Posición sobre el aborto: Rosario Espinal

PUBLICADO EN LA SECCION FIRMAS DE CLAVE DIGITAL EL DIA martes, 18 de septiembre de 2007

ENFOQUES

Atrévanse, señores legisladores

El derecho legal a la interrupción temprana del embarazo no es una licencia para matar como dicen con frecuencia sus opositores.

Rosario Espinal - Socióloga. Profesora de sociología y política en Temple University, Filadelfia.

Por primera vez en la historia dominicana hay un amplio debate sobre el aborto. Que ocurra es importante, porque muestra que la sociedad dominicana comienza a dejar atrás el miedo de debatir públicamente temas que se mantenían en la lista tabú por restricciones religiosas. La debilidad del pensamiento liberal dominicano ha dificultado que en materia de derechos reproductivos, la legislación avance y se asemeje a la imperante en Norteamérica, Europa y parte de Latinoamérica, donde la ley asume que es más saludable para las mujeres y la sociedad, permitir la interrupción temprana de un embarazo que abortar en condiciones de riesgo e ilegalidad. Ahora vemos que en República Dominicana se producen cambios. Un segmento importante de la población dominicana piensa que el aborto debe legalizarse en las condiciones discutidas actualmente en el marco del Código Penal: en casos de incesto, violación sexual o riesgos de vida para la madre. La encuesta de Opinión Pública de América Latina 2006 hizo la pregunta en República Dominicana: ¿Está usted de acuerdo con la interrupción del embarazo cuando peligra la salud de la madre y en caso de incesto o violación, o no está de acuerdo en ninguna circunstancia? 41% de la población dominicana encuestada expresó estar de acuerdo, 59% dijo que no. Pero la distribución porcentual varía considerablemente cuando se toma en cuenta el nivel educativo. Mientras 77% de las personas sin ninguna escolaridad se opone, 64% de los que tienen educación universitaria lo aprueba en las condiciones indicadas. Este dato confirma la tendencia observada en muchos países que a mayor nivel educativo, mayor aceptación de los derechos de la población. Por eso, en los países con mayor nivel de escolaridad el aborto se ha despenalizado en determinadas circunstancias. El derecho legal a la interrupción temprana del embarazo no es una licencia para matar como dicen con frecuencia sus opositores. Es la posibilidad de que cuando por razones de peso una mujer no puede tener un hijo, pueda terminar el embarazo en las primeras semanas en condiciones médicas adecuadas. Que exista el derecho legal a la interrupción temprana del embarazo tampoco es un dictamen para que todas las mujeres se hagan un aborto. Es una opción disponible para aquellas que no lo necesiten. Prohibir el aborto en todas las circunstancia como ocurre actualmente en República Dominicana, o penalizarlo aún más como plantea el proyecto de nuevo Código Penal, equivale a mantener miles de mujeres expuestas a riesgos de abortos mal realizados, que ponen en peligro su vida. A quien más perjudica esta situación es a las mujeres de menores recursos. Las más ricas pueden viajar al exterior donde esté permitido. La posición ideológica de extrema oposición al aborto no es necesariamente una expresión de amor por la vida, sino un intento de mantener a las mujeres subyugadas e imposibilitadas de decidir en función de su situación de vida específica. Las religiones tienen absoluto derecho de predicar a sus feligreses que no practiquen el aborto. Les compete hacerlo y sería ideal que tuvieran éxito en sus prédicas para que así contribuyan a reducir el número de abortos. Lo que no deben hacer las religiones en un Estado democrático es imponerle a toda la sociedad una legislación que refleje sus posturas específicas con respecto a este tema, donde chocan distintas concepciones sobre el origen de la vida, los imperativos de salud pública y el bienestar humano. Todo Estado moderno ha tenido que transitar el difícil camino de secularizar sus leyes y sus políticas públicas, al combinar derechos universales y específicos de gran valor humano, sin claudicar ante imposiciones confesionales. La República Dominicana no es excepción. El derecho a la vida es fundamental, hay que defenderlo y protegerlo con el rigor de la ley. Pero el derecho a interrumpir un embarazo temprano, cuando una mujer no puede llevarlo a término, debe ser también legalmente protegido. La discusión sobre la despenalización del aborto es una prueba importante para la sociedad dominicana y sus poderes públicos en este comienzo del siglo XXI, en que se intenta dar un salto a mayor democracia y modernidad. Atrévanse, señores legisladores. Despenalicen el aborto en caso de incesto, violación o riesgo de vida para la madre.

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