Organizaciones feministas consideran 'desacertado, imprudente y peligroso' el cierre de clíncas que practican abortos
“Las presentes autoridades se suman a la larga lista de gobiernos que han incumplido sus obligaciones en materia de salud sexual y reproductiva”.
Redacción de Clave Digital
SANTO DOMINGO, DN.-Cinco organizaciones pro derechos de la mujer consideraron este lunes como "desacertada, imprudente y peligrosa” la acción del cierre de clínicas bajo sospecha de que practican abortos.
La Colectiva Mujer y Salud, la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA), el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), el Centro de Apoyo Aquelarre (CEAPA) y la Red Dominicana por la Salud de las Mujeres, emitieron un documento en el que fijan su posición sobre la medida del Ministerio Público, y advierten que la decisión tiene que haber sido producto de un cálculo exclusivamente político, que resultará contraproducente.
“Lo que a primera vista podría parecer resultado del loable propósito de hacer cumplir las leyes vigentes, resulta menos loable cuando consideramos, por una parte, las consecuencias sociales y de salud que tal medida puede provocar; y por la otra, la total ineficacia de esta estrategia como forma de combatir la práctica ilegal del aborto”, expresaron.
Afirmaron que, en lugar de prestarle al aborto ilegal la atención seria que merece, las autoridades han optado por la peor de todas las estrategias posibles al cerrar las clínicas, una medida que, a su juicio, en vez de aportar a la solución del problema lo que hace es empeorarlo.
“Las presentes autoridades se suman a la larga lista de gobiernos dominicanos que han incumplido sus obligaciones frente a la ciudadanía en materia de salud sexual y reproductiva, suplantándolas por medidas oportunistas orientadas a la obtención de beneficios políticos de corto plazo”, argumentaron.
Entre las consecuencias negativas del cierre de las clínicas, según las entidades feministas, estarían el incremento de la morbi-mortalidad materna y la profundización de las desigualdades sociales.
Explicaron que el cierre de clínicas conllevará a que, al reducirse el acceso de las mujeres a los legrados médicos, se incremente el número de abortos auto-inducidos o realizados por proveedores empíricos, lo que elevará las cifras de complicaciones y muertes por esta causa.
“Esto en un país que ya cuenta con uno de los índices más altos de mortalidad materna del continente, donde una proporción altísima del presupuesto de las maternidades públicas se destina a atender las complicaciones del aborto ilegal, y cuyas autoridades sanitarias anunciaron con bombos y platillos hace apenas unos días la puesta en marcha de un nuevo programa de reducción de la mortalidad materna”, indicaron.
Sobre el efecto en la profundización de las desigualdades sociales sostuvieron que la penalización del aborto afecta desproporcionadamente a las mujeres más pobres, tanto en términos económicos como de salud.
“Las mujeres con mayores recursos económicos no sólo pueden pagar los precios inflados por la clandestinidad, sino que además tienen acceso a los procedimientos médicos más seguros (ya sea en un centro médico de primera en el país o viajando al exterior). Las pobres, por el contrario, deben realizar grandes sacrificios económicos para obtener un procedimiento médico en una clínica de tercera o cuarta categoría, lo que supone un mayor riesgo tanto por la calidad del servicio como por las edades gestacionales más avanzadas que resultan de la prolongada búsqueda de fondos para pagar los procedimientos”, advirtieron.
El cierre de las clínicas
La semana pasada, la Fiscalía del Distrito Nacional informó del cierre de tres clínicas y del apresamiento de 16 médicos, enfermeras y pacientes, acusados de participar en la práctica del aborto en tres clínicas privadas que fueron cerradas.
Las clínicas cerradas fueron la San Ramón, la Pérez Molina y la Mackinney mientras que los médicos detenidos fueron identificados como Ramón Antonio Núñez Cruz, Numas Pérez Molina y Luis Mackinney Soriano, propietarios de dichos centros de salud.
La clínica San Ramón, propiedad de Núñez Cruz, está ubicada en la calle Padre Castellanos, número 11, del populoso sector 27 de Febrero. Allí resultó detenida además Josefina Hernández Burgos, quien asistía al medico, y la paciente Leonela Polanco Veras.
Los primeros detenidos son el doctor Numas Pérez Molina, propietario de la clínica que lleva su nombre, ubicada en la calle Expreso V Centenario, así como Elerolisa Brazoban Martínez, Miola Silvestre Peña, Flor Miosotis Pérez y Jacqueline Silvestre Peña, quienes laboran como enfermeras, secretaria y conserje, respectivamente, en ese centro.
