Por Pável Isa Contreras
¿Estamos realmente blindados frente al fuerte incremento en los precios internacionales de los alimentos como afirmara el Presidente de la República? En promedio, se puede decir que "más o menos", pero en una sociedad tan desigual, los promedios tienen un valor limitado.
Para el 12% de la población que vive en pobreza extrema, es decir, para un millón de personas, la respuesta definitiva a esa pregunta es no.
En efecto, la República Dominicana es mucho menos vulnerable que otros países de la región a estas alzas, debido a que es moderada la proporción de los alimentos que demanda su población que se importa.
Sin embargo, el peso de esas importaciones en la canasta alimenticia de la población más pobre es muy elevado, una población que antes de las alzas no tenían suficientes ingresos para alimentarse adecuadamente.
No todos los alimentos que han registrados importantes alzas de precios en el mercado internacional son de importancia para la República Dominicana. Para el país, los productos más sensibles son aquellos que cumplen tres condiciones. Primero, que una significativa proporción de la demanda total sea satisfecha por importaciones. Segundo, que sea un alimento relevante en la dieta típica, proveyendo, por ejemplo una importante proporción del total calorías consumidas. Tercero, que por razones de productividad, los precios de la producción nacional de ese producto sean significativamente más elevados que los precios de importación, haciéndola un costoso sustituto.
De los productos de la dieta básica de la población dominicana, cinco productos cumplen con esa condición: el aceite vegetal, el trigo, el maíz (insumo importado clave para la producción de pollo y huevos), las habichuelas y la leche en polvo. Combinados, estos cinco productos proveen el 28% de las calorías consumidas y representan el 36% del gasto total en alimentos del 40% de la población más pobre del país. Cualquier aumento de precios en estos productos debe ser motivo de urgente preocupación, en particular porque un 12% de la población no gana lo suficiente para comer adecuadamente y un 35% no cubre sus necesidades básicas. En esa población, el aumento de precios tiende a reducir el consumo, y un bajo consumo de aceite, de habichuelas y de leche tiene severas implicaciones nutricionales, con consecuencias frecuentemente irreversibles para la población infantil.
El aceite, las habichuelas importadas y la leche en polvo han registrado significativos incrementos de precios en el país en meses recientes, como resultado del aumento de los precios de importación.
Por su parte, por razones coyunturales asociadas a la interrupción de las exportaciones hacia Haití, el precio del pollo no refleja el incremento de los costos de producción, pero eso es temporal.
Finalmente, el precio del pan de consumo masivo se ha contenido gracias al subsidio introducido recientemente, cuya efectividad y sostenibilidad a mediano plazo está por verse.
Es importante recordar que en la mayoría de los casos, las importaciones de estos productos se han venido incrementando de manera significativa en los últimos años, desplazando gradualmente a la producción doméstica gracias a las políticas de apertura comercial, a los masivos subsidios en sus países de origen, y a la ausencia de políticas de desarrollo productivo que apuntalen la productividad y una modernización agroalimentaria e incluyente en el país. En 1980 sólo se importaba el 5% del total del volumen de alimentos demandados en el país; en 2003 esa proporción había subido hasta 18%, explicado básicamente por los productos mencionados. Por ejemplo, en 1980 producíamos el 90% del total de habichuelas consumidas y cerca del 25% del maíz, proporciones que se han reducido hasta 50% y 10% respectivamente. Igualmente es bien conocido el fuerte aumento de las importaciones de leche en polvo asociado a múltiples factores.
Hay que reconocer, sin embargo, que la política de limitar las importaciones de 8 productos agropecuarios, la llamada Rectificación Técnica aplicada desde 1999, ha contribuido a reducir el ritmo de penetración de las importaciones de alimentos y a hacernos menos vulnerables a la crisis actual. No obstante, el costo de esa política ha sido exorbitante: precios internos muy elevados, resultados muy pobres en materia de desarrollo productivo, y extravagantes beneficios a unos pocos.
Desafortunadamente, el DR-CAFTA y otros acuerdos comerciales incrementarán las vulnerabilidades del país frente a shocks alimentarios pues desarman al Estado de instrumentos de defensa potencialmente útiles, mientras los prometidos beneficios de menores precios se van esfumando gracias a las alzas internacionales y a los interminables oligopolios comerciales del país.
Aunque los acuerdos entre el gobierno y los comerciantes para reducir los ataques especulativos no están demás, no son una solución de fondo, ni siquiera de corto plazo, para los sectores más pobres, pues se limitan a buscar evitar ataques especulativos, comunes en períodos de incertidumbre. En el corto plazo, hay que enfrentar los estragos que han causado las alzas sobre los hogares más pobres y en inseguridad alimentaria a través de la asistencia alimentaria o monetaria directa y focalizada. En oposición, los subsidios generalizados suelen traducirse en grandes desperdicios al beneficiar a sectores no pobres. El mapa de la pobreza de la antigua ONAPLAN, el Atlas del Hambre y la Desnutrición en la del PMA y el informe de pobreza del BID/Banco Mundial son instrumentos muy útiles para informar sobre las poblaciones en riesgo. La asistencia focalizada contribuiría a evitar un deterioro del estado de salud de las personas en inseguridad alimentaria a causa del déficit de nutrientes.
En el mediano y largo plazo se impone una agenda que busque fortalecer las capacidades de producción de alimentos. Esa estrategia no debe limitarse, como lo ha hecho en el pasado, a un esquema de protección comercial que encarece de forma extraordinaria los alimentos y mantiene a los pequeños productores en la pobreza. Una protección inteligente, pero más que nada, el fomento del aprendizaje y el incremento de los rendimientos en finca, el acceso al crédito y a la tierra, y un comercio interno fluido y competitivo son objetivos inescapables de una política sensata que reduzca los riesgos de hambre y desnutrición, que contribuya a reducir la pobreza y la indigencia, y a blindar a los pobres de los efectos de los aumentos en los precios internacionales de los alimentos.
