Por el respeto a la ley
"La sociedad tiene el derecho de pedir cuentas a todo agente público sobre su administración". Art. 15, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Francia, 26 de agosto de 1789.
Al reconocer el derecho ciudadano a recibir información pública relativa a la construcción del Metro de Santo Domingo, la sentencia No. 024-2007, dictada el pasado 27 de abril por el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo ha marcado un precedente histórico para la transparencia de la función pública y el ejercicio del control democrático en República Dominicana.
En una correcta aplicación de la Ley 200-04 sobre Acceso a la Información Pública, el Tribunal apoderado no sólo descartó los múltiples incidentes presentados por los abogados de las autoridades agraviantes para impedir el conocimiento del recurso de amparo interpuesto por el periodista Huchi Lora, sino que además, en cuanto al fondo, luego de un minucioso análisis, rechazó de plano el argumento de seguridad nacional invocado por los recurridos.
La conducta asumida en este caso por el Ing. Diandino Peña, la OPRET y el Presidente de la República, Dr. Leonel Fernández, atenta doblemente contra la institucionalidad y el Estado de Derecho. En primer término, al resistirse a la entrega de la información pública solicitada, el Poder Ejecutivo desconoce su obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes. En segundo lugar, lo que es aún más grave, al desobedecer con alegatos insostenibles la orden expresa y ejecutoria de inmediato del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo viola la independencia de los poderes y se coloca por encima de la Constitución de la República.
En sus declaraciones últimas, recogidas por la prensa nacional, el Ing. Diandino Peña ha admitido que hay documentos que no existen, simplemente porque los estudios no se realizaron. Esta parece ser la verdadera razón del equivocado proceder de las autoridades agraviantes, las cuales, en lugar de asumir la condena de la opinión pública por haber iniciado irresponsablemente una obra de tal magnitud sin los estudios correspondientes, han empeorado su situación, al violentar repetidamente el ordenamiento jurídico de la Nación.
Quienes suscriben, ciudadanos motivados sólo por el interés en el fortalecimiento de las instituciones democráticas, demandamos un verdadero compromiso del Poder Ejecutivo con la transparencia y el respeto a las libertades públicas, especialmente, al derecho de obtener información relativa al ejercicio de la función pública y el destino del erario.
Con respecto a la vigencia del sistema de contrapesos e independencia de poderes que consagra nuestra Carta Magna, está ahora en manos de nuestra Suprema Corte de Justicia el actuar con responsabilidad y ejercer correctamente su función esencial de último garante de los derechos ciudadanos. No esperamos menos de ella.
Miguel Guerrero
Carmen Imbert
Adalberto Grullón
Rafael Acevedo
Nuria Piera
Margarita Cordero
César Mella
Raysa Féliz
Manuel Q. Cedeño
Luis José Chávez
María Isabel Soldevilla
Fausto Rosario
Ana Mitila Lora
Adriana del Conte
Jean Michel Caroit
Ramón E. Colombo
Luis Scheker Ortiz
Hamlet Hermann
Servio Tulio Castaños
Javier Cabreja
Mary Fernández
Francisco Alvarez Valdez
Maritza de los Santos
César Pérez
Patricia Solano
Pablo Mckinney
Altagracia Salazar
Miguel Febles
Elsa Peña Nadal
Rafael Toribio
Osvaldo Soriano
Paulo Herrera Maluf
Emigdio Valenzuela
Hillman Pimentel
Porfirio Rodríguez
José Monegro
Félix Calvo
Roberto Cavada
Patricia García
Avelino Fernández
Inés Aizpún
Tony Raful
José Cruz Campillo
José Tejada Gómez
Lara Guerrero
Betty Echavarría
Carlos Salcedo
Angela Peña
Laura Acosta
Melissa Sosa
Fabiola Medina
Alfonso Abréu Collado
Carlos Márquez
José Rafael Sosa
Lillian Fondeur
William Rodríguez
Ana Luna Espaillat
Mercedes Alfonseca Caamaño
Angel Salvador Cruz
Alejando Ovando
Diana Lora
Alberto Jiménez
Fernando Hasbún
Alicia Ortega
José Rafael Paula Lora
Gustavo Olivo Peña
Rafael Chaljub Mejía
Dulce de Chaljub
Juan Bolívar Díaz
No hay comentarios.:
Publicar un comentario