LO QUE ESPERAMOS DEL NUEVO CONGRESO NACIONAL
El pasado 16 de agosto han asumido sus funciones 32 senadores y 178
diputados, que constituyen el nuevo Congreso Nacional de la
República Dominicana para el período constitucional 2006-2010. El
Congreso Nacional representa uno de los principales poderes del
Estado que tiene la triple competencia de legislar, representar y
fiscalizar a favor del interés público. Sin embargo, el país ha
vivido recientes experiencias en las cuales los legisladores han
actuado de espaldas a la sociedad, aprobando iniciativas que
comprometen gravemente el patrimonio del Estado y descuidando
gravemente sus responsabilidades de representar la ciudadanía y
vigilar por la buena marcha de la gestión pública.
Ante un nuevo Congreso Nacional, en el que el Partido de la
Liberación Dominicana (PLD) tiene mayoría en ambas cámaras, el
movimiento cívico Participación Ciudadana aspira a que los
congresistas asuman sus atribuciones observando una conducta ética,
transparente y receptiva, que les permita ser los verdaderos
representantes de los electores que les han endosado su voto en las
elecciones generales. En particular, les pedimos públicamente a los
legisladores y legisladoras electos asumir los siguientes
compromisos:
Una Política que fortalezca la gobernabilidad[1] . Es necesario que
el Congreso Nacional actúe como representante de los intereses de la
ciudadanía y no exclusivamente de los partidos políticos allí
representados, de sectores empresariales y sus intereses personales.
Los legisladores deben tomar sus decisiones sobre la base de una
consulta permanente con la ciudadanía, sometiendo a un minucioso
estudio las iniciativas presentadas, respetando la voluntad de la
mayoría, pero sin violentar los derechos de la minoría. Proponemos
que el Congreso Nacional adopte una política que fortalezca la
gobernabilidad democrática y propicie decisiones de alta legitimidad
política y social.
Elección Institucional de la Junta Central Electoral, la Cámara de
Cuentas y la Defensoría del Pueblo. El nuevo Congreso Nacional tiene
la responsabilidad de designar los integrantes de diversas
instituciones claves para la democracia dominicana. La elección de
los miembros de la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas y
la Defensoría del Pueblo, debe hacerse sobre la base de una
ponderación minuciosa de cada persona que vaya a ocupar uno de esos
cargos y tomando en cuenta las posiciones de los diferentes partidos
políticos y la ciudadanía organizada, propiciando la incorporación
de personas íntegras y técnicamente calificadas para el desempeño de
estas delicadas funciones.
Dar Continuidad a la Agenda Legislativa Pendiente. Una de las
grandes responsabilidades de los nuevos legisladores es dar
continuidad a la discusión de importantes iniciativas que habían
sido presentadas por sus predecesores e incluso por el Poder
Ejecutivo. Algunas de estas iniciativas están contenidas en la
Agenda Legislativa Priorizada del Senado y otras ya han sido
aprobadas por una u otra cámara. Dentro de esos proyectos pendientes
podemos citar las propuestas de Código Civil Reformado, Ley Orgánica
Municipal, Ley de Presupuesto, Ley General de Participación, Ley de
Partidos y Agrupaciones Políticas y Ley Contra la Corrupción en la
Administración Pública.
Ejercicio pleno de la Función de Fiscalización. El parlamento es un
contrapeso sustancial de los demás poderes del Estado. Le
corresponde la fiscalización de todos los poderes públicos
incluyendo el Ejecutivo, el Judicial, los organismos
descentralizados y autónomos y los municipios. Es hora de que el
Congreso Nacional asuma plenamente su función de fiscalización,
haciendo un estudio minucioso de la rendición de cuentas que cada
año le remite el Ejecutivo y analizando los informes de auditoria
proporcionados por la Cámara de Cuentas. Un efectivo cumplimiento de
la función de fiscalización, implica además que los contratos
nacionales y extranjeros así como los convenios y tratados
provenientes del Poder Ejecutivo; Deben ser objetos de un cuidadoso
estudio por parte de los legisladores, a fin de evitar la repetición
de episodios desagradables, en los cuales el Congreso Nacional
aprobó instrumentos onerosos para el Estado dominicano.
Una Política Moderada de Crédito Público. Esperamos que los
legisladores adopten una política moderada respecto a los contratos
de préstamos, emisión de bonos o aprobación de otros instrumentos
que comprometan el crédito público. Es necesario que velen porque el
Ejecutivo cumpla estrictamente la nueva Ley de Crédito Público y
fomente una auténtica conducta austera en la administración de los
fondos del erario. Una actitud irresponsable que conlleve a la
aprobación de numerosos empréstitos sin la suficiente justificación,
puede tener efectos nocivos para el mantenimiento de la estabilidad
macroeconómica y la definitiva superación de la crisis financiera
que ha afectado al país en los últimos años.
Limitación de las pensiones privilegiadas. Uno de los elementos que
más ha desprestigiado la actividad parlamentaria es la aprobación de
leyes de pensiones a favor de cientos de personas, sin que se tomen
en cuenta criterios apropiados, tales como, la labor desempeñada, la
antigüedad en el servicio público y la edad. Este nuevo Congreso
Nacional debe poner fin definitivo a las pensiones privilegiadas,
reservándolas únicamente en casos excepcionales para aquellos
ciudadanos y ciudadanas que haya prestado servicios eminentes a la
nación y sobre la base de criterios previamente definidos y una
evaluación minuciosa.
Detener la fragmentación del territorio nacional. La República
Dominicana no tolera que se siga dividiendo sin ningún reparo el
territorio nacional, elevando de categoría a poblaciones que no
reúnen los requisitos mínimos y creando nuevas provincias y
municipios. El Congreso Nacional debe paralizar de inmediato la
creación de nuevas demarcaciones territoriales hasta tanto no se
apruebe la Ley Orgánica Municipal, que establece de manera estricta
los requisitos que debe reunir un territorio para adquirir tal o
cual categoría.
Respetar la Carrera Administrativa Legislativa. Las nuevas
autoridades de la Cámara de Diputados y el Senado de la República
están en la obligación de respetar la nueva Ley de Carrera
Administrativa Parlamentaria, que consagra la inamovilidad para
aquellos empleados de carrera del Congreso Nacional que han
acumulado méritos y experiencia invaluables para el funcionamiento
del organismo. Rechazamos cualquier tipo de "aplanadora" o despidos
masivos que afecten al personal administrativo de carrera en el
Congreso Nacional.
Mayor Transparencia. Finalmente, Participación Ciudadana espera que
las nuevas autoridades del Congreso Nacional profundicen el proceso
de reforma y modernización del organismo, y que muy especialmente
tomen las medidas necesarias para que la labor del Congreso sea
mejor difundida en la sociedad, para que la ciudadanía tenga libre
acceso a las decenas de expedientes que se tramitan en ese organismo
y las diferentes decisiones que adoptan las cámaras. Cada una de las
Cámaras tiene pendiente la implementación de la Ley de Acceso a la
Información Pública, mediante la creación de las Oficinas de Acceso
a la Información y la organización de páginas de Internet con
información relevante sobre el funcionamiento de la institución y
los datos particulares de cada uno de sus integrantes.
Desde Participación Ciudadana reiteramos nuestra voluntad de aunar
esfuerzos con los legisladores y legisladoras en impulsar una agenda
legislativa común, a beneficio del interés público; así como de
fortalecer las competencias y calidades de las Cámaras para un mejor
ejercicio de sus funciones de representación y fiscalización.
Santo Domingo, D.N.
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