La Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres pide al Congreso acoga las observaciones que hizo el Presidente Danilo Medina al Proyecto de Código Penal sobre las especificidades donde se puede practicar un aborto sin condena penal ni para el persoal de salud ni para las familias.
Mildred Dolores Mata
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Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres
PRONUNCIAMIENTO
Las organizaciones, instituciones, y ciudadanos y ciudadanas integrantes de la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres solicitamos al Congreso Nacional acoja la Observación del Presidente de la República al recién aprobado Código Penal y se establezcan excepciones a la penalización de la interrupción del embarazo cuando peligra la vida de la mujer, cuando ésta ha sido víctima de violación o incesto, o cuando el embrión o feto presenta malformaciones incompatibles con la vida.
La penalización absoluta del aborto es un atentado contra los derechos humanos de las mujeres, un problema de salud pública, de justicia social y de democracia.
Es una violación de derechos humanos porque obligar a una mujer a llevar a término un embarazo cuando concurren cualquiera de las circunstancias antes señaladas es negarle su derecho a decidir sobre su vida, su salud, dignidad e integridad personal; todos estos derechos fundamentales consignados en nuestra Constitución de la República.
La penalización absoluta del aborto no puede ser la respuesta del Estado a un problema cuyas raíces no están en la falta de castigo, sino en la ausencia de prevención y atención. Por esa razón el no establecer excepciones a la penalización del aborto se traduce en sentencia de muerte para las mujeres que en circunstancias especiales necesitan interrumpir su embarazo, en particular en los casos en que su vida corre peligro. En esta circunstancia no estamos siquiera frente a la disyuntiva entre la vida de la madre o la del feto, sino entre la condena a muerte de ambos o la posibilidad de salvar la vida de la mujer.
En similares circunstancias se encuentran las mujeres embarazadas producto de una violación o de incesto, al imponérseles una maternidad no deseada, por el contrario rechazada y llena de sufrimiento. Esta situación se convierte en discriminación y más violencia contra estas mujeres, en especial cuando carecen de recursos económicos, pues no tienen otro camino que practicarse un aborto de manera clandestina, en condiciones insalubres y peligrosas. Para ellas la muerte, la mutilación o la enfermedad es una realidad de alta probabilidad.
La penalización del aborto sin excepciones es por tanto también un problema de salud pública, porque lejos de contribuir a reducir la alarmante tasa de mortalidad materna que presenta el país, profundiza esta situación al obstaculizar la intervención oportuna y eficaz del personal de salud en esos casos extremos y evitar la muerte de más mujeres.
Además, este es un asunto de democracia porque los legisladores y legisladoras en cumplimiento de su función de representantes de los intereses de toda la sociedad están llamados a atender la opinión de sus representados/as, quienes en su mayoría (61.2%) han expresado estar a favor de la despenalización de la interrupción del embarazo cuando peligra la vida de la mujer. (Barómetro de las Américas, 2012).
El Congreso Nacional no puede basar su decisión legislativa en otras posiciones que no sean las que responden a un Estado Social y Democrático de Derecho, garante de los derechos humanos de toda la ciudadanía y respetuoso de la libertad de cultos, de conciencia y de religión, lo que implica que la concepciones de una parte o sector de la sociedad no pueden constituirse en el referente para el ordenamiento jurídico del Estado.
Esperamos pues que el Congreso Nacional acoja de manera positiva la Observación Presidencial y decida a favor de la salud, la vida y los derechos de las mujeres en consonancia con nuestra Constitución, con los compromisos internacionales y en respeto a la voluntad ciudadana.
Santo Domingo, 8 de diciembre, 2014
