ENTREVISTA.
"Nuestros móviles pesan menos, pero nosotros no somos más felices"
J. RODRÍGUEZ MARCOS - Madrid - 12/06/2007
Hace algunos años, un amigo le pidió a Luc Ferry (París, 1951) que le explicara con sencillez para qué sirve la filosofía. De aquella pregunta surgió el ensayo Aprender a vivir, que ha vendido en Francia 300.000 ejemplares y que Taurus publica ahora en España. En un hotel madrileño, Ferry aclara que aquel amigo era Dominique de Villepin, colega suyo en el Gobierno francés, en el que el filósofo ejerció como ministro de Educación entre 2002 y 2004.
"Prohibí los símbolos religiosos porque se reprodujo en las escuelas el conflicto de Oriente Próximo. Quise evitar la guerra entre niños"
"Avanzamos sin saber adónde y no controlamos el proceso. La experiencia más fuerte que tienes cuando llegas al poder es que no tienes poder"
Pregunta. ¿Para qué sirve la filosofía?
Respuesta. Nuestra sociedad es muy moral y muy poco espiritual. No hay respuestas para cuestiones como la muerte, el amor o el aburrimiento. Antes se ocupaba de ellas la religión, ahora no se ocupa nadie.
P. ¿Por eso dice que la filosofía es una espiritualidad laica?
R. La filosofía habla siempre de la salvación, pero por la razón, no por la fe. No basta con dejar de ser creyente, y yo no lo soy, para que las grandes cuestiones dejen de plantearse.
P. Escribe usted que las civilizaciones que no han conocido el cristianismo y su sentido de la igualdad tienen dificultades para alcanzar la democracia. ¿No cree que los países árabes puedan ser democráticos?
R. El cristianismo es la religión que, paradójicamente, ha permitido la salida de la religión porque, potencialmente, es democrático y laico. Además de que defiende la igualdad más allá de los talentos
naturales, no impone leyes sobre la vida cotidiana, sobre la forma de comer o vestir. Las leyes que hay son recientes, no están en los Evangelios. Los musulmanes y los judíos aceptan peor la separación entre religión y Estado. Israel es un país democrático pero no laico.
P. Como ministro, usted prohibió el uso de símbolos religiosos en las aulas.
R. Si hubiera sido español no habría hecho lo mismo, pero Francia es un caso particular. Tiene la tercera comunidad judía del mundo y la mayor comunidad musulmana de Europa. Durante la segunda Intifada se dio en las escuelas un reflejo del conflicto de Oriente Próximo. Los
jóvenes árabes, venidos del Magreb, hacían de palestinos y atacaban a los judíos. Yo quise evitar la guerra entre niños. No se prohibieron las cadenitas con la cruz, la media luna o la estrella de David, sólo los símbolos militantes. Muchas niñas musulmanas me pidieron esa ley
para que sus padres no las obligasen a ponerse el pañuelo.
P. Durante las elecciones presidenciales en Francia, Sarkozy criticó la herencia de Mayo del 68. Ségolène Royal la defendió. ¿Para usted es positiva o negativa?
R. Las dos cosas. Mayo del 68 culmina una oposición entre vida bohemia y vida burguesa que conduce a todas las deconstrucciones del siglo XX: se deconstruye la tonalidad en música, la figuración en pintura, la moral tradicional... Se perdieron valores, sí, pero también se liberó el inconsciente, la sexualidad, la intimidad...
P. ¿La educación no se ha resentido?
R. Sí, junto a los valores tradicionales se destruyó también la autoridad. En los colegios se ha impuesto la ilusión pedagógica: primero hay que apasionar a los alumnos y después hacerlos trabajar. Es al revés. Uno sólo trabaja por obligación. No hay espontaneidad en
el aprendizaje. A todos nos ha marcado algún profesor, y solía ser un gran carismático que nos hacía trabajar, no un animador cultural. La ilusión pedagógica nos dice que podemos reemplazar el trabajo por el juego. De ahí el desastre. Hay que inventar nuevas formas de autoridad sin volver atrás como reaccionarios. Los pilares de la
educación europea son griegos (por la cultura), judíos (por la ley) y cristianos (por el amor). Si damos el amor sin la ley, no funciona.
P. ¿Estar en el poder cambió su forma de pensar?
R. Podría decirle que descubrí los presupuestos, pero es más profundo. En Europa tenemos una nueva generación de líderes: Zapatero, Sarkozy, Merkel. Son jóvenes y seductores, pero son pragmatismo puro. Adaptarse a la globalización es necesario, pero insuficiente, es el medio, no el fin.
P. ¿Y cuál es el fin?
R. La primera globalización, la de la ciencia moderna, quería comprender el mundo para dominarlo. Con dos metas: ser más libres y más felices. La globalización actual no tiene un objetivo superior, sólo sigue la lógica del mercado, donde la competencia es un fin en sí mismo. Si un programa de televisión no tiene audiencia, desaparece. Nuestros móviles pesan menos pero nosotros no somos más
felices. Avanzamos sin saber adónde y, además, no controlamos el proceso.
P. ¿Cuando un filósofo se hace ministro se vuelve más pragmático?
R. La experiencia más fuerte que tienes cuando llegas al poder es que no tienes poder. El proceso se nos escapa. Tenemos las apariencias del poder: coches, banderas... Como mucho, un ministro puede alegrar o fastidiar la vida de 300 personas, ahí se acaba todo. Si alguien
moviera los hilos de la marioneta, como creen los militantes antiglobalización, estaríamos de enhorabuena. La lógica del mercado es anónima y ciega. Los políticos tienen ahora mucho menos poder que hace 40 años.