En la clínica Pérez Molina también fueron detenidas las pacientes Yesenia Geraldina Roa Luciano, Yanira Then Jiménez y Yamile Germán López, así como su acompañante Juan Carlos Pérez Ureña.
Además del doctor Mckinney Soriano, propietario de la Clínica Mckinney, ubicada en la avenida Independencia, fueron detenidos en ese centro Erinia Devora Castro, enfermera auxiliar, Jenny Esmeralda Amarante, paciente, a quien se le practicó el aborto, y Yeesy Yanny Pérez Cepeda, quien la acompañaba.
El fiscal del Distrito, José Manuel Hernández Peguero, informó que con la acción "el Ministerio Público cumple con su responsabilidad de perseguir el crimen y el delito en cualquiera de sus manifestaciones”.
Durante los allanamientos fueron incautados equipos, materiales y medicamentos utilizados por los médicos para la práctica penalizada en el artículo 317 del Código Penal.
A continuación el documento con la posición de las cinco entidades defensoras de los derechos de la mujer:
De por qué el cierre de las clínicas es una acción desacertada, imprudente y peligrosa
La decisión de la Procuraduría de cerrar tres clínicas que supuestamente realizan abortos tiene que haber sido producto de un cálculo exclusivamente político, porque dicha acción resulta tan obviamente contraproducente que resulta imposible concluir otra cosa.
Lo que a primera vista podría parecer resultado del loable propósito de hacer cumplir las leyes vigentes resulta menos loable cuando consideramos, por una parte, las consecuencias sociales y de salud que tal medida puede provocar; y por la otra, la total ineficacia de esta estrategia como forma de combatir la práctica ilegal del aborto. Consideremos algunos de los argumentos que desaconsejan tal medida:
1) Incremento de la morbi-mortalidad materna. Es evidente que tanto la disponibilidad como el costo de los abortos médicos serán afectados por el operativo de la semana pasada y la consecuente amenaza de cierre que pende sobre establecimientos similares. Al reducirse el acceso de las mujeres a los legrados médicos podemos esperar un incremento en el número de abortos auto-inducidos o realizados por proveedores empíricos, lo que sin duda elevará las cifras de complicaciones y muertes por esta causa.
Esto en un país que ya cuenta con uno de los índices más altos de mortalidad materna del continente, donde una proporción altísima del presupuesto de las maternidades públicas se destina a atender las complicaciones del aborto ilegal, y cuyas autoridades sanitarias anunciaron con bombos y platillos hace apenas unos días la puesta en marcha de un nuevo programa de reducción de la mortalidad materna.
Todos los estudios científicos sobre los efectos de la aplicación de medidas coercitivas para reducir el acceso de las mujeres a los abortos muestran, sin excepción, que el resultado más significativo de estas medidas no es la reducción en el número de abortos practicados sino el aumento de la morbi-mortalidad materna resultante. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) establece claramente que la represión sólo aumenta los riesgos, sobre todo para las más pobres, por lo que las políticas públicas deben dirigirse a prevenir los embarazos no deseados y a mejorar la calidad de los servicios de aborto y del cuidado post-aborto.
2. Profundización de las desigualdades sociales. La penalización del aborto afecta desproporcionadamente a las mujeres más pobres, tanto en términos económicos como de salud. Las mujeres con mayores recursos económicos no sólo pueden pagar los precios inflados por la clandestinidad, sino que además tienen acceso a los procedimientos médicos más seguros (ya sea en un centro médico de primera en el país o viajando al exterior). Las pobres, por el contrario, deben realizar grandes sacrificios económicos para obtener un procedimiento médico en una clínica de tercera o cuarta categoría, lo que supone un mayor riesgo tanto por la calidad del servicio como por las edades gestacionales más avanzadas que resultan de la prolongada búsqueda de fondos para pagar los procedimientos.
3. La necesidad de políticas de prevención y atención, no de represión. La ilegalidad del aborto no ha impedido que unas 100,000 mujeres dominicanas[1] recurran cada año a procedimientos clandestinos, en los que exponen su salud y hasta sus vidas, y por los que pagan un precio de explotación. Ante esta situación, resulta más que evidente que la forma correcta de enfrentar la situación no es reprimiendo aún más el aborto sino evitando los embarazos no deseados y prestando atenciones preventivas a las víctimas de violación e incesto. Las medidas a tomar en ese sentido constan en innumerables estudios, informes de comisiones, recomendaciones de organismos nacionales e internacionales, etc. y se resumen en una frase: garantizar a las personas el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos -incluyendo el más básico de todos, el de decidir cuándo desea o no tener un hijo-, como consta en los tantos acuerdos y convenciones internacionales sobre la materia suscritos por el Estado dominicano y nunca cumplidos a cabalidad.
