Obligarla a esperar es criminal
¡Que le den la quimio ya!
Declaración del Foro Feminista
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| De izquierda a derecha, las compañeras del Foro Feminista en rueda de prensa: Lilliam Fondeur, Lourdes Contreras, Denise Paiewonsky, Sergia Galván y María Graciela Cruz. 23 de julio 2012 |
Hace ya una semana que se debió iniciar el tratamiento de quimioterapia a ‘Esperanza’, la joven embarazada afectada de una leucemia agresiva, que pone su vida en peligro inminente. Esta semana perdida, este tiempo desperdiciado, podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte para esta joven mujer, por lo que no podemos menos que preguntarnos: ¿Por qué esperan? Si los especialistas consultados han recomendado de manera casi unánime que se proceda de inmediato con la quimio, ¿por qué dilatan? Si la joven, su madre, sus médicos y hasta el Ministro de Salud Pública han solicitado que se inicie el tratamiento, ¿por qué no proceden? ¿Se trata solo del temor a posibles consecuencias jurídicas o debemos atribuir a presiones furtivas, a intimidaciones subrepticias, la parálisis que afecta a los responsables de prestar atención médica a la joven enferma?
Este caso pone de nuevo sobre el tapete los dilemas humanitarios, las artimañas políticas y las confusiones jurídicas engendradas por el Art. 37 de la nueva Constitución, tal cual fueron vaticinados por los sectores que se opusieron a este artículo. También obliga a reconsiderar las razones por las cuales han fracasado todos los intentos de modificar el Art. 317 de nuestro Código Penal, que penaliza el aborto sin excepción un adefesio jurídico adoptado en el primer Código dominicano de 1884, que es una copia casi textual del Art. 292 del Código Penal francés de 1832.
Es decir que en pleno siglo XXI, en materia de aborto la República Dominicana se rige por un Código Penal decimonónico y un artículo constitucional medieval, que equipara el valor jurídico y ético de un embrión al de una mujer embarazada. La situación de ‘Esperanza’ pone de manifiesto las horribles consecuencias de anteponer los dogmas religiosos particulares a los derechos fundamentales de carácter general.
Paradójicamente, la ‘defensa de la vida’ queda evidenciada como apología de la muerte; los ‘valores morales’ en que se sustenta el Art. 37, al atar las manos de los médicos, conducen a actos de negligencia criminal. Con razón que los promotores del Art. 37 no han dicho ni una palabra frente a esta situación. ¿Qué pueden decir? ¿Qué moral van a defender? ¿Qué ética de la vida van a pregonar?
El caso de ‘Esperanza’ obliga a las autoridades públicas, a la clase médica y a la ciudadanía en general a enfrentar de una vez por todas a los sectores retrógrados responsables del Art. 37 y a buscarle una solución racional al problema del aborto terapéutico. Una solución basada en normas jurídicas fundadas en derechos, no en fanatismos religiosos.
Lo primero y más urgente es que se inicie la quimioterapia de ‘Esperanza’ y que los responsables médicos puedan aplicar los protocolos de atención universalmente establecidos en estos casos, sin temor a represalias de ningún tipo. Pero no basta con esto. El caso de ‘Esperanza’ se seguirá repitiendo hasta tanto no se revisen las normas legales que dieron lugar a esta situación.
El Congreso y los partidos políticos no pueden seguir ignorando los derechos de la mitad de la población dominicana. A ellos, al Estado y a las autoridades competentes los responsabilizamos de lo que pueda ocurrir con la salud y la vida de esta joven.
En una república laica y democrática, el caso de ‘Esperanza’ nunca hubiera ocurrido. Asegurémonos que no vuelva a ocurrir.
Foro Feminista
Santo Domingo
23 de julio 2012
