ECONOMÍA
Límites del poder político
José Luís Alemán S.J.
Comienzo con un catálogo de acciones políticas ilícitas en una democracia entresacado por Hortal de un libro de Michael Walzer sobre “Pluralismo e Igualdad. Una defensa del Pluralismo y la Igualdad”. Veamos.
Funcionarios y Políticos:
1. No deben apropiarse de las personas, forzar sus servicios, encarcelarlas o matarlas arbitrariamente;
2. No deben violar las nociones compartidas de culpa e inocencia;
3. No deben corromper el sistema judicial ni convertir el castigo en un medio de represión política;
4. No deben vender el poder político ni subastar decisiones;
5. tampoco pueden usar su poder para beneficiar a sus familias o distribuir cargos entre parientes y amigos;
6. No pueden actuar de forma discriminatoria contra grupos raciales, étnicos o religiosos;
7. No pueden confiscar arbitrariamente propiedad privada ni imponerle cargas tributarias abusivas;
8. No pueden ejercer el control sobre la vida religiosas de sus nacionales;
9. No pueden interferir en la enseñanza y libertad académica de los maestros,
10. Deben garantizar el discurso libre, la prensa libre y las libertades civiles comunes.
Este listado condensa varios de los principios formales básicos de la democracia norteamericana que el mismo Walzer publicó hace ya quince años en su famoso artículo ¿Qué significa ser un “Americano”? (Social Research 1990).
Aunque estas limitaciones y normativas del poder político probablemente sean aceptadas por la mayor parte de nuestra ciudadanía “ilustrada” y por el parecer de las personas significativas de la globalización occidental, habría que estar muy infectado de un súper virus nacionalista-patriótico para afirmar que el listado es cordialmente compartido por gran parte de nuestro pueblo, especialmente por los más pobres.
Igualmente surrealista sería la suposición de que en todas partes del mundo predominan valores que separan taxativamente las funciones del Estado de las de la economía, la educación o la justicia (Estado Islámico fundamentalista, Cristiandad). En realidad el ideal del Estado tiránico que aboga por interferencia directa y principial (no sólo por regulación general) en la educación, el derecho, la economía, los medios de comunicación, la religión y la economía está bien vivo en República Dominicana y en otros muchos países. De ahí el filtro selectivo aplicado a nuestras indelicadezas, las disimulamos, y a las de otros, las condenamos sin apelación. Distamos décadas de la aceptación sincera de derechos políticos universalmente válidos y de la necesaria neutralidad del Estado en su papel de distribuidor del poder. Busquemos algunas raíces de esta asimetría.
1. Sobre asimetrías de posición ante derechos políticos universales
a) El caso anglosajón.
No exagera quien dice que los derechos políticos universales orientados a limitar el poder del Estado Central nacieron de la rebelión de los barones feudales contra Juan sin Tierra cuando éste intentó imponerles tributos sin respetar las costumbres que exigían previa aprobación de los barones. Décadas más tarde el popularmente venerado como beato Simón de Montfort dirigió la sangrienta revuelta de los ciudadanos “comunes” que culminó en el nacimiento de una Cámara de los Comunes con atribuciones especiales en temas de impuestos y nombramientos de jueces.
También en la España de principios de los Austrias los comuneros de las ciudades de Castilla se alzaron contra las pretensiones financieras del joven Carlos V y medio siglo antes la unión dinástica de Castilla y Aragón sólo fue posible al aceptar Castilla la independencia fiscal de Aragón. También Cataluña exigió en sus fueros la exención de impuestos.
No importa que los reyes absolutos pudieran imponer después su poder fiscal. De hecho por lo menos de tarde en tarde para aprobar nominalmente nuevos préstamos con aval impositivo se reunían las Cortes o los estados para lograr un acuerdo mínimo. La revolución francesa muestra la tirantez de las relaciones Estados-Cortes (estados).
Todos conocemos el historial de independencia de las colonias norteamericanas respecto a una Corona inglesa adversa a súbditos no conformistas de origen calvinista y el papel jugado en la independencia de las trece colonias por tasas a las exportaciones de té. El caso de Inglaterra y Estados Unidos, y en mucho menor grado el de España y Francia, nos enseñan el origen de los derechos políticos: los ciudadanos rechazaban la pretensión de poder fiscal absoluto de los Gobiernos.