Bob Dylan, premiado en España
13.06.2007 | La Razon | Información general
El cantante ganó el Príncipe de Asturias de las Artes, que consiste en 50 mil euros y una escultura de Miró.
Bob Dylan acaba de ser distinguido en España con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2007 a la labor cultural. El galardón consiste en una escultura creada y donada expresamente por Joan Miró, un diploma, una insignia y la suma de 50.000 euros.
El fallo del jurado, que se conoció en Oviedo, subrayó lo "austero en las formas y lo profundo en los mensajes" de Robert Allen Zimmerman —nombre real de Dylan—, quien conjuga "la canción y la poesía en una obra que crea escuela y determina la educación sentimental de muchos millones de personas". Para el jurado, la obra del autor de canciones tan famosas como "Knocking on heaven''s door" y "Like a rolling stone" es "fiel reflejo del espíritu de una época que busca respuestas en el viento para los deseos que habitan en el corazón de los seres humanos".
Dylan nació en 1941 en Duluth, Minessota (EEUU). Su último disco, "Modern Times", que se editó en agosto pasado, volvió a ponerlo, a los 65 años, al tope de ventas en Estados Unidos. Además de compositor, es escritor y poeta, y fue nominado varias veces al Premio Nobel de Literatura. Fue elegido entre otros 57 artistas que aspiraban al galardón.
http://www.larazon.com/notas/2007/06/13/01437570.html
El cantante ganó el Príncipe de Asturias de las Artes, que consiste en 50 mil euros y una escultura de Miró.
Bob Dylan acaba de ser distinguido en España con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2007 a la labor cultural. El galardón consiste en una escultura creada y donada expresamente por Joan Miró, un diploma, una insignia y la suma de 50.000 euros.
El fallo del jurado, que se conoció en Oviedo, subrayó lo "austero en las formas y lo profundo en los mensajes" de Robert Allen Zimmerman —nombre real de Dylan—, quien conjuga "la canción y la poesía en una obra que crea escuela y determina la educación sentimental de muchos millones de personas". Para el jurado, la obra del autor de canciones tan famosas como "Knocking on heaven''s door" y "Like a rolling stone" es "fiel reflejo del espíritu de una época que busca respuestas en el viento para los deseos que habitan en el corazón de los seres humanos".
Dylan nació en 1941 en Duluth, Minessota (EEUU). Su último disco, "Modern Times", que se editó en agosto pasado, volvió a ponerlo, a los 65 años, al tope de ventas en Estados Unidos. Además de compositor, es escritor y poeta, y fue nominado varias veces al Premio Nobel de Literatura. Fue elegido entre otros 57 artistas que aspiraban al galardón.
http://www.larazon.com/notas/2007/06/13/01437570.html
¿Viva o muerta?
Se marchó el sol, siguen las nubes rojizas
descansa la tierra...queda el llanto...
la noche generosa enfría espontánea
edredones, miles, fieles
amantes de todos los sueños,
no conocen de únicos latidos
cubren la piel
a seres titiritando, arropan
en los salones de las Preciosas,
en los subsuelos abatidos...
Los recuerdos:
...consuelo.
sí, los recuerdos
acariciando pieles, venas...
traicionados por las sonrisas
por el humor
la vitalidad sin fin
...y una red.
Y de nuevo el recuerdo.
Un poco menos de telaraña
un tejido sin fin
queda
la urgencia de amar
se dificulta la nostalgia
amar mucho, queda.
El fluir
mata
reconforta.
Hice la melodía posible
dancé el paso necesario
ahora no sé
si estoy viva o muerta
ahorita eso no importa
me abraza la luna
te doy la mañana.
mdmata
Stgo. RD
11.VI. 07
Sistema fiscal en República Dominicana perjudica a los pobres: Fundación Ebert
Crítica al sistema fiscal dominicano, Fundación Ebert dice perjudica a los pobres.
PUBLICADO EN LAS NOTICIAS DE PORTADA DE CLAVE DIGITAL EL DIA sábado, 09 de junio de 2007
[b]PUCMM/F. EBERT
Fisco RD perjudica a los pobres y beneficia a los ricos
Edwin Ruiz/[/b]Clave Digital
Clave Digital/Archivo
SANTO DOMINGO. A diferencia de la teoría económica aplicada por los gobiernos de República Dominicana, de que el Estado debe contribuir a la redistribución del ingresos únicamente a través del gasto público, "la política tributaria debe ser vista no sólo con fines recaudatorio sino como un instrumento de desarrollo”, según una de las conclusiones de varios estudios compilados y publicados por el Centro Universitario de Estudios Políticos y Sociales (CUEPS), adscrito a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), y la Fundación Friedrich Ebert.
“Las limitaciones que hay en el país, relacionadas con el gasto público como instrumento de redistribución, hacen aún más importante asegurar la equidad en el sistema tributario ya que los sectores de menores ingresos tampoco serán compensados con servicios de calidad que creen capacidades en ellos”, afirma la investigadora y economista Rosa Cañete, en el estudio “Política tributaria, mucho más que una forma de recaudar”.
Cañete destaca que cuando la población aporta ingresos al fisco, espera obtener algo a cambio, “pero definitivamente en la República Dominicana este intercambio no es equitativo”. Esta inequidad se observa en las bajas inversiones públicas en salud y educación.
