Cómo superar la neoesclavitud en la industria azuarera en la República Dominicana

Acá Bernardo Vega hace recomendaciones a las autoridades, y a los azucareros de cómo organizar otro sistema para terminar con el sistema actual neoesclavista:

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PUBLICADO EN LA SECCION FIRMAS DE CLAVE DIGITAL EL DIA jueves, 07 de junio de 2007

EN LA COSA

La cuasi-esclavitud cañera


Bernardo Vega - Escritor, economista, historiador. Ha sido Gobernador del Banco Central, embajador en Washington y director del diario El Caribe.

Recientemente en Europa ha resurgido una serie de acusaciones que tratan de evidenciar que los cortadores de caña haitianos en nuestro país trabajan bajo condiciones de “cuasi-esclavitud”. No es un tema inédito, ni en el extranjero, ni entre nosotros.

Libros, artículos y películas, de factura local e internacional, han sido frecuentes sobre este asunto durante por lo menos los últimos 25 años.

Lo que sí ha cambiado son las condiciones bajo las cuales opera entre nosotros la contratación y el control de esos cortadores, y éstas cada día debilitan el argumento sobre la tal llamada “cuasi-esclavitud”.

En el pasado los cortadores eran contratados en Haití, con el apoyo del ejército haitiano y traídos por soldados dominicanos. Muchos creían que venían a dedicarse a otra actividad y una vez en el batey no podían salir de allí, pues se lo impedían los guarda-campestres. Bajo esas condiciones, la definición de un estado de cuasi-esclavitud se justificaba.

Para dar un golpe final a los viejos argumentos sobre “cuasi-esclavitud” sugiero que nuestro gobierno tome dos medidas:

Primero, que por medio de un decreto prohíba, tanto al Ejército Nacional como a los empleados de la Dirección General de Migración, involucrarse en el tráfico de cortadores desde Haití hacia nuestro país, ya sea directamente, o a través de los clásicos “buscones” dominicanos y haitianos.

Habiendo tantos haitianos aquí, no hay razones de peso para que los ingenios y los colonos paguen por esos servicios, pues bien pueden utilizar a haitianos que ya residen entre nosotros.

Tenemos entendido que un grupo azucarero se ha dado cuenta que hasta le sale más barato utilizar haitianos ya residentes en el país, que pagar a la cadena cívico-militar que los trae desde Haití.

Además, los “locales” tienen más experiencia cortando caña. Ese decreto debe sancionar muy fuertemente a los militares y empleados públicos que continúen con esa práctica.

Con esa medida nuestro gobierno, no sólo recibiría un gran apoyo popular, al eliminar una norma con cien años de vigencia, sino que también se evitaría acusaciones, no muy lejanas, de que está participando en “tráfico de personas”, una acción que Estados Unidos y la comunidad internacional, en esta época de terrorismo, cada día condena más. Es un concepto que va mucho más allá de la simple trata de blancas.
Picadores de caña

La importación de haitianos, bajo auspicio estatal, engañados en cuanto a la labor que van a desempeñar, es parte esencial de la definición de “tráfico de personas”, algo que bien podría hasta eventualmente afectar nuestro acceso a la cuota azucarera norteamericana.

En fin, que si entre nosotros hay, como algunos dicen, un millón de haitianos y los ingenios sólo necesitan 10,000, como afirman públicamente portavoces de la industria, no hay razón para que el Estado autorice que más picadores sean traídos desde Haití.

Lo segundo sería derogar la legislación, que data desde la ocupación norteamericana de 1916 y que fue fortalecida en 1930, el primer año de la dictadura de Trujillo, que otorga poder al guarda-campestre, un empleado privado de los ingenios, para que éste impida que un cortador pueda abandonar un batey.

Según la ley, los guarda-campestres tienen los mismos derechos y los mismos deberes que la policía y sus gestiones tienen la misma importancia. Hasta están autorizados a arrestar personas.

Al haitiano donde hay que atajarlo es en la frontera. Si se quiere ir del batey no debe nadie impedírselo. Los arroceros, cafetaleros, cacaotaleros e ingenieros no necesitan de guarda-campestres. Ese poder que tiene esa figura de la época de las plantaciones debe desaparecer.

Con esas dos medidas no podría en absoluto alegarse “cuasi-esclavitud”. Tan sólo podría argumentarse que en los bateyes se vive mal. Pero se llega y se queda allí voluntariamente.


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