| Juicio por violación a una menor | ||
POR SUSI POLA La semana pasada asistimos a la audiencia que conocería de la violación sexual con violencia a una menor de 14 años, ocurrida en junio del 2007 por un agresor armado con una pistola 9 milímetros, quien cometió el hecho a las diez de la noche, en un barrio de la ciudad y haciéndose pasar por policía de narcóticos. La menor víctima, iba acompañada de dos mujeres y un niño que la encaminaban a la casa de ella, donde la niña vive con su madre. El imputado, un hombre de algunos cincuenta años, después de inquirirles sobre "la droga que portaban", siempre amenazándolas a punta de pistola, hizo caminar a las dos mujeres, la niña y el niño, hasta un monte baldío, las obligó a acostarse en el suelo, donde toqueteó a las mujeres en los brazos y los senos, y violó a la menor sexualmente, llevándosela como rehén mientras disparaba al aire y amenazaba con matarla si le decían a alguien lo que habían visto. El menor testigo, corrió entonces a buscar auxilio, mientras las dos mujeres se dirigían al destacamento de Barrio Seguro, de donde un oficial de la Policía Nacional del Plan Seguridad Democrática salió con ellas en busca de la menor, la que encontraron caminando por un monte cercano a uno de los barrios de la zona. El violador fue apresado cuando intentaba entrar a su casa, a eso de la una de la mañana. Actualmente, a un año justo de los hechos, la menor y su madre ven iniciarse el conocimiento del fondo de la violación sexual con tremendas violencias, sin tener derecho a la representación de un/a abogado/a, porque dejaron pasar el tiempo que la ley establece para formalizarla, plazos que solo existen en el proceso para las víctimas y no para los imputados, y que ellas ignoraban. Al empezar la audiencia, el violador imputado acompañado por una Defensora Pública, levantó la mano y de manera altanera solicitó al Tribunal tiempo para buscar un abogado/a privado, y cuando la jueza presidenta del tribunal de primera instancia, siempre amonestándolo por alargar el proceso, le preguntó si tenía recursos para pagar uno/a, una hermana del acusado, también mano en alto, expresó que la noche anterior una parienta había llamado desde fuera del país para comunicarles que ella asumiría los costos. Las cosas así, el tribunal le otorgó 10 días para la diligencia y la audiencia fue reenviada para el 17 de julio próximo. En el grupo de mujeres que acompañábamos a la madre de la menor el sabor y amargo reiterado de una justicia planteada para las necesidades de la persona imputada, llena de condescendencia normada para ella y con poco reconocimiento para la victima, nos recordó a tantas otras mujeres que pasaron por procesos alargados caprichosamente por masculinos violentos aprovechados. A quienes están reformando el Código Procesal Penal dominicano, esta repetida experiencia va a cuento para ilustrar las crujías como resultado, que se pueden enmendar en la acción: no es justo ni equitativo que la víctima siga siendo maltratada por el sistema.
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Susi Pola Z.
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