituya plenamente los derechos conculcados, primero por la Resolución 12-07 de la Junta Central Electoral, y luego por la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.
Esperamos que “la postura firme” expresada por el Estado Dominicano en Ginebra, de que “ninguna persona que tenga la nacionalidad dominicana va a ser despojada de ella”, se materialice en la solución nacional al drama que están padeciendo las personas desnacionalizadas, con sus vidas suspendidas.
4.- Llamamos al liderazgo político del país, especialmente al Presidente de la República, a escuchar tanto la opinión de los principales expertos constitucionalistas, como de la mayoría del pueblo dominicano, que entiende que son dominicanos los hijos de padres haitianos indocumentados, como se reflejó en la Encuesta Gallup publicada esta semana por el diario Hoy. El 58.2% de los encuestados le reconoce la nacionalidad dominicana y sólo el 39.6% se la niega.
Por el Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas, integrado por mas de 400 ciudadanos y ciudadanas dominicanas,
Miguel Ceara Hatton Carmen Amelia Cedeño
Juan Bolívar Díaz Mons. Julio César Holguín K.
Pavel Isa Contreras Wilfredo Lozano
Manuel Robles Cristóbal Rodríguez
Padre Mario Serrano Ana Selman
Guadalupe Valdez Víctor Víctor
Roque Félix Sergia Galvan
Guillermo Sterlíng Eulogia Familia
Santo Domingo, República Dominicana
Febrero 7 del 2014.-
Comunicado de prensa
Por una solución dominicana al conflicto de la nacionalidad
Tras la realización del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, efectuado este 5 de febrero en Ginebra, Suiza, este Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC), desea manifestar lo siguiente:
1.- Acogemos con responsabilidad el apoyo manifiesto de una veintena de Estados expresado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a los fines de garantizar la plenitud de derechos a todos los ciudadanos y ciudadanas de ascendencia extranjera nacidos en el país y que han sido despojados de su derecho a la nacionalidad.
El firme apoyo al respeto de los derechos humanos expresado por diversas naciones tanto del Sistema Interamericano, como de países otros continentes debe mover a la reflexión sobre la imagen del país en la comunidad internacional. Entre los países que manifestaron recomendaciones en ese sentido se destacan Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, México, Uruguay, Trinidad y Tobago, España, Francia, Italia, Alemania, Suiza, Irlanda, Noruega, Ucrania, Portugal, Eslovenia y Australia.
2- Lamentamos que la nación siga siendo objeto de cuestionamientos en el plano internacional, en relación a la plena vigencia de los derechos humanos en el país y reiteramos que el enorme rechazo nacional e internacional a la sentencia de desnacionalización ha creado una situación de graves incertidumbres que afectan la imagen del país. A nombre de la soberanía no se puede ignorar los compromisos internacionales, ni la sensibilidad universal en materia de derechos tan fundamentales como el de la nacionalidad. Las autoridades están en el deber de evitar mayores daños que pudieran derivarse de las denuncias a que está sometido el Estado dominicano.
3.- Reiteramos que es desde la sociedad dominicana que tiene que salir una solución justa e institucional, que restituya plenamente los derechos conculcados, primero por la Resolución 12-07 de la Junta Central Electoral, y luego por la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.
Esperamos que “la postura firme” expresada por el Estado Dominicano en Ginebra, de que “ninguna persona que tenga la nacionalidad dominicana va a ser despojada de ella”, se materialice en la solución nacional al drama que están padeciendo las personas desnacionalizadas, con sus vidas suspendidas.
4.- Llamamos al liderazgo político del país, especialmente al Presidente de la República, a escuchar tanto la opinión de los principales expertos constitucionalistas, como de la mayoría del pueblo dominicano, que entiende que son dominicanos los hijos de padres haitianos indocumentados, como se reflejó en la Encuesta Gallup publicada esta semana por el diario Hoy. El 58.2% de los encuestados le reconoce la nacionalidad dominicana y sólo el 39.6% se la niega.
Por el Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas, integrado por mas de 400 ciudadanos y ciudadanas dominicanas,
Miguel Ceara Hatton Carmen Amelia Cedeño
Juan Bolívar Díaz Mons. Julio César Holguín K.
Pavel Isa Contreras Wilfredo Lozano
Manuel Robles Cristóbal Rodríguez
Padre Mario Serrano Ana Selman
Guadalupe Valdez Víctor Víctor
Roque Félix Sergia Galvan
Guillermo Sterlíng Eulogia Familia
Santo Domingo, República Dominicana
Febrero 7 del 2014.-
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