En cambio, la estructura impositiva dominicana tiene un fuerte sesgo indirecto que ha tendido a aumentar en los últimos años, dice. En este sentido, el 73% de los ingresos tributarios provienen de los impuestos al consumo (que gravan en mayor medida a los pobres), mientras que los impuestos directos, como los que se aplican a la renta y a la propiedad, no superan el 26% del total de esos ingresos.
Pero, aunque el sistema tributario dominicano presenta limitaciones en cuanto a su impacto en la redistribución del ingreso, éste mantiene, en lo formal, una estructura progresiva. Según el estudio, esta dualidad se debe a las altas tasas de evasión provocada por el hecho de que los sectores de más altos ingresos no aportan al fisco lo que las leyes contemplan.
La publicación de la PCMM y la Fundación Friedrich Ebert tiene por título “La estructura impositiva y la limitada inversión en desarrollo humano”. Incluye, además, el estudio “Gestión municipal y política social en República Dominicana”, desarrollado por el investigador Pedro Hernández. E
ntre sus conclusiones afirma que “el régimen municipal y los gobiernos municipales dominicanos “no tienen políticas sociales definida, por lo cual sus actividades en ese sentido se basan en asistencialismos sociales de forma puntual. Esto es así, pese que el presupuesto conjunto de los ayuntamientos pasó de RD$451,024,230, ejecutado en 1995, a RD$9,741,593,020, gastado en 2005, lo que representa una multiplicación de 21.6 veces en sus ingresos, en el transcurso de 10 años.
“Con la dotación presupuestal actual, “los ayuntamientos deben avanzar en la definición y elaboración de políticas sociales, con objetivos precisos y recursos calculados”, propone el estudio. En la actualidad, los esfuerzos asistencialistas “no producen impacto, no tan solo por los pocos recursos que se invierten, sino también porque sus beneficiarios no son sectores específicos”.
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PUBLICADO EN LAS NOTICIAS DE PORTADA DE CLAVE DIGITAL EL DIA sábado, 09 de junio de 2007
[b]PUCMM/F. EBERT
Fisco RD perjudica a los pobres y beneficia a los ricos
Edwin Ruiz/[/b]Clave Digital
Clave Digital/Archivo
SANTO DOMINGO. A diferencia de la teoría económica aplicada por los gobiernos de República Dominicana, de que el Estado debe contribuir a la redistribución del ingresos únicamente a través del gasto público, "la política tributaria debe ser vista no sólo con fines recaudatorio sino como un instrumento de desarrollo”, según una de las conclusiones de varios estudios compilados y publicados por el Centro Universitario de Estudios Políticos y Sociales (CUEPS), adscrito a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), y la Fundación Friedrich Ebert.
“Las limitaciones que hay en el país, relacionadas con el gasto público como instrumento de redistribución, hacen aún más importante asegurar la equidad en el sistema tributario ya que los sectores de menores ingresos tampoco serán compensados con servicios de calidad que creen capacidades en ellos”, afirma la investigadora y economista Rosa Cañete, en el estudio “Política tributaria, mucho más que una forma de recaudar”.
Cañete destaca que cuando la población aporta ingresos al fisco, espera obtener algo a cambio, “pero definitivamente en la República Dominicana este intercambio no es equitativo”. Esta inequidad se observa en las bajas inversiones públicas en salud y educación.
En cambio, la estructura impositiva dominicana tiene un fuerte sesgo indirecto que ha tendido a aumentar en los últimos años, dice. En este sentido, el 73% de los ingresos tributarios provienen de los impuestos al consumo (que gravan en mayor medida a los pobres), mientras que los impuestos directos, como los que se aplican a la renta y a la propiedad, no superan el 26% del total de esos ingresos.
Pero, aunque el sistema tributario dominicano presenta limitaciones en cuanto a su impacto en la redistribución del ingreso, éste mantiene, en lo formal, una estructura progresiva. Según el estudio, esta dualidad se debe a las altas tasas de evasión provocada por el hecho de que los sectores de más altos ingresos no aportan al fisco lo que las leyes contemplan.
La publicación de la PCMM y la Fundación Friedrich Ebert tiene por título “La estructura impositiva y la limitada inversión en desarrollo humano”. Incluye, además, el estudio “Gestión municipal y política social en República Dominicana”, desarrollado por el investigador Pedro Hernández. E
ntre sus conclusiones afirma que “el régimen municipal y los gobiernos municipales dominicanos “no tienen políticas sociales definida, por lo cual sus actividades en ese sentido se basan en asistencialismos sociales de forma puntual. Esto es así, pese que el presupuesto conjunto de los ayuntamientos pasó de RD$451,024,230, ejecutado en 1995, a RD$9,741,593,020, gastado en 2005, lo que representa una multiplicación de 21.6 veces en sus ingresos, en el transcurso de 10 años.
“Con la dotación presupuestal actual, “los ayuntamientos deben avanzar en la definición y elaboración de políticas sociales, con objetivos precisos y recursos calculados”, propone el estudio. En la actualidad, los esfuerzos asistencialistas “no producen impacto, no tan solo por los pocos recursos que se invierten, sino también porque sus beneficiarios no son sectores específicos”.