En ese caldo de cultivo los ciudadanos han ido imponiendo límites crecientes a las pretensiones absolutistas de los Gobiernos Centrales.
b) El caso latinoamericano y dominicano.
España nunca pudo imponer en tierras latinoamericanas poderes administrativos y fiscales efectivos en la enorme amplitud espacial y baja densidad poblacional de sus provincias de ultramar.
Por esas entre otras razones, como la imposibilidad de acceso de la plutocracia criolla a cargos públicos, forjamos una cultura política basada en la importancia de lazos afectivos de familia, de riqueza y de amistad y no de principios neutrales de una economía de mercado administrada con pretensiones de neutralidad.
En la América Latina independiente el pobre necesitaba del rico y éste del pobre. Aun hoy en día si preguntamos a los realmente pobres cuáles son sus valores políticos podemos oír frases como los familiares y amigos tienen que ayudarnos por el hecho de serlo, mis hijos presos son inocentes aunque hayan violado a la vecina, ir a la “justicia” (los tribunales) o ser acusado ante ellos es una deshonra, el ladrón y el asesino merecen morir sin más averiguaciones, no hay que pagar impuestos que hacen ricos a los políticos, hay que hacerse cuando uno logra estar arriba en el gobierno y tonto es quien no lo hace, todos los políticos son falsos y corruptos, coger lo del rico no es robar, hay que saber vivir, hay que saber nadar y esconder la ropa, no hay que contradecir al rico y al poderoso, la ley la hicieron los ricos etc., etc.
La ética de presión impuesta por la vida a pobres sin posibilidades en una sociedad consumista y en un sistema de apreciable precariedad económica y desamparo político no puede caracterizarse por el carácter universal y neutral de derechos políticos universales. Allí sólo la familia, la amistad, la limosna interesada y el oportunismo permiten la supervivencia o la riqueza.
Los derechos políticos universales son esgrimidos cuando conviene e ignorados y ridiculizados cuando imponen sacrificios y limitan el campo de las libertades utilitaristas.
Los moralistas laicos a ultranza no entienden los principios políticos de los pobres, los religiosos tampoco pero la mayor proximidad al pobre les ha enseñado que existe una auténtica religiosidad y una comprensible moral popular. Todos los moralistas “sabemos” que tenemos razón al pedir el cumplimiento de derechos políticos universales pero partimos del discutido supuesto de que el camino para cambiar el oportunismo general de nuestra cultura es educar en el sentido de dar a conocer sus virtudes cuando en realidad sería más honesto confesar que esos derechos universales y neutrales son hoy por hoy enemigos de su actual supervivencia.
Entonces ¿cómo cambiar la cultura política de la pobreza?
2. Determinantes del cambio de cultura política
Conviene distinguir entre cambios macro y micro sociales de cultura política.
A nivel micro social muchos programas de formación y promoción -grupos de género, locales, barriales, gremiales, profesionales, sindicales, parroquiales- han logrado cambios apreciables de cultura política en sus miembros aunque han chocado con una organización macro social que ofrece ayudas técnicas, administrativas y financieras a cambio de lealtad siempre y cuando las relaciones dominantes grupo-gobierno sean “cooperativas” y no “contestatarias”, no necesariamente en el sentido de buscar la aniquilación de la contraparte sino de modificar actitudes y prácticas desconocedoras de los límites del poder político.
De ahí nace la importancia de revisar algunos cambios macro sociales importantes de cultura política en los últimos dos siglos.
A) Cambios macro sociales impuestos
Entiendo por cambios impuestos aquellos en los que la fuerza, no el consenso, forzó grandes y radicales formas de cultura política, casi siempre por las armas, y contrarias a las ideologías e intereses dominantes. Entre ellos destacan la revolución francesa y la soviética.
Ambas revoluciones se inspiraron en movimientos intelectuales contestatarios fuertemente críticos de las estructuras sociales existentes. Las dos encontraron tenaz resistencia durante algunos años lo que posibilitó y facilitó su radicalización.
Podemos hablar en la revolución francesa del liderazgo de intelectuales y funcionarios libre pensadores -no atados a una dogmática religiosa- y concientes de que la Iglesia Católica y la nobleza terrateniente impedían la implementación de un sistema político de separación de poderes similar al que de hecho se daba en Inglaterra. Obviamente sin el descontento de las masas parisinas y el apoyo y liderazgo gremial (“pequeños burgueses urbanos”) el cambio hubiera sido más difícil.
