Los derechos sexuales y de planificación familiar son fundamentales: José Manuel Guzmán Ibarra

José Manuel Guzmán Ibarra es del Comité Central del PLD, economista. Refleja capacidad de pensamiento propio y se aleja de la propuesta del artículo 30 que si se aprueba como lo propuso el Presidente de la República, impediría hasta los métodos anticonceptivos.


Propuesta de síntesis sobre el tema del aborto

Por: José Manuel Guzmán Ibarra

Primero: El consenso es imposible en el tema del aborto, pues no tiene una solución racional y los argumentos más poderosos se fundamentan en valoraciones de índole moral, político o religioso y no en hechos incontrovertibles, científicamente probados. Hay concepciones encontradas, que son irreconciliables sobre cuando se considera existe vida humana. La ciencia ha opinado mucho sobre el tema, no habiéndose llegado a una verdad universalmente aceptada.

Segundo: No hay debate sobre el aborto abierto. El debate en RD, a diferencia de otros países es limitado. Y se circunscribe a dos niveles:

En el primer nivel: se discute sobre las implicaciones que tendría la redacción del artículo 30 de la constitución propuesta, que define la vida desde la concepción, es decir desde la fecundación del óvulo.

En el segundo nivel: se discute la modificación del código penal, siendo
así, que se pide la despenalización de casos extremos de aborto, debido a violación o a razones médicas. Son dos niveles totalmente diferentes y con implicaciones legales diferentes.

En el caso de la constitución, sus implicaciones trascienden el aborto y tocan algunos métodos de fertilización artificial, entre ellos el bebe in-vitro, la investigación científica a partir de óvulos fecundados, métodos anticonceptivos mecánicos como el diu, y algunas pastillas anticonceptivas.

Todos serían –a partir de la discusión- inconstitucionales.

En el caso del código penal es destacable que nadie en el Congreso plantea una abierta despenalización al aborto, y se circunscribe a abortos por razones extremas de salud. Vale decir: menores de edad que no tienen madurez fisiológica para llevar a término un embarazo o los llamados embarazos ectópicos (o fuera del útero) que no podrán prosperar y que si no se interrumpen ponen en serio riesgo la salud de la madre, por mencionar algunos casos.

Tercero: La democracia está funcionando, y queremos vivir en una sociedad organizada. Vivimos en democracia, por lo que los mecanismos de debate deben garantizar que todo aquel que tenga algo que decir, lo diga. Deben, además, respetarse los mecanismos institucionales existentes (aunque podamos mejorarlos en el futuro) y entender como legítimo, aunque a veces nos parezcan terribles, los argumentos o las motivaciones de los congresistas, pues entre otras cosas, fuera del Congreso, el debate está sucediendo con argumentos similares, desde las femino-céntricas (la mujer es la que decide) hasta las religiosas (Dios es el que determina) sin obviar las consideraciones técnicas –más que científicas- argumentadas por los doctores en medicina, así el Congreso está reflejando lo que la sociedad nuestra es capaz de producir.

Cuarto: La democracia y la organización social exigen tolerancia de los actores sociales. Esa tolerancia implica que todos pueden hablar en el momento que lo consideren, con los argumentos que consideren. El debate no se detiene porque lo determine alguien; pero exigirá el respeto a las leyes que del Congreso salgan sobre este tema. Especialmente los grupos religiosos organizados que se relacionan con los ciudadanos a través de la convicción y no a través de la legislación. Lo mismo aplicará para los grupos de presión que están a favor de las modificaciones y la despenalización.

En este punto es importante reconocer que los ciudadanos no pueden exigir a un legislador una solución a la carta. Aunque sí es menester exigirle ser responsables en los efectos de sus votaciones y opiniones, y deben estar basados en el interés público, sobre el de los grupos de presión y sobre las consideraciones religiosas. En última instancia, sólo el voto puede ser una manera legítima de presión y en tal caso, cada legislador podrá evaluar esos efectos, sin que se constituya en el único elemento que debería tomar en cuenta.

Quinto: el sistema republicano y democrático implica legislar para creyentes y no creyentes. Es deber de los legisladores respetar las creencias de todos, sin excepción, los ciudadanos, por lo que creencias particulares (aún mayoritarias) no deberían ser base legislativa.
Sexto: la salud reproductiva de la mujer es un tema de salud pública -y el debate en RD, está circunscrito al mismo- por tener que ver con la
planificación y con la salud de la madre.

Así:

a) Debe legislarse para todos.
b) Allí dónde no hay consenso hay que reglamentar desde la tolerancia.
c) No debería llevarse al texto constitucional posiciones definitivas dónde no hay consensos, eso es cierto para el aborto y para otros temas.
d) El Congreso debe legislar como sus mecanismos lo establecen.
e) El artículo 30 de la constitución debería ser copiado íntegramente de la Constitución actual vigente, para permitir que prácticas dónde no hay discusión social de importancia como lo son los métodos anticonceptivos y las técnicas de fertilidad no queden prohibidas.
f) El código penal debería reglamentar el aborto terapéutico: haciéndolo poco común, técnicamente bien asistido, y científicamente sustentado.
g) En la actual situación de consenso social, el aborto abierto debe permanecer prohibido, para mujeres adultas, en situación de salud y sicológica normales, muy especialmente para aquellos que ocurran luego de 16 semanas de embarazo.
h) Las penas coercitivas deben aplicarse para aquellas prácticas abortivas se apliquen cuando el feto pueda vivir, con las técnicas científicas existentes, fuera del vientre materno.
i) El aborto por razones económicas, también debe permanecer prohibido.
j) En contraposición: el Estado debe garantizar más recursos en el presupuesto de Salud Pública, para la asistencia a las madres que presenten pobreza extrema, a las madres solteras. Igualmente Estado y Sociedad deben hacer esfuerzos privados y públicos para garantizar la existencia de albergues dignos para los niños sin padres.
k) El Estado debe continuar permitiendo, y profundizando y con extrema seriedad, programas de educación sexual temprana y prevención de embarazos no deseados. Garantizando la información científica y sin dejar fuera las posiciones religiosas sobre los puntos de salud reproductiva y sexual.
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