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Superar cuasi-esclavitud cañera en República Dominicana
PUBLICADO EN LA SECCION FIRMAS DE CLAVE DIGITAL EL DIA jueves, 07 de junio de 2007
EN LA COSA
La cuasi-esclavitud cañera
Bernardo Vega - Escritor, economista, historiador. Ha sido Gobernador del Banco Central, embajador en Washington y director del diario El Caribe.
Recientemente en Europa ha resurgido una serie de acusaciones que tratan de evidenciar que los cortadores de caña haitianos en nuestro país trabajan bajo condiciones de “cuasi-esclavitud”. No es un tema inédito, ni en el extranjero, ni entre nosotros.
Libros, artículos y películas, de factura local e internacional, han sido frecuentes sobre este asunto durante por lo menos los últimos 25 años.
Lo que sí ha cambiado son las condiciones bajo las cuales opera entre nosotros la contratación y el control de esos cortadores, y éstas cada día debilitan el argumento sobre la tal llamada “cuasi-esclavitud”.
En el pasado los cortadores eran contratados en Haití, con el apoyo del ejército haitiano y traídos por soldados dominicanos. Muchos creían que venían a dedicarse a otra actividad y una vez en el batey no podían salir de allí, pues se lo impedían los guarda-campestres. Bajo esas condiciones, la definición de un estado de cuasi-esclavitud se justificaba.
Para dar un golpe final a los viejos argumentos sobre “cuasi-esclavitud” sugiero que nuestro gobierno tome dos medidas:
Primero, que por medio de un decreto prohíba, tanto al Ejército Nacional como a los empleados de la Dirección General de Migración, involucrarse en el tráfico de cortadores desde Haití hacia nuestro país, ya sea directamente, o a través de los clásicos “buscones” dominicanos y haitianos.
Habiendo tantos haitianos aquí, no hay razones de peso para que los ingenios y los colonos paguen por esos servicios, pues bien pueden utilizar a haitianos que ya residen entre nosotros.
Tenemos entendido que un grupo azucarero se ha dado cuenta que hasta le sale más barato utilizar haitianos ya residentes en el país, que pagar a la cadena cívico-militar que los trae desde Haití.
Además, los “locales” tienen más experiencia cortando caña. Ese decreto debe sancionar muy fuertemente a los militares y empleados públicos que continúen con esa práctica.
Con esa medida nuestro gobierno, no sólo recibiría un gran apoyo popular, al eliminar una norma con cien años de vigencia, sino que también se evitaría acusaciones, no muy lejanas, de que está participando en “tráfico de personas”, una acción que Estados Unidos y la comunidad internacional, en esta época de terrorismo, cada día condena más. Es un concepto que va mucho más allá de la simple trata de blancas.
Picadores de caña
La importación de haitianos, bajo auspicio estatal, engañados en cuanto a la labor que van a desempeñar, es parte esencial de la definición de “tráfico de personas”, algo que bien podría hasta eventualmente afectar nuestro acceso a la cuota azucarera norteamericana.
En fin, que si entre nosotros hay, como algunos dicen, un millón de haitianos y los ingenios sólo necesitan 10,000, como afirman públicamente portavoces de la industria, no hay razón para que el Estado autorice que más picadores sean traídos desde Haití.
Lo segundo sería derogar la legislación, que data desde la ocupación norteamericana de 1916 y que fue fortalecida en 1930, el primer año de la dictadura de Trujillo, que otorga poder al guarda-campestre, un empleado privado de los ingenios, para que éste impida que un cortador pueda abandonar un batey.
Según la ley, los guarda-campestres tienen los mismos derechos y los mismos deberes que la policía y sus gestiones tienen la misma importancia. Hasta están autorizados a arrestar personas.
Al haitiano donde hay que atajarlo es en la frontera. Si se quiere ir del batey no debe nadie impedírselo. Los arroceros, cafetaleros, cacaotaleros e ingenieros no necesitan de guarda-campestres. Ese poder que tiene esa figura de la época de las plantaciones debe desaparecer.
Con esas dos medidas no podría en absoluto alegarse “cuasi-esclavitud”. Tan sólo podría argumentarse que en los bateyes se vive mal. Pero se llega y se queda allí voluntariamente.
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EN LA COSA
La cuasi-esclavitud cañera
Bernardo Vega - Escritor, economista, historiador. Ha sido Gobernador del Banco Central, embajador en Washington y director del diario El Caribe.
Recientemente en Europa ha resurgido una serie de acusaciones que tratan de evidenciar que los cortadores de caña haitianos en nuestro país trabajan bajo condiciones de “cuasi-esclavitud”. No es un tema inédito, ni en el extranjero, ni entre nosotros.
Libros, artículos y películas, de factura local e internacional, han sido frecuentes sobre este asunto durante por lo menos los últimos 25 años.
Lo que sí ha cambiado son las condiciones bajo las cuales opera entre nosotros la contratación y el control de esos cortadores, y éstas cada día debilitan el argumento sobre la tal llamada “cuasi-esclavitud”.
En el pasado los cortadores eran contratados en Haití, con el apoyo del ejército haitiano y traídos por soldados dominicanos. Muchos creían que venían a dedicarse a otra actividad y una vez en el batey no podían salir de allí, pues se lo impedían los guarda-campestres. Bajo esas condiciones, la definición de un estado de cuasi-esclavitud se justificaba.