En el campo simbólico tan importante para la política hay que añadir a la división de poderes la capacidad convocatoria de la divisa “igualdad, fraternidad y legalidad” que empujó a cientos de miles de franceses a luchar bajo las banderas de la revolución institucionalizada de Napoleón contra toda Europa.
Prescindiendo de su motivación social la revolución francesa fue simbólicamente política: hizo de Francia una nación de ciudadanos urbanos portadora de los ideales cívicos y del Estado una institución legalizadora de los derechos de aquellos y sometidos los Gobiernos a aprobación electoral.
La revolución rusa de Lenín maduró igualmente a la sombra de una lectura de Marx condenatoria de los abusos económicos y sociales que la propiedad privada de los medios de producción imponía a los obreros. El camino era la estatización de la producción y la meta su abolición por una propiedad social no estatal sino obrera.
Al igual que de la revolución francesa la soviética arrolló a sus enemigos pero abrumada por la complejidad de la gestión social de la economía acabó perdiendo credibilidad. Tal parece que la gestión de toda economía nacional, Lange no obstante, presenta dificultades intrínsecas de coordinación y flexibilidad diferentes de las visualizadas en la empresa.
Si la revolución francesa pudo exhibir algunas muestras innegables del cambio prometido (régimen republicano con gobernantes elegidos por el pueblo, eliminación progresiva de fueros privilegiados, radical separación de la Iglesia, rendición de cuentas, aprobación de presupuestos), la soviética no logró aproximarse al cumplimiento de la promesa económica de mayor riqueza (sí de menores brechas) y de más rápida llegada a la sociedad comunista, ni ofreció nunca los logros políticos de la revolución política francesa. Había prometido administración colectiva estatal como medio de crecimiento económico y social pero, como dicen los ingleses, “it did not deliver”, no pudo ofrecer lo esperado. Probablemente erró en la elección del medio elegido, propiedad estatal de los medios de producción.
b) La economía como partera de cambios de cultura política.
Cuando hablo de cambios de cultura política originados por el desarrollo económico no me refiero a su potencialidad dialéctica de derribar Gobiernos sino a su capacidad de provocar cambios sustanciales favorables en el modo de gobernar. Dos breves ejemplos: cambios de comportamiento estatal por la globalización y cambios por negociación.
La globalización impone un nuevo modo de gobernar caracterizado por la renuncia a decisiones políticas voluntaristas (controles de precios, de intereses, de tipo de cambio) y a la adopción de instituciones legales ordenadoras válidas para nacionales y extranjeros (derechos de propiedad, neutralidad en la distribución del gasto publico, tribunales efectivos para la solución de conflictos entre partes contratantes, licitación de obras y contratas, derechos a información transparente, control de abuso de poder oligopólico, normas ecológicas…)
Brevemente: el Estado acepta, si aspira a aumentar el bienestar económico, que existe una esfera económica con dinámica y con “leyes” propias. En realidad estamos no sólo ante cambios culturales económicos sino ante cambios de cultura política.
El cambio por “negociación” supone un “doy para que des” entre el Estado y los principales actores sociales. Ejemplos: la oferta de seguridad social de Bismark a los sindicatos a cambio de la aceptación del régimen político; la “economía social de mercado” en la que la producción está en manos de los mercados pero la distribución en acuerdos tripartitos: Estado, sindicatos y empresarios.
3. Conclusión
Los límites del poder del Estado, la enunciación de lo que no le está permitido hacer legalmente, se achican o agrandan por necesidades de la sociedad cuando se toman en concreto, es decir cada uno por su lado. Tal vez, sin embargo, la tendencia a largo plazo en la formulación de esos límites apunta a un creciente mutuo respeto entre Estado y ciudadanos.
Lo importante a largo plazo no es la pregunta sobre el tamaño o la esfera de acción legítima del Estado sino la de saber si éste acepta la autonomía ejecutiva del ciudadano y si este último reconoce la importancia reguladora y social del Estado.
Finalmente: confesemos que la cultura política de los pobres no es la de los “ilustrados”. Coincidirán cuando los pobres estén interesados en que la economía funciones, “deliver”, para ellos.
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