Grupos religiosos dominicanos que desprecian la opción sexual diferente a la heterosexual, y hasta niegan el derecho a la libre asociación en pareja pidiendo que no se permita el divorcio, no diferencian lo que es el ordenamiento legal público y sus dogmas para con su feligresía. No entienden ni papa sobre derechos humanos, y se creen que sus creencias deben dirigir la vida de todo el mundo: fascismo puro. La colectiva Mujer y Salud analiza.
Mildred D Mata
----
Los riesgos de postrarse ante el extremismo religioso
Por Colectiva Mujer y Salud
La prensa de ayer jueves reporta que grupos evangélicos realizaron una protesta frente al Palacio Nacional demandado la expulsión del país del Embajador de Estados Unidos y la prohibición del divorcio. Los organizadores de la protesta, que dicen representar a más de 40 organizaciones del liderazgo evangélico en el país, reiteraron además su oposición al matrimonio igualitario y a la celebración del Día del Orgullo LGBT (ver reseña en acento.com.do/2014/actualidad/8155403-religiosos-anti-gay-piden-expulsar-a-embajador-eeuu/).
Aunque a primera vista las demandas de los evangélicos parecen risibles –tanto así que la mayoría de los medios ni siquiera las reseñaron- la verdad es que en el contexto actual del país hacen perfecto sentido. De hecho, no es menos absurda la solicitud de expulsar al representante de EEUU o de prohibir legalmente el divorcio que la de eliminar del proyecto de ley de Código Penal la cláusula del ‘Estado de Necesidad’, que hubiera permitido interrumpir el embarazo cuando la vida de la mujer corre peligro grave e inminente.
Esto último es lo que hizo la semana pasada el Senado dominicano a solicitud expresa de la Iglesia católica, cuya doctrina establece que en esos casos los médicos deben hacer lo posible por salvar la vida de ambos (mujer y embrión), pero si esto no es posible deben dejar morir a la mujer antes que realizarle un aborto terapéutico. Si a nuestros legisladores no les tiembla el pulso para imponerle estos extremos de fanatismo religioso a la ciudadanía, ¿por qué no habrían de complacer también a los evangélicos proscribiendo el divorcio? ¿Y qué de otros preceptos religiosos, como la prohibición de los anticonceptivos (católicos), del consumo de carne de cerdo (adventistas), de las transfusiones de sangre (Testigos de Jehová), o del consumo de alcohol (varias iglesias evangélicas)?
La eliminación del ‘Estado de Necesidad’ del proyecto de Código Penal abre las puertas a todo esto y más. Es la versión criolla de la sharia, con los legisladores en el papel de ayatolas, comportándose como si nunca hubieran leído la Constitución de la República. ¿O quizás la leyeron y no la entendieron, sobre todo en lo relativo a los artículos 45 (libertad de conciencia y cultos) y 39 (igualdad y no discriminación)? ¿O quizás la entendieron pero no les alcanza el temple para decirle que no al Cardenal?
Si los fieles insisten en desobedecer a sus autoridades religiosas utilizando anticonceptivos para planificar sus embarazos, recurriendo al divorcio cuando sus matrimonios fracasan, etc., ¿por qué los legisladores tienen que imponer por ley lo que debiera ser acatado voluntariamente? ¿Por qué insistir en que el Estado obligue a sus fieles (y peor aún, a los que no lo son) a cumplir mandatos con los que evidentemente no están de acuerdo?
¿Qué viene ahora, la solicitud de que se legisle contra el sexo oral y la masturbación, estrictamente prohibidas por la Iglesia católica, o contra la venta de morcillas que tanto repugnan a los adventistas?
Colectiva Mujer y Salud
