Otro gobierno fallido
Juan Bolívar Díaz - Periódico HOY - 14 de agosto, 2008
Aunque tuvo como gran logro el restablecimiento de la estabilidad y el crecimiento económico, el gobierno quedó lejos de alcanzar las metas que planteó hace 4 años y muy por debajo de las expectativas que creó.
Es casi unánime la convicción de que el principal mérito de la gestión gubernamental que concluye ha sido el restablecimiento de la estabilidad y del crecimiento económico, aunque hay muchos cuestionamientos por el dispendio y la falta de prioridad en la inversión tras un aumento significativo de los ingresos fiscales.
Al pasar balance a las metas que trazó el presidente Leonel Fernández en su discurso de juramentación hace 4 años se comprueba que más de la mitad no fueron alcanzadas, que en muchos casos se ejecutó lo contrario y que se sobrepasó en materias como reforma tributaria, subsidios y repartos clientelistas.
Los mayores déficit de la gestión y que más decepciones ocasionaron están en las políticas sociales y los aspectos institucionales con un sistemático incumplimiento de las reformas de la última década y muy particularmente por los brotes de corrupción y la creciente descomposición política y social.
El mayor éxito
No hay dudas que el mayor de los éxitos del segundo gobierno del doctor Leonel Fernández ha sido el restablecimiento de la estabilidad macroeconómica tras la crisis financiera del 2003-04, con un extraordinario crecimiento del producto interno bruto sobre el 8 por ciento, inflación entre 5 y 9 por ciento entre el 2005 y 2007, estabilidad cambiaria y de las tasas de interés, así como aumento de las reservas netas de divisas.
Se ponen reparos a un crecimiento que no se ha manifestado igualmente vigoroso en sectores básicos como la industria, las zonas francas y la agropecuaria, pero aún así le ha ganado mucho crédito a un gobierno que generó confianza lo que se expresó en retorno de capitales y significativo crecimiento de la inversión extranjera, aunque muy concentrada en turismo y bienes raíces.
El éxito económico de los primeros tres años se ha venido relativizando en el cuarto cuando un déficit fiscal y las alzas de precios internacionales han generado una crisis, reduciendo el crecimiento, disparando la inflación a dos dígitos, y reduciendo las reservas netas de divisas en unos 400 millones de dólares en contraste con el sostenido crecimiento del período 2005-07.
El exceso de gasto de la larga campaña electoral, con un escenario internacional desfavorable llevó al Banco Central a elevar las tasas de interés y agotar reservas de divisas para mantener la estabilidad cambiaria y contener el desbordamiento inflacionario. Pero ello se traduce en un círculo vicioso con una moneda sobrevaluada lo que penaliza a los productores, el turismo y a los pobres receptores de remesas, mientras incentiva las importaciones. El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos que ya el año pasado fue de 2 mil 231 millones de dólares, se proyecta para este año en 4 mil millones, evidenciando una persistente debilidad estructural de la economía nacional.
Políticas sociales
El éxito económico pasa a ser cuestionado cuando se trata de la calidad del gasto, la concentración de la inversión en la ciudad de Santo Domingo, que en el 2007 recibió las dos terceras partes del total según diagnosticó el Consejo Nacional de la Empresa Privada. También cuando se comprueba la escasa proporción del gasto público social incluyendo salud y educación. El presupuesto destinado al sector educativo ha seguido por la mitad del 4 por ciento del PIB que dispone la ley de Educación.
El crecimiento económico siguió beneficiando a una minoría de la población, mientras el 75 por ciento de los asalariados tiene ingresos menores a 22 mil pesos mensuales, lo que los condena a vivir en la pobreza o paliarla con múltiples trabajos. La pobreza extrema ha recibido atención del gobierno, pero con programas asistencialistas que perpetúan su vulnerabilidad en vez de inversión para promover el desarrollo humano.
Gracias a tres reformas tributarias y a una reconocida eficiencia recaudatoria los ingresos fiscales crecieron en alrededor de un 150 por ciento, pero fueron consumidos por un voraz gasto corriente que en el último año supera el 33 por ciento, con claros signos de dispendio, salarios desproporcionados en los altos funcionarios, así como distribución en subsidios generalizados que este año superan lo destinado a educación y salud. El gasto fue concentrado en el Poder Ejecutivo y particularmente en la Presidencia, destinando apenas un 6 por ciento a los ayuntamientos, desconociendo la ley que establece un 10.
Déficit institucional
En la institucionalidad democrática radica el mayor fallo del cuatrienio cuando se incumplió gran parte del inmenso paquete de reformas realizadas en las últimas dos décadas, incluyendo numerosas realizadas durante los últimos cuatro años.
No sólo se han violado las leyes relativas el financiamiento de la Educación y los municipios, sino también las de compras y contrataciones, carrera administrativa y función pública, de presupuesto, de migración, de organizaciones sin fines de lucro, la que penaliza el robo de energía, la del sistema integrado de administración financiera y otras.
El gobierno hizo esfuerzos por aplicar la ley de seguridad social, aumentando significativamente la cobertura subsidiada de salud subsidiado, y dio pasos para implementar el seguro familiar de salud contributivo, pero al costo de sustituir el Consejo Nacional que debe regir el sistema.
La primera víctima institucional ha sido el propio partido de gobierno, cuyos organismos han sido relegados por el presidencialismo, generando graves tensiones internas, y la segunda el Partido Reformista Social Cristiano, descuartizado por una política de prebendas, mientras el gobierno en pleno fue implicado en el laborantismo político al cual se subordinaron las políticas públicas. El abuso de los recursos del Estado en campañas electorales alcanzó grados superiores a los tradicionales.
