Genocidio civil retroactivo (contra dominicanos de ascendencia haitiana): Juan Bolívar Díaz

Con una simple circular administrativa están despojando de la ciudadanía a miles de dominicanos de ascendencia haitiana sin importar que la tuvieran por décadas

JUAN BOLÍVAR DÍAZ
juanbolivardiaz@gmail.com

Mientras el país estuvo entretenido en su extensa campaña electoral, durante el último año se ha ido dejando como muertos civiles a millares de dominicanos de ascendencia haitiana al amparo de una circular de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral (JCE).

Se trata de una aplicación retroactiva y, por tanto, inconstitucional, de la nueva interpretación del derecho a la nacionalidad integrada en la Ley de Migración 285 del 2004, según la cual los hijos de extranjeros sin residencia legal en el país no pueden ser declarados como dominicanos.

Entre las víctimas se cuentan hombres y mujeres, aún con uno solo de sus padres de ascendencia haitiana, a quienes hace décadas se les reconoció la nacionalidad, a los cuales ahora las autoridades del registro civil les niegan copias de sus actas de nacimiento, impidiéndoles renovar pasaportes, contraer matrimonio y otros actos civiles.

La circular No. 017. El 29 de marzo del 2007 el doctor Roberto Rosario Márquez, presidente de la Cámara Administrativa de la JCE, emitió la circula 017 dirigida a los oficiales del Estado Civil en la que se les instruye "examinar minuciosamente las Actas de Nacimiento al expedir copias o cualquier documento relativo al Estado Civil de las personas".

El segundo párrafo indica que habían recibido denuncias de que en algunas Oficialías "fueron expedidas en tiempo pasado Acta de Nacimiento de forma irregular con padres extranjeros que no han probado su residencia o estatus legal en la República Dominicana".

"Cualquier irregularidad que se presente en los Actos del Estado Civil supraindicados, los Oficiales del Estado Civil deben abstenerse de expedir, firmar, copiar y de inmediato deben remitir el expediente a esta Cámara Administrativa, quien procederá de acuerdo a la Ley", indica el tercer párrafo. El último requiere "fiel y estricto cumplimiento" de la circular, con la advertencia de que "su violación será sancionada con las medidas disciplinarias que el caso amerite".

Desde entonces, a cualquier persona negra de apellido extranjero, en especial de raíz francesa, se le pide prueba de que sus padres tuvieran residencia legal al momento en que nació. Si no lo prueban se les niega una copia del acta de nacimiento o de matrimonio o se le impide registrar el nacimiento de un descendiente, no importa cuántos años o décadas tengan de haber obtenido el acta original que le otorgó la ciudadanía.

Un genocidio civil. La circular ha originado lo que el abogado Cristóbal Rodríguez Gómez, quien asiste a varias víctimas de la exclusión, ha bautizado como "un verdadero genocidio civil", que está causando daños, a menudo irreparables a miles de personas, impedidas de viajar fuera del país, de contraer matrimonio o de divorciarse, de inscribirse en escuelas y universidades, optar por becas y oportunidades de empleo.

Si el solicitante del acta de nacimiento entrega su cédula en muchos casos se les ha retenido remitiéndolos a la JCE, donde comienza un calvario de viajes y gestiones, hasta ahora sin resultados. Los que quedan sin cédula se convierten en "muertos civiles", pues entonces ya no pueden realizar múltiples actos de la vida ciudadana, desde votar hasta cambiar un cheque.

La situación será más grave cuando las autoridades dispongan el cambio de la actual cédula de identidad y electoral para lo cual se requerirá el acta de nacimiento, pues se multiplicarán automáticamente los descendientes de extranjeros que serán afectados al quedar sin el mínimo documento de identidad.

Ya el doctor Rodríguez Gómez recurrió ante el tribunal contencioso en busca de amparo para Emildo Bueno Oguís, pero le fue negado el pasado 30 de abril, por lo que apelarán ante la Suprema Corte de Justicia y de ser necesario a organismos internacionales, según adelantó en reciente entrevista por Teleantillas. Hasta ahora los afectados podrían ser decenas de miles, pero llegarán a cientos de miles, esparcidos por todo el país, según los estimados de los grupos que abogan por los derechos de los dominicanos y dominicanas descendientes de haitianos y domínico-haitianos.

