Jus soli, nacionalidad, inmigración haitiana y descendientes, en República Dominicana: Rosario Espinal

PUBLICADO EN LA SECCION FIRMAS DE CLAVE DIGITAL

EL DIA martes, 13 de marzo de 2007

ENFOQUES

Nacionalidad dominicana, ¿a quién?

El presidente Leonel Fernández escogió a Puerto Rico para declarar públicamente que la República Dominicana no otorgará la nacionalidad a los hijos de inmigrantes indocumentados que, como sabemos, son en su mayoría de origen haitiano.
Rosario Espinal - Socióloga. Profesora de sociología y política, directora del Centro de Estudios Latinoamericanos en Temple University, Filadelfia.

El presidente Leonel Fernández escogió a Puerto Rico para declarar públicamente que la República Dominicana no otorgará la nacionalidad a los hijos de inmigrantes indocumentados que, como sabemos, son en su mayoría de origen haitiano.

El lugar escogido fue adecuado si se considera que muchas de las críticas a la República Dominicana por el tratamiento a los haitianos provienen de grupos radicados en Estados Unidos.

Pero fue inadecuado si se considera que allí viven muchos dominicanos indocumentados quienes, a pesar de ser discriminados, gozan del derecho de que sus hijos al nacer adquieren la nacionalidad norteamericana.

El asunto radica en la especificación constitucional y la ejecución del llamado jus soli, o derecho a la nacionalidad por territorio de nacimiento.

Hoy en día, la mayoría de las constituciones abordan el jus soli de una de estas maneras: 1) lo establecen de forma amplia, con lo cual, la mayoría de las personas nacidas en un territorio tiene derecho a recibir esa nacionalidad, como ocurre en Estados Unidos; o 2) lo establecen de manera restringida, indicando, por ejemplo, que sólo pueden obtenerla los hijos de inmigrantes legales.

La Constitución dominicana actual establece el jus soli de manera amplia, es decir, la nacionalidad se puede obtener por nacimiento en territorio dominicano y sólo especifica que no la recibirán los hijos de diplomáticos y personas en tránsito.

Pero como los textos constitucionales se interpretan, la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana emitió en diciembre de 2005 una sentencia indicando que los hijos de inmigrantes indocumentados no califican para recibir la nacionalidad.

Con este veredicto se buscó enfrentar las crecientes demandas internacionales, incluida una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que la República Dominicana otorgue la nacionalidad a los hijos de inmigrantes haitianos nacidos en territorio dominicano.

Este dictamen de la Suprema Corte establece un precedente y sugiere lo que posiblemente establecerá el nuevo texto constitucional que, en algún momento, someterá el presidente Fernández al Congreso.

Pero ni la sentencia de la Suprema ni una nueva Constitución que restrinja el jus soli resuelve el drama humano que enfrenta la República Dominicana con la población inmigrante haitiana.

Por eso, en vez de utilizar artificios constitucionales, o hablar con euforia innecesaria de la nacionalidad dominicana, el gobierno debería abordar con decisiones concretas y acertadas la realidad social de los inmigrantes y sus descendientes.

¿Qué hacer con la población haitiana que carece de residencia legal en la República Dominicana, entre los cuales hay viejos y nuevos inmigrantes? ¿Qué hacer con sus hijos que nacieron y se criaron en República Dominicana y no conocen otra sociedad?

¿Está la República Dominicana dispuesta a deportar a Haití toda esta población para ser consecuente con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia? Si no, ¿para qué proclamar que los hijos de indocumentados no califican para recibir la nacionalidad?

¿Es que se pretende mantener indefinidamente una masa poblacional inmigrante haitiana sin derechos ciudadanos para explotarla?

Estos asuntos no deben evadirse con discursos patrioteros, ni ser objeto de la ironía nacionalista, como sucede al emitirse planteamientos, tales como, que si los haitianos emigraron es porque viven mejor en territorio dominicano, y por tanto, no deben quejarse.

Tampoco tiene sentido seguir proclamando, como muchas veces se hace, que Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea quieren que República Dominicana se haga cargo del problema haitiano.

Ese no es el caso, y nadie, fuera de la cabeza de muchos dominicanos, se cree estos argumentos.

Lo que sí ocurre es que mientras el país se hace la víctima por la carga social que representa la migración haitiana, en el exterior se le ve como excluyente y racista.

Si la República Dominicana quiere ejercer soberanía con respecto a la nacionalidad, debe hacerlo con coherencia y responsabilidad.

Para ello, lo primero es tener una política migratoria ordenada, libre de militares y funcionarios corruptos, acostumbrados a sacar provecho de personas en extrema pobreza.

El país sólo debe permitir el ingreso de los inmigrantes que pueda efectivamente integrar, porque es inhumano mantener una población sin derechos, independientemente de cuán mal estuviesen viviendo en su país de origen.

Que quede claro, el control de la frontera es posible, y es inaceptable que políticos y militares dominicanos encubran su marrulla o incapacidad planteando que no pueden custodiarla.

Lo segundo es desarrollar un programa de legalización de la población haitiana en territorio dominicano.

Esto supone establecer criterios y procedimientos para que los inmigrantes y sus hijos que califiquen, puedan obtener permiso de trabajo, residencia o ciudadanía, según proceda en cada caso.

Pero para impulsar este programa hay que abandonar el nacionalismo demagógico y aceptar que si el país ha permitido por décadas el flujo masivo de inmigrantes haitianos, debe encontrar ahora una solución viable para superar el estado de ilegalidad imperante.


http://www.clavedigital.com/Firmas/Articulo.asp?Id_Articulo= 8618
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