Para dar un golpe final a los viejos argumentos sobre “cuasi-esclavitud” sugiero que nuestro gobierno tome dos medidas:
Primero, que por medio de un decreto prohíba, tanto al Ejército Nacional como a los empleados de la Dirección General de Migración, involucrarse en el tráfico de cortadores desde Haití hacia nuestro país, ya sea directamente, o a través de los clásicos “buscones” dominicanos y haitianos.
Habiendo tantos haitianos aquí, no hay razones de peso para que los ingenios y los colonos paguen por esos servicios, pues bien pueden utilizar a haitianos que ya residen entre nosotros.
Tenemos entendido que un grupo azucarero se ha dado cuenta que hasta le sale más barato utilizar haitianos ya residentes en el país, que pagar a la cadena cívico-militar que los trae desde Haití.
Además, los “locales” tienen más experiencia cortando caña. Ese decreto debe sancionar muy fuertemente a los militares y empleados públicos que continúen con esa práctica.
Con esa medida nuestro gobierno, no sólo recibiría un gran apoyo popular, al eliminar una norma con cien años de vigencia, sino que también se evitaría acusaciones, no muy lejanas, de que está participando en “tráfico de personas”, una acción que Estados Unidos y la comunidad internacional, en esta época de terrorismo, cada día condena más. Es un concepto que va mucho más allá de la simple trata de blancas.
Picadores de caña
La importación de haitianos, bajo auspicio estatal, engañados en cuanto a la labor que van a desempeñar, es parte esencial de la definición de “tráfico de personas”, algo que bien podría hasta eventualmente afectar nuestro acceso a la cuota azucarera norteamericana.
En fin, que si entre nosotros hay, como algunos dicen, un millón de haitianos y los ingenios sólo necesitan 10,000, como afirman públicamente portavoces de la industria, no hay razón para que el Estado autorice que más picadores sean traídos desde Haití.
Lo segundo sería derogar la legislación, que data desde la ocupación norteamericana de 1916 y que fue fortalecida en 1930, el primer año de la dictadura de Trujillo, que otorga poder al guarda-campestre, un empleado privado de los ingenios, para que éste impida que un cortador pueda abandonar un batey.
Según la ley, los guarda-campestres tienen los mismos derechos y los mismos deberes que la policía y sus gestiones tienen la misma importancia. Hasta están autorizados a arrestar personas.
Al haitiano donde hay que atajarlo es en la frontera. Si se quiere ir del batey no debe nadie impedírselo. Los arroceros, cafetaleros, cacaotaleros e ingenieros no necesitan de guarda-campestres. Ese poder que tiene esa figura de la época de las plantaciones debe desaparecer.
Con esas dos medidas no podría en absoluto alegarse “cuasi-esclavitud”. Tan sólo podría argumentarse que en los bateyes se vive mal. Pero se llega y se queda allí voluntariamente.
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La Orden de Proteción a las víctimas de violencia de género en República Dominicana estan centralizadas: Red de Atención a la Violencia de Género
Se puso una pena de RD$2,000.00 diarios a una Fiscal que emitió una orden de Protección contra un imputado agresor de violencia de género. Ante este hecho la Red de Involucrados para la tención a la violencia de género emitió este documento público, el cual será entregado a la Suprema Corte de Justicia.
En República Dominicana aplicar una Orden de Protección es infuncional y no llena su cometido, pues está burocratizada y centralizada en los jueces de instrucción.
Red de Involucrados/as en el Sistema de Prevención, Atención Integral y Sanción a la Violencia de Género e Intrafamiliar
La Red de Involucrados/as en el Sistema de Prevención, Atención Integral y Sanción a la Violencia de Género e Intrafamiliar, preocupada frente a la SENTENCIA No. 063/2007.- PROCESO NO. 044-07-RA-0043, de fecha dieciocho (18) de mayo del año Dos Mil Siete (2007), emitida por la sala penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, presidida por el juez Sergio Antonio Ortega, manifiesta lo siguiente:
Primero: De acuerdo a la mejor y última doctrina internacional para la respuesta Jurídico Legal sobre el fenómeno de la Violencia de Género, las Órdenes de Protección corresponden a las medidas de emergencia que destina la legislación para aplicar a favor de las víctimas y a partir de seis principios fundamentales:
1. Principio de Protección de la Víctima y la Familia: objeto fundamental de proteger la integridad de la víctima y la familia del agresor: que recuperen la seguridad frente a amenazas y/o represalias del agresor. La OP se constituye en los supuestos jurídicos en un derecho de la víctima en todo momento.
2. Principio de Aplicación General: La OP se debe aplicar siempre que sea considerada necesaria en el sistema de atención, con independencia de los resultados de la investigación en el sentido de que el delito sea falta o crimen.
3. Principio de Urgencia: La OP debe obtenerse y ejecutarse a la mayor celeridad posible, sin menoscabo de las garantías procesales y articularse a un procedimiento lo suficientemente rápido como para proteger a la víctima desde el comienzo del proceso.
4. Principio de accesibilidad: La regulación eficaz de la OP requiere la articulación de un procedimiento suficientemente sencillo como para que sea accesible a todas las víctimas de la violencia Intrafamiliar.
5. Principio de la integralidad: La concesión de la OP debe provocar de una sola vez y de manera automática la obtención de la protección integral de la víctima y menores a cargo.
6. Principio de la Utilidad Procesal: La OP debe facilitar las acciones investigativas para el proceso de recogimiento, tratamiento y conservación de las pruebas.