Aplicación retroactiva. La circular de la Cámara Administrativa de la JCE parece tener origen en la Ley 285-04, del 15 de agosto del 2004 que considera "en tránsito" a todo extranjero que no tenga residencia legal en el país, validada por un dictamen de la Suprema Corte de Justicia del 14 de diciembre de 2005, que rechazó el recurso de inconstitucionalidad sobre 11 artículos de esa ley elevado por 15 organizaciones sociales.

En principio se creía que tal restricción sólo afectaría a personas que no hubiesen sido previamente reconocidas como dominicanas, en virtud del artículo 47 de la Constitución de la República, el cual indica que "La ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso la ley ni poder público alguno podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior".

Suman cientos de miles los nacidos en el país de uno o los dos padres haitianos que en las décadas anteriores fueron declarados como dominicanos y se les entregó actas de nacimiento y otros documentos legales, en aplicación del precepto constitucional del jus soli (artículo 11) que declara dominicano a todo el que naciera en territorio nacional, excepto los hijos de diplomáticos y los extranjeros en tránsito. El reglamento 209 de la Ley de Migración de 1939 que rigió hasta el 2004, definía a los "en tránsito" como "aquellos que entran a la República Dominicana con el propósito principal de proseguir a través del país con destino al exterior, estableciendo un período de 10 días para conservar esa calidad".

El dictamen de la Suprema Corte de Justicia, considerado un exceso por expertos constitucionalistas como Eduardo Jorge Prats, contradijo el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Octubre del 2005 que rechaza el concepto de extranjeros en tránsito a los residentes en el país aún sin estatus legal. Varios juristas consideran que para aplicarlo tendría que ser modificado el inciso 1 del artículo 11 de la Constitución. La resolución 1920-2003 de la misma Suprema Corte había reconocido que las decisiones de la Corte Interamericana son obligatorias y vinculantes para todos los poderes públicos dominicanos.

La aplicación retroactiva que implica la circular 017 ya fue condenada en el reciente informe de Amnistía Internacional y lo seguirá siendo en los organismos internacionales, donde se proponen apelar los perjudicados, ya que no hay precedentes de despojo masivo de la nacionalidad aún en las crecientes restricciones internacionales a las migraciones.

Casos paradigmáticos. En los medios de comunicación dominicanos se han presentado múltiples casos de la grave injusticia que implica la aplicación retroactiva de la nueva Ley de Migración. Varios fueron difundidos por Teleantillas. Uno paradigmático es el de Rubén Jean Batiste, nacido en el país hace 38 años, con 15 años como profesional del magisterio y que ha vivido aquí toda su vida. Es subdirector del departamento de Educación de Jóvenes y Adultos de la Secretaría de Educación. Con cédula y pasaporte y quien ha viajado a diversos partes del mundo. Con hijos reconocidos como dominicanos y a quien recientemente se le ha negado copia de su acta de nacimiento,

Emildo Bueno Oguís tiene 33 años, estudiante universitario no ha podido viajar a Estados Unidos donde se juntaría con su esposa, pero le niegan copia de su acta de nacimiento para sacar el pasaporte. No ocultó su indignación: "no hay dolor más grande que te declaren inexistente, que siendo persona, hijo de Dios, nacido, criado y documentado dominicano, ahora te digan que no eres nadie".

Estervina Macías, 42 años, profesional graduada en el país, no ha podido viajar a España para hacer una maestría. Angel Luis Joseph acaba de perder un contrato de 350 mil dólares con un equipo de béisbol de Estados Unidos. Le negaron copia del acta de nacimiento con la que debió sacar el pasaporte. María Altagracia Sierra es dominicana y no tiene ascendencia haitiana, pero se casó con alguien que sí la tiene. Sus primeros tres hijos están reconocidos como ciudadanos, pero a la cuarta, la pequeña Paola, de 3 meses, no se la quieren reconocer.

Algunos como el funcionario Rubén Jean toman la situación con optimismo y sin amargura, pero para miles se trata de una discriminación traumática que les está ocasionando perjuicios emocionales, económicos y sociales que consideran irreparables. Independientemente de la condición legal de inmigración de algunos de sus padres o abuelos, aquí nacieron y han vivido durante décadas, no tienen vínculos en ninguna otra parte y no pueden entender tanta irracionalidad en una nación que tiene a más de millón y medio de sus hijos en otros países, en su mayoría inmigrantes ilegales.

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