El embajador de Estados Unidos, James Brewster, pretende ser humillado, por ser casado con una pareja gay, dicen que el Nunico está metido en esa acción y han suspendiendo una actividad protocolar del mundo de las relaciones dipomáticas, para que este no pueda asistir.
República Dominicana parece no poder estar a la altura del mundo de los Derechos Humanos.
Veamos el análisis de la Colectiva Mujer y salud
Mildred Dolores Mata
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Declaración de la Colectiva Mujer y Salud ante una inaceptable violación de derechos
En el día de ayer se divulgó la carta enviada por el Nuncio Papal a los jefes de misiones diplomáticas en la República Dominicana con el propósito de justificar la pretendida exclusión del esposo del Embajador Brewster del coctel de año nuevo que el cuerpo diplomático tradicionalmente ofrece al Jefe de Estado (ver Acento, febrero 18, “Suspenden coctel en honor de Danilo Medina por no invitar al esposo de Brewster”).
Esto ocurre en medio del bochornoso affair Grimaldi que tan mal parados ha dejado a la Cancillería y al gobierno dominicanos, aparentemente incapaces de imponer su autoridad ante un funcionario insubordinado cuyos actos lesionan gravemente los intereses del país. Ambas situaciones suscitan serios cuestionamientos políticos y jurídicos sobre la relación Estado-Iglesia y sobre el auge del extremismo de derechas en el país.
Consideremos, en primer lugar, que al Nuncio le cabe la prerrogativa de organizar el homenaje al Jefe de Estado en su condición de Decano del Cuerpo Diplomático, un privilegio concedido a la Iglesia por el artículo 2 del Concordato trujillista de 1954. ¿Hay alguna razón válida para que este adefesio jurídico siga vigente más de cincuenta años después de la muerte del tirano, en un país que se dice laico y que consagra la igualdad de derechos ciudadanos en su Constitución?
Aunque el Estado dominicano no es responsable directo del proceder ofensivo e injurioso del Nuncio ante el Embajador de EEUU, sí le cabe una responsabilidad indirecta en tanto y en cuanto es el Estado dominicano el que le impone a los representantes diplomáticos la autoridad privilegiada del Nuncio. Fue justamente el rechazo de muchos de estos diplomáticos al atropello perpetrado por el Nuncio contra Brewster lo que obligó a cancelar el coctel de Año Nuevo, lo que a su vez suscita otros cuestionamientos en torno a la diplomacia homofóbica que se practica en la República Dominicana, en particular: ¿Qué implicaciones pueden tener el affair Grimaldi y el Coctelgate para nuestras relaciones diplomáticas con países que actualmente reconocen el matrimonio igualitario (como España, Argentina, Francia, Uruguay, Canadá, Holanda, Brasil, etc.), así como los que en el futuro próximo lo reconocerán?
La ofensiva homofóbica contra el Embajador de EEUU protagonizada en las últimas semanas por Grimaldi y por el Nuncio (como antes por el Cardenal, que formuló declaraciones horripilantes en ocasión de la designación de Brewster) debe ser analizada en el contexto más amplio del auge actual de la ultraderecha en el país, así como de los vínculos de estos sectores con la jerarquía eclesial.
Recordemos el rol protagónico jugado por el Cardenal en la apología y defensa de todas las formas de extremismo de derechas, como la sentencia 168-13 y el programa de desnacionalización de los dominicanos de ascendencia haitiana, los asesinatos extrajudiciales perpetrados por la policía contra delincuentes de clase baja, y la prohibición del aborto terapéutico y la educación sexual escolar, entre otras.
El affair Grimaldi retrata de cuerpo entero la impotencia del Estado dominicano ante el poder político descontrolado de la Iglesia, que por momentos actúa como un Estado paralelo cuya autoridad nadie se atreve a cuestionar. Por eso, mientras los representantes del Estado dominicano ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas afirman la política de protección de los derechos ciudadanos de las personas LGTB, su embajador ante la Santa Sede se burla del matrimonio de Brewster y lo acusa de conspirar contra el Cardenal, para luego declararse en rebelión contra la autoridad estatal que lo desautoriza. ¿Cómo es que hechos tan graves como la insubordinación cum pataleta de Grimaldi no merecieron su inmediata cancelación? ¿Por qué nuestro embajador ante la Santa Sede se atreve a llegar a esos extremos, sin aparentemente tener que temer por su cargo?
¿Se hubiera atrevido la ultraderecha demencial lidereada por Vincho Castillo y sus hijos a clamar por el asesinato de Huchi Lora, Juan Bolívar Díaz, Mario Serrano y demás “traidores de la patria” si no contara con la legitimación y la protección política del Cardenal? ¿Seguirán los obispos dominicanos protegiendo y encubriendo pederastas con sotana sin que la autoridad judicial haga más que agradecer hipócritamente su “colaboración”? ¿Mantendrán las autoridades su actitud pusilánime frente al tema de la educación sexual escolar a pesar de las elevadísimas tasas de embarazo adolescente, que atentan contra el desarrollo socio-económico del país? ¿Seguiremos siendo uno de solo seis países en el mundo que penalizan el aborto terapéutico, aún constituyendo esto una gravísima violación de derechos humanos?
Este ejercicio de poder sin cortapisas por parte de la Iglesia católica es una amenaza grave a la democracia dominicana y su frágil institucionalidad. No podemos aspirar a un país más justo, más desarrollado, más respetuoso de los derechos humanos, sin una separación real del poder estatal y el eclesiástico. Empecemos por la derogación del Concordato, condición imprescindible para la vigencia real del Estado laico.
Colectiva Mujer y Salud
19 de febrero, 2014