Segundo: Desde la promulgación de la Ley 24-97 que introduce en el Código penal a la víctima, y sobre todo a la mujer víctima de violencia de género intrafamiliar y/o sexual, las Órdenes de Protección fueron aplicadas de manera conservatoria por el Ministerio Público, como una medida de protección a la integridad de las mujeres.
Tercero: Cuando el Ministerio Público aplica una OP. , no viola la Ley sino que toma una medida CONSERVATORIA, lo que no puede hacer el MP es imponer una medida de coerción o violar los derechos fundamentales de las personas (entre ellas, el imputado), pero es legitimo que realice alguna acción que tienda a proteger la integridad humana (el Estatuto del MP, Ley 78-03, aun lo define como "representante de la sociedad").
Cuarto: Las Ordenes de Protección no son medidas de coerción; su objeto es PROTEGER, como lo indica su nombre y así deben ser entendidas. Huelga decir que son provisionales y cautelares. ¿Viola la ley aquel que toma una medida cuyo objetivo es PROTEGER un bien jurídico, tutelado, en este caso la vida y/o la integridad física? Comete un delito quien realiza una acción que causa un daño y que es penalmente relevante; quien mejora las cosas o evita que empeoren, no puede realizar algo llamado delito.
Quinto: Es una sentencia que envía un mensaje contradictorio sobre la protección de las víctimas de violencia y da rienda suelta a los agresores imputados, sin analizar el riesgo de feminicidio. Si creía que tenía que hacer algo, el juez Ortega debió revocar la orden y hacer una advertencia, pero no salir con una condena como esa, pues jamás la medida puede ser tomada como un acto ILEGITIMO, pues está concebida para evitar un riesgo, un peligro, un hecho más grave acaecido luego de la querella.
Sexto: En el caso presente, la Fiscal Adjunta condenada, emitió una orden de protección contra un agresor protegiendo a una víctima de violencia de género como primera medida para evitar un feminicidio más, teniendo en cuenta que en la R. Dominicana se asesinan más de doscientas mujeres al año, de las cuales un 82% pierden la vida a manos de sus ex compañeros o compañeros en el momento en que deciden abandonar la relación de violencia. Además, la víctima que buscó protección en el Ministerio Público, lo hizo frente al hecho de haber sido amenazada y tiroteada con una pistola, lo que significa una situación de alto riesgo y de flagrancia.
Séptimo: El sistema judicial no nos garantiza que la orden emitida por el tribunal salga inmediatamente y de ahí que el Ministerio Público deba tener una serie de herramientas conservatorias y de protección que pueda aplicar al momento que la víctima ponga su denuncia
Octavo: Utilizar y peor aún, conceder un recurso de Amparo, es proteger la libertad del agresor para molestar, intimidar, visitar, acosar y hasta matar a su ex esposa víctima. La sentencia de Amparo en el caso presente, es una forma de sexismo que compromete la imparcialidad del juez actuante, frente a lo establecido por la recomendación 19 de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, que dice que la violencia constituye una forma de discrimen contra las mujeres ..
Noveno: La Suprema Corte de Justicia y los tribunales todos, deben saber que la vida de las víctimas dominicanas depende también del enfoque de género y de derechos con que los jueces y las juezas apliquen las leyes, de lo contrario la ignorancia sobre la complejidad de las relaciones de pareja y sus terribles consecuencias, seguirán manteniéndose en la impunidad o más aún, beneficiarán a los agresores como es el caso.
Décimo: En cuanto a los Tratados y Convenciones internacionales ratificados por la Republica Dominicana, la Convención de Belem do Para, obliga a los Estados a proteger y prevenir con debida diligencia la violencia contra las mujeres. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha publicado recientemente un informe sobre la desprotección en que los países del continente mantienen a las víctimas de violencia, calificando como fracaso la intervención de la justicia para ofrecer garantías que impidan que las mujeres sean asesinadas por sus ex cónyuges. Además, la Relatora de Violencia de Naciones Unidas planteaba el año pasado, como faltan los Estados a la obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres
Finalmente, en nuestro sistema, la violencia de género intrafamiliar y/o sexual, carece de una igualdad ante los procesos, y la administración de la justicia además de revictimar fortalece día a día la impunidad de los imputados agresores. En general, jueces y juezas, desconocen la complejidad de estas violencias y entienden que se debe tratar como cualquiera de las violencias y crímenes establecidos en la ley, como lo demuestra el gran desnivel que existe entre el número de querellas que se someten y las que siguen un proceso judicial.
Es necesario que la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República, por intermedio de la Procuradora de la Mujer, tomen medidas rápidas para subsanar las deficiencias del encuadre del derecho de las víctimas a la luz de la 24-97 y el de las personas imputadas. En el mediano plazo, es necesario legislar para evitar estos abusos producidos la falta de conocimiento que existe en la administración de justicia respecto al fenómeno de la violencia de género intrafamiliar y/o sexual.
Santo Domingo, 4 de junio 2007
En República Dominicana aplicar una Orden de Protección es infuncional y no llena su cometido, pues está burocratizada y centralizada en los jueces de instrucción.
