Las mujeres no podemos seguir siendo las víctimas de pactos milenarios de quienes se han apropiado de nuestros cuerpos y se creen que son sus territorios, sus dueños, y tienen dificultades históricas para el reconocimiento de la dignidad...
Datos del Ministerio de Salud indican que los abortos inseguros provocan el 10% de las muertes maternas en República Dominicana. La estadística del aborto es difícil de precisar, se hable de 90,000 a 35,000 al año. Pueden ser más, pues es una práctica en muchos casos clandestina. Las mujeres pobres mueren por abortos inseguros y clandestinos cada año.
Se espera solidaridad ante estos cruciales momentos donde se ha planteado aprobar el Código Penal sin eximentes para que el aborto siga siendo penalizado sin las eximentes de permitirse cuando la vida de la mujer está en peligro, cuando un feto es inviable, y cuando el embarazo ha sido fruto de una violación o incesto.
Todo el que se defina progresista sobre la igualdad, sin importar el sexo de las personas, debe defender a las mujeres ante planeamientos que le niegan su derecho a la vida y a la salud. El Aborto no es un tema penal, es un tema sanitario.
Los movimientos sociales debemos sembrar con profundidad nuestros ideales de coherencia, mínimamente, con el Estado de Derecho que establece la Constitución Dominicana sobre la igualdad y la dignidad de las mujeres, la no discriminación, ni la tortura ante situaciones que ponen en peligro su vida y su salud, en sentido integral. La penalización del aborto es una condena al derecho de las mujeres a tener conciencia y ser dueña de un cuerpo sobre el que puede decidir.
Un Pacto Social por los derechos de las mujeres requiere un sacrificio del resto de los movimientos sociales alternativos: el de ampliar y comprometer sus agendas para desarrollar una democracia con el equilibrio de poderes entre mujeres y hombres. Es difícil lograr un desarrollo sostenible y humano en la sociedad dominicana sin la participación de la mitad de esta, que somos las mujeres, ninguneándolas como personas. El conjunto de la sociedad civil debe hacer pronunciamientos explícitos en torno a la agenda de las mujeres en esta parte en la que el conservadurismo se aferra para negarnos nuestra condición de humanas: los derechos sexuales y reproductivos.
Las mujeres no podemos seguir siendo las víctimas de pactos milenarios de quienes se han apropiado de nuestros cuerpos y se creen que son sus territorios, sus dueños, y tienen dificultades históricas para el reconocimiento de la dignidad, de la vida y de la salud de las mujeres.
La sociedad civil tiene que seguir avanzando en sus definiciones para ser coherentes con un una sociedad y un modelo democrático en todas las esferas, y entender que en cada organismo las partes deben tener una cultura de diálogo, de entendimiento, de decisión común y de equilibrio entre mujeres y hombres; y defender un Estado de Derecho laico, donde podamos coexistir fuera de dogmas y fanatismos, con libertad y con libre albedrío.
Avancemos como sociedad civil para ir posibilitando que cese la indefinición de los partidos y del Congreso, para que, como país, podamos lograr profundizar en compromisos con la felicidad, la autonomía, y el ejercicio ciudadano pleno de las mujeres.
Los movimientos sociales alternativos no deben permitir continúen estos pactos donde las mujeres somos las sacrificadas, las víctimas, por tradiciones pre cívicas, pre-reconocimiento al derecho a la individualidad, predemocráticas, porque esto resta legitimidad y autenticidad a otros reclamos donde están envueltos la solidaridad y la libertad.
Las mujeres militamos en el 4% para la educación, por el derecho a la salud, por la situación del campo, de los derechos laborales, hacemos tareas de cuidado por siglos, hemos estado en las luchas contra la corrupción y la impunidad, estamos presentes en los movimientos ambientalistas, en el municipalismo, contra el racismo, en fin, en las luchas sociales. Somos tradicionalmente solidarias, compartimos nuestras fuerzas, a pesar de que la violencia de género estructural establecida por la penalización del aborto mata decenas y quizás un centenar de mujeres cada año, y también por la violencia de género que son los feminicidios.
Pongámonos cónsonos con los restantes 188 países del mundo, de un total de 194, donde la penalización absoluta del aborto no es posible. Seamos un Estado republicano, un Estado laico, no somos un Estado teocrático, caminemos hacia cimentar una sociedad democrática
