Amnistía Internacional pide la despenalización del aborto en República Dominicana. Citan la muerte de Rosaura Almonte, Esperancita

Acá, Amnistía Internacional pide la despenalización del aborto en República Dominicana, por la defensa de la salud y de la vida de las mujeres dominicanas. La comunicación está en  español y en inglés.

AMNISTÍA INTERNACIONAL

COMUNICADO DE PRENSA

23 de octubre 2012

República Dominicana: El Parlamento debe despenalizar el aborto

Los parlamentarios de la República Dominicana debe aprovechar un debate permanente en torno a la actual Código Penal y despenalizar el aborto, Amnistía Internacional dijo antes de la votación del miércoles.

Rosaura Almonte, Esperancita. Muere por las dificultades que ha introducido la penalización absoluta del aborto en el Código Penal en República Dominicana. La ciencia médica y las y los doctroes estáb mediatizados para ejercer la medicina en caso de que se tenga que interrumpir un embarazo. Se está pidiendo que se despenalice el aborto.

Artículo 90 del Código Penal prevé sanciones penales para las mujeres que buscan un aborto y para los que se proporcionan o ayudar a proveer él - sin importar las circunstancias, incluso si el embarazo es producto de violación o incesto o cuando la vida de las mujeres es peligro por seguir adelante con el embarazo.

"El código penal se vuela en la cara de la mujer y los derechos humanos de las niñas y mantiene una situación en la que profesionales de la salud no puedan proporcionar el mejor cuidado para sus pacientes", dijo Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.

"La penalización del aborto en todas las circunstancias, como se sostiene en la nueva legislación, viola los derechos de la mujer a la vida, la salud y no sufrir tortura o malos tratos y la discriminación y va en contra de los compromisos internacionales de derechos humanos asumidos por la República Dominicana".

Según la Organización Mundial de la Salud, la República Dominicana tiene una alta tasa de mortalidad materna. Algunas de estas muertes son resultado de abortos inseguros.

En agosto de 2012, Rosaura, una joven de 16 años de edad con leucemia murió de complicaciones causadas por un aborto involuntario. Ella había sido diagnosticada de leucemia a principios de julio de ese año, cuando estaba embarazada de unas pocas semanas. En ese momento, se le impidió tener un aborto terapéutico - según lo recomendado por diversos profesionales de la salud - porque era contra la ley. La quimioterapia también se retrasó ya que los médicos estaban preocupados de que podría dañar al feto.

"La evidencia muestra que cuando el aborto está totalmente prohibido, las tasas de mortalidad materna crecer porque los médicos son incapaces o temerosos de proporcionar tratamiento vital que tiene efectos sobre la salud para el embarazo, incluso cuando es la única manera de salvar al paciente", dijo Javier Zúñiga.

"Cualquier esfuerzo serio por parte de la República Dominicana para hacer frente a las altas tasas de mortalidad derivada de la maternidad debe incluir medidas para asegurar que las mujeres no mueren a causa de abortos inseguros."

"Lo que los parlamentarios de la República Dominicana debe hacer es escuchar a las demandas de una gran parte de la sociedad civil dominicana eficaz para proteger los derechos de las mujeres y las niñas. Esto incluye la despenalización del aborto, la protección de las mujeres y las niñas de la violencia de género, asegurando el acceso a la información para prevenir los embarazos no deseados, así como garantizar la justicia para las personas que sufrieron abusos ".


Amnistía Internacional

Para obtener más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con: Josefina Salomon, +44 7778 472 116, jsalomon@amnesty.org

En Inglés:

AMNESTY INTERNATIONAL
PRESS RELEASE

23 October 2012

Dominican Republic: Parliament must decriminalize abortion

Parliamentarians in the Dominican Republic must take advantage of an ongoing debate around the current Penal Code and decriminalize abortion, Amnesty International said ahead of a vote on Wednesday.

Article 90 of the Penal Code envisages criminal penalties for women who seek an abortion and for those who provide it or help provide it – regardless of the circumstances, including if the pregnancy was the result of rape or incest or if the life of the women is endangered by carrying on with the pregnancy.

”The proposed penal code flies on the face of women's and girls’ human rights and maintains a situation in which health professionals are prevented from providing the best care for their patients,” said Javier Zúñiga, Special Advisor at Amnesty International.

“The criminalization of abortion in all circumstances, as maintained in the new legislation, violates women’s rights to life, health and not to suffer torture or ill treatment and discrimination and it goes against international human rights commitments made by the Dominican Republic.”

According to the World Health Organization, the Dominican Republic has a high rate of maternal mortality. Some of these deaths are a result of unsafe abortions.

In August 2012, Rosaura, a 16-year-old girl with leukaemia died of complications caused by a miscarriage. She had been diagnosed as suffering from leukaemia in early July that year, when she was a few weeks pregnant. At that time, she was prevented from having a therapeutic abortion – as recommended by various health professionals – because it was against the law. Chemotherapy was also delayed as doctors were concerned it would harm the foetus.

“Evidence shows that when abortion is totally banned, the rates of maternal mortality grow because doctors are unable or fearful of providing life-saving treatment that has health impacts for the pregnancy, even when it’s the only way to save the patient,”said Javier Zúñiga.

“Any serious efforts by the Dominican Republic to tackle the high rates of maternal mortality needs to include measures to ensure women do not die because of unsafe abortions.”

“What parliamentarians in the Dominican Republic should do is to listen to the demands of large parts of Dominican civil society effectively to protect the rights of women and girls. This includes decriminalizing abortion, protecting women and girls from gender-based violence, ensuring access to information to prevent unwanted pregnancies, as well as ensuring justice for those who suffered abuse.”

For more information or to arrange an interview, please contact: Josefina Salomon, +44 7778 472 116, jsalomon@amnesty.org

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