Red de Involucrados/as en el Sistema de Prevención, Atención Integral y Sanción a la Violencia de Género e Intrafamiliar
La Red de Involucrados/as en el Sistema de Prevención, Atención Integral y Sanción a la Violencia de Género e Intrafamiliar, preocupada frente a la SENTENCIA No. 063/2007.- PROCESO NO. 044-07-RA-0043, de fecha dieciocho (18) de mayo del año Dos Mil Siete (2007), emitida por la sala penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, presidida por el juez Sergio Antonio Ortega, manifiesta lo siguiente:
Primero: De acuerdo a la mejor y última doctrina internacional para la respuesta Jurídico Legal sobre el fenómeno de la Violencia de Género, las Órdenes de Protección corresponden a las medidas de emergencia que destina la legislación para aplicar a favor de las víctimas y a partir de seis principios fundamentales:
1. Principio de Protección de la Víctima y la Familia: objeto fundamental de proteger la integridad de la víctima y la familia del agresor: que recuperen la seguridad frente a amenazas y/o represalias del agresor. La OP se constituye en los supuestos jurídicos en un derecho de la víctima en todo momento.
2. Principio de Aplicación General: La OP se debe aplicar siempre que sea considerada necesaria en el sistema de atención, con independencia de los resultados de la investigación en el sentido de que el delito sea falta o crimen.
3. Principio de Urgencia: La OP debe obtenerse y ejecutarse a la mayor celeridad posible, sin menoscabo de las garantías procesales y articularse a un procedimiento lo suficientemente rápido como para proteger a la víctima desde el comienzo del proceso.
4. Principio de accesibilidad: La regulación eficaz de la OP requiere la articulación de un procedimiento suficientemente sencillo como para que sea accesible a todas las víctimas de la violencia Intrafamiliar.
5. Principio de la integralidad: La concesión de la OP debe provocar de una sola vez y de manera automática la obtención de la protección integral de la víctima y menores a cargo.
6. Principio de la Utilidad Procesal: La OP debe facilitar las acciones investigativas para el proceso de recogimiento, tratamiento y conservación de las pruebas.
Segundo: Desde la promulgación de la Ley 24-97 que introduce en el Código penal a la víctima, y sobre todo a la mujer víctima de violencia de género intrafamiliar y/o sexual, las Órdenes de Protección fueron aplicadas de manera conservatoria por el Ministerio Público, como una medida de protección a la integridad de las mujeres.
Tercero: Cuando el Ministerio Público aplica una OP. , no viola la Ley sino que toma una medida CONSERVATORIA, lo que no puede hacer el MP es imponer una medida de coerción o violar los derechos fundamentales de las personas (entre ellas, el imputado), pero es legitimo que realice alguna acción que tienda a proteger la integridad humana (el Estatuto del MP, Ley 78-03, aun lo define como "representante de la sociedad").
Cuarto: Las Ordenes de Protección no son medidas de coerción; su objeto es PROTEGER, como lo indica su nombre y así deben ser entendidas. Huelga decir que son provisionales y cautelares. ¿Viola la ley aquel que toma una medida cuyo objetivo es PROTEGER un bien jurídico, tutelado, en este caso la vida y/o la integridad física? Comete un delito quien realiza una acción que causa un daño y que es penalmente relevante; quien mejora las cosas o evita que empeoren, no puede realizar algo llamado delito.
Quinto: Es una sentencia que envía un mensaje contradictorio sobre la protección de las víctimas de violencia y da rienda suelta a los agresores imputados, sin analizar el riesgo de feminicidio. Si creía que tenía que hacer algo, el juez Ortega debió revocar la orden y hacer una advertencia, pero no salir con una condena como esa, pues jamás la medida puede ser tomada como un acto ILEGITIMO, pues está concebida para evitar un riesgo, un peligro, un hecho más grave acaecido luego de la querella.
Sexto: En el caso presente, la Fiscal Adjunta condenada, emitió una orden de protección contra un agresor protegiendo a una víctima de violencia de género como primera medida para evitar un feminicidio más, teniendo en cuenta que en la R. Dominicana se asesinan más de doscientas mujeres al año, de las cuales un 82% pierden la vida a manos de sus ex compañeros o compañeros en el momento en que deciden abandonar la relación de violencia. Además, la víctima que buscó protección en el Ministerio Público, lo hizo frente al hecho de haber sido amenazada y tiroteada con una pistola, lo que significa una situación de alto riesgo y de flagrancia.
Séptimo: El sistema judicial no nos garantiza que la orden emitida por el tribunal salga inmediatamente y de ahí que el Ministerio Público deba tener una serie de herramientas conservatorias y de protección que pueda aplicar al momento que la víctima ponga su denuncia
Octavo: Utilizar y peor aún, conceder un recurso de Amparo, es proteger la libertad del agresor para molestar, intimidar, visitar, acosar y hasta matar a su ex esposa víctima. La sentencia de Amparo en el caso presente, es una forma de sexismo que compromete la imparcialidad del juez actuante, frente a lo establecido por la recomendación 19 de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, que dice que la violencia constituye una forma de discrimen contra las mujeres ..
Noveno: La Suprema Corte de Justicia y los tribunales todos, deben saber que la vida de las víctimas dominicanas depende también del enfoque de género y de derechos con que los jueces y las juezas apliquen las leyes, de lo contrario la ignorancia sobre la complejidad de las relaciones de pareja y sus terribles consecuencias, seguirán manteniéndose en la impunidad o más aún, beneficiarán a los agresores como es el caso.