Un gobierno que se ha preciado de electrónico y acorde con la sociedad de la información se ha tornado opaco, al grado de ocultar informaciones básicas sobre ejecución presupuestaria, déficits y endeudamiento. Creó organismos como la Comisión Económica, Social e Institucional y la Comisión Nacional de Etica, que temprano atravesaron por crisis y no han podido cumplir la misión que se les encomendó. El escandaloso fracaso de la Cámara de Cuentas que designó hace dos años se suma a las precariedades institucionales.
El ministerio público dejó sin efecto los procesos judiciales por corrupción como el del Programa Eventual de Empleos Mínimos y el fraude con los cupones de subsidio al gas propano, iniciados en el gobierno anterior y, aunque se realizaron esfuerzos no se pudo avanzar en el control de la criminalidad y la delincuencia.
Los escándalos de corrupción estuvieron presentes desde el inicio del período gubernamental. Los más relevantes: los del mobiliario y decoración de la Suprema Corte y de la biblioteca de la Universidad Autónoma, el fraude con las pensiones de la secretaría de Finanzas, el frustrado contrato para la isla artificial, la contratación con la Sun Land por 132 millones de dólares para equipamiento de la Policía, anulado por escandalosa sobrevaluación, y el histórico con la misma empresa mediante el cual se colocaron en el mercado internacional pagarés por 130 millones de dólares.
Metas incumplidas
Bastaría pasar balance a las políticas que el presidente Fernández anunció el 16 de agosto del 2004 para concluir en que el gobierno ha sido fallido. De 30 metas en políticas económicas, sociales e institucionales, apenas 9 fueron alcanzadas, y otras 4 sólo iniciadas. Las otras 18, más de la mitad, quedaron relegadas.
En el orden económico se alcanzaron los objetivos de recuperar la estabilidad y el crecimiento, restablecer el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, renegociar la deuda externa, mejorar los controles del sistema financiero -logrado satisfactoriamente-, y realizar una nueva reforma fiscal, cumplida tres veces, pero sólo en lo tributario.
Se falló en enfrentar el déficit cuasifiscal del Banco Central –que creció más de un cien por ciento-, y estrepitosamente en iniciar un período de austeridad, con reducción del gasto del Estado en no menos del 20 por ciento, suprimir los cargos públicos en exceso, eliminar gastos superfluos y reducir viáticos y dietas, prohibir la compra de nuevas jipetas, cambiar los privilegios de los cónsules por salarios y enfrentar con energía la corrupción.
En políticas sociales se alcanzaron las metas del programa "comer es primero" y de ampliar el desayuno escolar, y a medias las de reducir la mortalidad materno-infantil y la de atender la salud pública y reabastecer los hospitales. Se fracasó en privilegiar la educación y los recursos humanos, fomentar la vivienda y el micro crédito, en nuevas políticas energéticas, en renegociar los contratos de compra y venta de energía, en licitar para privatizar la administración de Edenorte y Edesur, en aumentar el cobro de la energía, en transparentar los costos y reducir el subsidio a la electricidad, y en fortalecer la superintendencia de Electricidad y la Comisión de Energía.
En lo institucional se cumplieron las metas de aprobar una ley de incentivos a las energías renovables –aún sin aplicar-, y en la integración del inoperante Consejo Económico y Social. No se realizó la reforma constitucional ni se promulgó una ley de participación social. Sólo se continuó un programa de reforma del sistema carcelario y apenas se inició la profesionalización del ministerio público.-
Metas planteadas por el presidente L. Fernández
(Discurso de juramentación del 16-08-2004)
POLÍTICAS ECONÓMICAS
ü Recuperar la estabilidad y el crecimiento económico
ü Restablecer el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional
ü Renegociación de la deuda externa
ü Realizar una nueva reforma fiscal
v Enfrentar el déficit cuasifiscal del Banco Central
ü Mejorar los mecanismos de control del sistema financiero
v Decretar un período de austeridad
v Reducir el gasto del Estado en no menos del 20%
v Suprimir los cargos públicos en exceso
v Eliminar los gastos superfluos y reducir viáticos y dietas
v Prohibir la compra de nuevas jepetas
v Cambiar los privilegios de los cónsules por salarios
v Enfrentar con energía la corrupción
POLÍTICAS SOCIALES
v Privilegiar la educación y los recursos humanos
Ø Atender la salud pública y reabastecer los hospitales
Ø Reducir la mortalidad materno-infantil
ü Programa “comer es primero” para 200 mil familias
ü Ampliación del desayuno escolar
v Fomento de viviendas y del micro crédito
v Políticas energéticas
v Renegociar los contratos de compra y venta de energía
v Licitación internacional para privatizar la administración de Edenorte y Edesur
v Aumentar el índice de cobros de la energía
v Transportar los costos y reducir el subsidio de US$20-25 millones anuales
POLÍTICAS INSTITUCIONALES
v Fortalecer la superintendencia de Electricidad y la Comisión de Energía
Ø Aprobar una ley de incentivo a las energías renovables
v Aprobar una nueva Constitución de la República
v Promulgar una ley de participación social
ü Integrar un Consejo Económico y Social
Ø Reformar el sistema carcelario
Ø Profesionalizar el Ministerio Público
ü Cumplidas
Ø Cumplidas a medias
v No cumplidas
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