¿Quiénes son responsables de la muerte de Esperancita?
A falta de la divulgación completa y transparente de resultados de autopsia –cosa poco probable en este país de jerarcas todopoderosos y autoridades miedosas- quizás nunca sepamos a ciencia cierta lo que ocurrió. Pero de confirmarse que la paciente murió de hemorragia uterina tras la expulsión espontánea del embrión, sus médicos, las autoridades de salud y los defensores a ultranza del derecho a la vida del cigoto, tendrán mucho que explicar.
En efecto, a los fanáticos religiosos que promovieron el Art. 37 de la Constitución y que durante años han bloqueado la despenalización del aborto terapéutico les corresponde una grave responsabilidad moral por esta tragedia. Pero en última instancia, las mujeres dominicanas que mueren porque se les niega el derecho a interrumpir un embarazo que amenaza su salud son víctimas de feminicidio de Estado.
Al mantener vigente la prohibición absoluta del aborto, las autoridades dominicanas violan flagrantemente el Art. 42 de la Constitución que, a nombre del Derecho a la integridad personal, establece que nadie puede ser sometido a procedimientos que impliquen la pérdida o disminución de su salud, como tampoco podrá ser sometido a procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioéticas internacionalmente reconocidas. Como es bien sabido, en el caso de Esperancita, dichas normas prescribían la interrupción del embarazo y el inicio inmediato de la quimioterapia, cosa que por supuesto no se hizo.
Las miembras de la Colectiva Mujer y Salud estamos conmovidas e indignadas, como lo está ese amplio sector de la sociedad dominicana que no acaba de entender el razonamiento moral que en nombre de la vida le niega a la persona enferma el acceso oportuno a tratamiento médico. Entendemos que el Estado dominicano tiene que responder por la vida de Esperancita y por las potenciales víctimas que seguirá llevándose la arcaica e inhumana legislación dominicana. Esta muerte no puede quedar impune.
Demandamos que el caso de Esperancita se investigue hasta las últimas consecuencias y se establezcan las responsabilidades de lugar. El Congreso Nacional tendrá en la recién iniciada legislatura la oportunidad de corregir la infamia del Art. 317 del Código Penal y restituir a las mujeres dominicanas el derecho a la vida. Esperemos que las nuevas autoridades se comporten a la altura que las circunstancias históricas les demandan y corrijan de una vez por todas esta grave afrenta a la dignidad y a los derechos de las mujeres.
Colectiva Mujer y Salud
17 de agosto 2012
