Zobeyda Cepeda, abogada RD, integrante del N'ucleo de Apoyo a la Mujer (NAM), Santiago, CLADEM-RD y monitora regi'on Am'erica Latina y El caribe (ALC) y del Foro Feminista (FF) |
Zobeyda Cepeda es abogada, integrante del Nucleode Apoyo a la Mujer (NAM) de Santiago y monitora regional del CLADEM de America Latina y El Caribe (ALC), y con una clara y positiva vision sobre la participacion de la mujer en la politica y la comprension de la desigualdad social como la causa fundamental de los problemas humanos y en RD.
Es articulista del periodico digital El Municipalista
Mildrilla Dolores Mata
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Las dominicanas y Beijing+20
RD, 13 de marzo 2015
Las dominicanas y Beijing+20
Escrito por Zobeyda Cepeda
Con motivo de la celebración del veinte aniversario de la aprobación de la Declaración y Plataforma Mundial de Acción de Beijing, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), el Foro Feminista, el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF) y ONU Mujeres realizaron la pasada semana, el encuentro “Las dominicanas y la Plataforma de Acción de Beijing”. En un documento entregado a la prensa, analizan los avances y retos de la agenda de género en el país, en el marco del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, a continuación reproducimos la nota entregada a la prensa:
“Con el activismo de las mujeres a nivel mundial logramos la Plataforma Mundial de Acción de Beijing hace veinte años, y en República Dominicana trabajamos para que el Estado dominicano redoble el compromiso con los derechos humanos y el bienestar integral de las mujeres
Las mujeres dominicanas celebramos la adopción de la Plataforma Mundial de Acción de Beijing al cumplirse veinte años de su aprobación, no obstante reconocemos que el país presenta limitados logros en materia de políticas públicas para la igualdad y la equidad.
La Plataforma Mundial de Beijing, acordada en septiembre de 1995, constituye el mayor consenso para eliminar la discriminación de género, priorizando para ello 12 áreas críticas: Pobreza, educación, derechos humanos, violencia contra la mujer, salud, ejercicio del poder y participación en la toma de decisiones, tecnologías, las niñas, medio ambiente, medios de comunicación, mecanismos institucionales de género y mujer en los conflictos armados.
Las metas para alcanzar la igualdad son aún amplias y significativas, expresándose en la eliminación de la cosificación del cuerpo de las mujeres, la feminización de la pobreza y en la violencia de género, obstáculos para la integración plena de las mujeres a nivel social, económico, político y cultural como ciudadanas con derechos a disfrutar de libertad, seguridad, calidad de vida y oportunidades, para lo cual se requieren políticas públicas inclusivas con adecuados presupuestos y clara voluntad política de romper con las limitaciones del patriarcado.
En el ámbito nacional, al patriarcado dominicano estructurado en una masculinidad hegemónica, caracterizada por el machismo violento, se le asigna una gran cuota de responsabilidad por la inequidad social, económica y de género que se mantiene en el país con resultados de pobreza y desigualdad, y situaciones que se constituyen en obstáculos para alcanzar los objetivos de la Plataforma.
La pobreza ha constituido un histórico escollo en República Dominicana es el producto de la implementación de políticas públicas excluyentes, que han favorecido a un sector minoritario de la población dominicana con un resultado de la feminización de la pobreza, y en consecuencia, no han sido directamente abordadas las necesidades específicas de las mujeres, no solo desde la función reproductora y/o maternal, sino desde una mirada de empoderamiento en todos los ámbitos.
Se ha avanzado en la aprobación de marcos jurídicos en el ámbito de la violencia contra la mujer, destacando que el país se encuentra dentro de los pocos de la región latinoamericana que reconoce la violencia de género como un tipo penal específico. Tal avance en materia de la normativa no se corresponde con la aplicación y merece un llamado especial el que se superen los bajos presupuestos con los que funcionan las instituciones prestadoras de servicios y la poca prioridad que han tenido las políticas preventivas, sobre todo desde las educativas, a través de la educación no sexista, no discriminatoria, promotora de la igualdad de género.
La existencia de un mecanismo de género como lo es el Ministerio de la Mujer, para la promoción de la igualdad, con carácter autónomo, se destaca dentro de los avances. Sin embargo, este ministerio tiene un reducido presupuesto y marcada debilidad institucional para que se cumpla el objetivo de la transversalidad de género en todo el Estado.
En el ámbito de participación política, desde el año 1995 el aumento porcentual de representación en la Cámara de Diputados/as ha sido sólo de 8 (12.5%-20.8% en 2010) y de 6 en el Senado (3.3%-9.4%) lo que indica la persistente sub-representación femenina en el Congreso Nacional; pese a que la Constitución de la República establece desde el 2010 el mandato de representación equitativa de mujeres y hombres en los cargos de toma de decisiones y en las candidaturas de elección popular.
Reconocemos como un paso de trascendencia en la República Dominicana la despenalización del aborto terapéutico, y cuando el embarazo ha sido producto de una violación sexual e incesto, o por malformaciones genéticas incompatibles con la vida. Estos últimos están sujetos aún a la aprobación de protocolos de regulación.
En este 8 de marzo del 2015, año en que la Organización de Naciones Unidas (ONU) evalúa la implementación de la Plataforma, las feministas dominicanas demandamos:
1. Cambio radical en el modelo de desarrollo patriarcal y neoliberal, para dar paso a uno en el que prime la persona humana como eje central, en el que las mujeres podamos disfrutar de manera efectiva de todos los derechos humanos, con autonomía económica, social, cultural y política y el dominio sobre nuestros cuerpos.
2. Definir y fortalecer la implementación de las políticas públicas para la igualdad de género definiendo mecanismos de rendición de cuentas, monitoreo y evaluación, desde el enfoque de derechos humanos.
3. Aprobar en lo inmediato la ley que regule los protocolos de atención al aborto cuando el embarazo es producto de violación sexual o incesto, o presenta malformación incompatible con la vida, según lo ordena la Ley 550 que promulgó el Nuevo Código Penal.
4. Establecer la paridad de género en los cargos de representación pública y candidaturas de elección popular, de acuerdo al artículo 39 de la Constitución.
¡Reafirmamos nuestro compromiso como mujeres por una vida con empoderamiento político, económico, social y cultural!”