Décimo: En cuanto a los Tratados y Convenciones internacionales ratificados por la Republica Dominicana, la Convención de Belem do Para, obliga a los Estados a proteger y prevenir con debida diligencia la violencia contra las mujeres. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha publicado recientemente un informe sobre la desprotección en que los países del continente mantienen a las víctimas de violencia, calificando como fracaso la intervención de la justicia para ofrecer garantías que impidan que las mujeres sean asesinadas por sus ex cónyuges. Además, la Relatora de Violencia de Naciones Unidas planteaba el año pasado, como faltan los Estados a la obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres
Finalmente, en nuestro sistema, la violencia de género intrafamiliar y/o sexual, carece de una igualdad ante los procesos, y la administración de la justicia además de revictimar fortalece día a día la impunidad de los imputados agresores. En general, jueces y juezas, desconocen la complejidad de estas violencias y entienden que se debe tratar como cualquiera de las violencias y crímenes establecidos en la ley, como lo demuestra el gran desnivel que existe entre el número de querellas que se someten y las que siguen un proceso judicial.
Es necesario que la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República, por intermedio de la Procuradora de la Mujer, tomen medidas rápidas para subsanar las deficiencias del encuadre del derecho de las víctimas a la luz de la 24-97 y el de las personas imputadas. En el mediano plazo, es necesario legislar para evitar estos abusos producidos la falta de conocimiento que existe en la administración de justicia respecto al fenómeno de la violencia de género intrafamiliar y/o sexual.
Santo Domingo, 4 de junio 2007
Medios de comunicación, gobierno de Venezuela y la oligarquía
Tierra rasada
Por Luis López Nieves/ Cartas Bizantinas
El príncipe Constantino Paleólogo, embajador de Bizancio en Puerto
Rico, le escribe a la princesa Eudocia, su hermana menor, quien
actualmente reside en la capital bizantina.
Querida Eudocia:
Napoleón invadió Rusia en el 1812 con medio millón de soldados.
Inicialmente el ataque fue tan abrumador que los rusos retrocedieron.
Pero antes de abandonar una provincia o una ciudad lo quemaban y
demolían todo -casas, campos, talleres, granjas- absolutamente todo,
para que el ejército francés no pudiera aprovecharlo.
Esta estrategia militar, conocida como "tierra rasada", consiste de
privar al enemigo de los recursos del país que ha invadido. Al no
poder suplirse en las tierras agredidas, la labor del invasor se hace
mucho más penosa porque tiene que abastecerse desde el exterior.
En términos militares esta estrategia puede tener sentido. Conlleva
un gran sacrificio para algunos ciudadanos, que lo pierden todo, pero
a largo plazo se salva la patria.
He observado que en América La tina abunda mucho la mentalidad de
"tierra rasada", pero no en el campo militar, donde puede ser
efectiva, sino en la política, donde es un disparate.
Cuando un partido pierde una elección es normal que patalee un poco,
pero luego se resigna y empieza a prepararse para las próximas
elecciones. En Venezuela, en cambio, la oposición se niega a aceptar
sus muchas derrotas. Aunque el presidente Hugo Chávez siempre gana
las elecciones con grandes mayorías, sus opositores insisten en
acusarlo de "dictador" y han adoptado la estrategia de "tierra rasada".
Varios medios privados de comunicación –que lógicamente pertenecen a
la oligarquía– con gran descaro han promovido golpes de estado y
hasta pedido la intervención del Imperio del Norte. Incluso
participaron en el fracasado golpe de estado de 2002. En cualquier
país del mundo semejante conducta conduciría a la clausura inmediata
de los medios golpistas y al arresto de los dueños. Pero en Venezuela
el gobierno ha procedido por medios legales.
De hecho, poco después del intento de golpe, la incansable
oligarquía, siempre con su estrategia de "tierra rasada", logró que
una cantidad de ingenieros petroleros se fuera a la huelga con el
único fin de provocar el colapso económico del país. Nuevamente, el
presidente Chávez evitó el desplome de la industria petrolera sin
recurrir a la represión.
No me sorprende que la prensa del Imperio del Norte llame "dictador"
al presidente Chávez: siempre demonizan a los que no adoran el modelo
político norteamericano. Pero no entiendo cómo un venezolano puede
hacerlo. Por eso aproveché un viaje reciente a Ve nezuela para
preguntarle a un opositor del gobierno:
–¿No dijo la OEA, invitada a Vene zuela por ustedes, que las
elecciones fueron limpias?
–Chávez compró a la OEA con el dinero del petróleo –me contestó.
A otro le pregunté:
–¿No dijo el ex emperador Jimmy Carter, invitado a Venezuela por
ustedes para que supervisara las elecciones, que éstas habían sido
limpias?
–Chávez compró a Carter con el dinero del petróleo –me contestó.
En fin, querida hermana, en América Latina abunda esta mentalidad de
"tierra rasada", que en la política siempre es suicida. Algunos
exiliados cubanos, por ejemplo, llevan casi 50 años tratando de
quebrar a Cuba económicamente. Aunque no lo puedas creer, bailan y
beben champaña cada vez que Cuba anuncia una sequía, alguna es casez
o cualquier catástrofe... aunque sufran las consecuencias sus
parientes, sus hermanos y hasta sus propias madres que todavía viven
en la Isla.
En Puerto Rico ocurre algo similar. Ahora mismo este país sufre un
gran descalabro económico. Sin embargo, con mis propios ojos he visto
que cada vez que la economía recibe un nuevo golpetazo –ya sea el
cierre de una fábrica o la huida de un importante inversionista–, los
miembros del partido de la oposición saltan como monos y se babean de
felicidad.
Te besa tu hermano,
Constantino
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