4. Ineficacia de la estrategia represiva. Considerando que en cada aborto que se realiza en el país participan varias personas (proveedor(a), personal asistente, acompañantes, etc.), tendríamos que preguntarnos si la estrategia de represión es factible en términos puramente logísticos. ¿Se piensa proceder judicialmente contra cada uno de los cientos de miles de dominicanas(os) que cada año participan en la actividad? ¿Cuenta el Estado dominicano con los recursos necesarios para hacerlo en términos de la inversión económica en juicios, investigación, infraestructura carcelaria, etc.?
El Ministerio Público debe considerar si no sería mucho más costo/efectivo poner en marcha mecanismos dirigidos a la prevención -preferiblemente en el marco de la despenalización- en lugar de la acción punitiva. La despenalización del aborto supondría además otras ventajas que el Ministerio Público debe considerar. Por ejemplo, permitiría la regulación adecuada de los servicios de aborto por parte de las autoridades competentes, lo que reduciría los riesgos de salud a que se exponen las usuarias, evitaría los abusos y desconsideraciones que muchas de ellas sufren de parte de los proveedores clandestinos y reduciría los costos de los procedimientos, haciéndolos más accesibles a las mujeres pobres que ahora recurren a métodos empíricos mucho más peligrosos.
Ahora bien, la puesta en marcha de una estrategia de prevención supone poner fin a la tradicional desatención estatal del sector salud y a los eternos contubernios de las élites políticas con la jerarquía eclesial, que siguen siendo los principales obstáculos a la implementación de las necesarias políticas de salud sexual y reproductiva.
La última Encuesta Demográfica y de Salud revela que el 46% de los nacimientos ocurridos en los últimos 5 años no era deseado al momento de la concepción, cifra que por supuesto no incluye los 100,000 abortos anuales estimados para el período. La necesidad imperiosa de información, métodos y servicios para la prevención de embarazos es más que evidente. Frente a esto, la Iglesia sigue demonizando el uso de condones y otros métodos anticonceptivos, y sigue limitando los contenidos de las asignaturas de educación sexual que se imparten en las escuelas.
El Estado, por su parte, sigue desatendiendo la provisión de métodos anticonceptivos en los centros de salud, sigue sin realizar campañas mediáticas y programas comunitarios para la prevención de embarazos, sigue sin instalar centros de servicios para adolescentes y otros sectores vulnerables, y un larguísimo etcétera.
Hay que considerar, por último, la problemática del aborto a la luz de las normativas internacionales de derechos sexuales y reproductivos. ¿No se están violando los derechos de las adolescentes a las que se les niega información y servicios anticonceptivos supuestamente en aras de la moral, para luego expulsarlas de los liceos cuando salen embarazadas? ¿No se están violando los derechos de las mujeres cuando la única medida que toma el Estado frente al problema de la regulación de la fecundidad es obligarlas a llevar término un embarazo no deseado, aún cuando éste amenace su salud o sea producto de una violación? La publicación de los nombres y datos personales de las tres mujeres apresadas la semana pasada constituye un agravio injustificado y coloca a la República Dominicana al margen de las tendencias mundiales de progresivo reconocimiento de los derechos de las mujeres en materia sexual y reproductiva.
Pero por ahora, en lugar de prestarle al aborto ilegal la atención seria que merece, las autoridades han optado por la peor de todas las estrategias posibles al cerrar las clínicas, una medida que en vez de aportar a la solución del problema lo que hace es empeorarlo. Con ella las presentes autoridades se suman a la larga lista de gobiernos dominicanos que han incumplido sus obligaciones frente a la ciudadanía en materia de salud sexual y reproductiva, suplantándolas por medidas oportunistas orientadas a la obtención de beneficios políticos de corto plazo.
Colectiva Mujer y Salud
Confederación Nacional de Mujeres del Campo, CONAMUCA
Centro de Investigación para la Acción Femenina CIPAF
Centro de Apoyo Aquelarre, CEAPA
Red Dominicana por la Salud de las Mujeres
[1] Este es el estimado del Instituto Guttmacher de Nueva York, un centro especializado en investigaciones demográficas y de salud que viene recogiendo datos sobre aborto en la República Dominicana desde comienzos de la década de 1990.
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